El PP quiere tumbar la creación del Defensor del Cliente Financiero que impulsó con Rajoy

El PP se impugna a sí mismo este jueves en el Congreso. O visto de otra forma, los populares de Feijóo enmiendan a los de Rajoy. El mismo día y en el mismo foro en que el Gobierno se juega los impuestos a energéticas y banca, el pleno de la Cámara baja tiene previsto votar una propuesta del PP para tumbar el proyecto de ley del Ejecutivo para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Aunque el apoyo de Vox y Junts podría sacarla adelante, los socialistas confían en que una mayoría parlamentaria la rechace. Lo llamativo, en todo caso, es que el primer Ejecutivo que trabajó en el lanzamiento de este nuevo organismo no fue el de Sánchez, sino el anterior del PP. Además, un proyecto básicamente igual al actual ya estuvo a punto de ser aprobado la pasada legislatura y el PP no votó en contra del mismo, sino que pactó para introducirle cambios y se abstuvo para facilitar su tramitación. 

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El proceso de creación del nuevo organismo, así, se deriva de una normativa europea de 2013 de resolución extrajudicial de litigios en materia de consumo que los países miembros tenían que haber incorporado a la legislación nacional el 9 de julio de 2015 como tarde. El Gobierno de Rajoy lo hizo con retraso, en una ley de noviembre de 2017 en la que, además, se dio hasta el 3 de julio de 2018 para enviar a las Cortes un proyecto de ley para la creación de una "única entidad" para la "resolución, con carácter vinculante o no, de litigios de consumo en el sector financiero". Su último ministro de Economía, Román Escolano, llegó a sacar a consulta pública previa un anteproyecto, pero la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia poco antes de que venciera aquel plazo abortó sus planes.

Su sucesora, Nadia Calviño, retomó los trabajos en 2018. Sin embargo, primero las dos elecciones generales de 2019 que tuvieron al Gobierno en funciones, y después el estallido de la pandemia en 2020 que hizo otros asuntos más apremiantes, fueron retrasando el proyecto. En 2022, Calviño relanzó la creación del organismo, que decayó el año pasado a falta de apenas unas semanas para ver la luz a causa de la convocatoria de las elecciones generales de julio de 2023. El PP no se mostró ni mucho menos encantado con el proyecto del Ejecutivo, pero tampoco se opuso totalmente al mismo, al contrario que ahora.

De la abstención al rechazo

En marzo de 2023, así, el pleno del Congreso votó una propuesta de Vox para tumbar el proyecto del Gobierno, similar a la que se votará este jueves a instancias del PP. Los populares se abstuvieron entonces. "En nuestra opinión los objetivos que pretende este proyecto de ley no se van a cumplir, pero no vamos a apoyar las enmiendas de totalidad porque pensamos que podemos solucionarlo durante la tramitación en ponencia y en la comisión, y esperamos que así lo podamos hacer. Presentaremos un montón de enmiendas que nos han trasladado también asociaciones e instituciones, y espero que el Gobierno esté dispuesto a aceptar muchas de ellas", justificó el diputado popular Miguel Ángel Paniagua. 

Una vez superada aquella enmienda a la totalidad, los grupos parlamentarios pactaron cambios en el proyecto del Gobierno y el Congreso le dio luz verde con 186 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC, Ciudadanos, PNV, Bildu, Más País, PDeCat, Compromís, PRC y Coalición Canaria), 46 en contra (Vox) y 95 abstenciones (PP, Junts y Foro Asturias). El diputado popular Miguel Ángel Castellón criticó entonces el "mamotreto administrativo" diseñado a iniciativa socialista, pero recordó también que "fue el Partido Popular" el que "estando en el Gobierno promulgó en la Ley 7/2017 la necesidad de establecer un órgano único centralizado de resolución alternativa de conflictos entre los consumidores y las entidades financieras". 

'Twin Peaks'

Frente a ello, el PP afirma ahora en su enmienda al proyecto del Gobierno que dicha ley de 2017 ya se "está cumpliendo" porque la resolución de las reclamaciones financieras la llevan a cabo el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros. Una afirmación llamativa, ya que también en 2017 ejercían dicha labor y la ley habla claramente de crear una "única entidad" distinta de los "servicios de reclamaciones" existentes entonces. Frente a ello, los populares retoman la idea de ir hacia el conocido como modelo 'twin peaks' (por el que el Banco de España supervisaría la solvencia de todas las entidades financieras, no solo de los bancos, y la CNMV se ocuparía de su conducta y las reclamaciones). 

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Sería, argumentan, una solución "técnicamente más sencilla y económicamente más eficiente", además de que evitaría la tendencia del Gobierno a la "vergonzosa colonización de las instituciones". El modelo 'twin peaks' es, precisamente, el preferido por los organismos supervisores del sector financiero, que de hecho no ven con buenos ojos la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. También las patronales bancarias han sido muy beligerantes contra el proyecto del Gobierno, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido en dos ocasiones de que tiene aspectos insconstitucionales.