Reistro horario
La multa de hasta 7.500 euros por incumplir esta medida en el trabajo
Trabajo renuncia a imponer la semana laboral de 38,5 horas este año y el salto será a las 37,5 horas en 2025

La multa de hasta 7.500 euros por incumplir esta medida en el trabajo
La inminente reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción salarial, impulsada por el Ministerio de Trabajo, llega con una novedad que ha generado controversia: la posibilidad de multar a los trabajadores con hasta 7.500 euros por incumplir con el registro horario. Esta medida, que se encuentra en fase de negociación en la mesa de diálogo social, se plantea como una herramienta para asegurar el cumplimiento de la reducción de jornada, especialmente ante la negativa de las patronales CEOE y Cepyme a aceptar la propuesta.
La reducción de jornada a 37,5 horas ha sido un tema central en las negociaciones entre el gobierno, sindicatos y patronal. Mientras que los sindicatos, como UGT, presionan para que la medida se implemente sin concesiones, las patronales se han retirado de la mesa de diálogo, mostrando su rechazo a la propuesta. En este contexto, el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, baraja la posibilidad de sancionar tanto a autónomos como a trabajadores que no cumplan con el registro horario, como una forma de garantizar la efectividad de la reducción de jornada.
Actualmente, el registro de la jornada laboral es obligatorio en España para todas las empresas, según el Real Decreto-ley 8/2019. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear multas que varían según la gravedad de la infracción:
- Infracción leve: De 60 a 625 euros por cada jornada no registrada correctamente (ej: falta de información sobre condiciones laborales, registro inadecuado).
- Infracción grave: De 626 a 6.250 euros (ej: errores en el cómputo de horas extras, falta de comunicación a los representantes de los trabajadores).
- Infracción muy grave: De 6.251 a 187.515 euros (ej: impagos de salarios, utilización indebida de menores en horas extras).
La novedad que se plantea ahora es extender la responsabilidad del registro horario a los propios trabajadores, quienes podrían ser sancionados directamente en caso de incumplimiento. Esta medida, que busca corresponsabilizar a empleados y empleadores en el control de la jornada laboral, ha generado debate y opiniones encontradas. Mientras que algunos la consideran necesaria para garantizar el cumplimiento de la reducción de jornada, otros la ven como una medida excesiva que podría perjudicar a los trabajadores.
Es importante destacar que la obligación del registro horario se aplica también a los empleados en teletrabajo. Independientemente de la modalidad de trabajo, todos los empleados deben registrar su horario de entrada y salida, periodos de descanso y horas extras, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de la normativa laboral.
La propuesta de sancionar a los trabajadores por incumplir el registro horario se enmarca en un contexto de creciente preocupación por los derechos laborales y la conciliación de la vida personal y profesional. La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero su efectividad depende, en gran medida, del control y seguimiento de las horas trabajadas.
La posibilidad de multar a los trabajadores ha generado incertidumbre y dudas sobre su aplicación práctica. ¿Cómo se controlará el registro horario de los trabajadores autónomos o de aquellos que trabajan en remoto? ¿Qué mecanismos se implementarán para garantizar la equidad y evitar posibles abusos? Estas son algunas de las preguntas que deberán ser resueltas en la mesa de diálogo social antes de que la medida se implemente.
El debate sobre la reducción de jornada y el registro horario pone de manifiesto la complejidad de las relaciones laborales en la actualidad. La búsqueda de un equilibrio entre la productividad, la competitividad empresarial y el bienestar de los trabajadores requiere un diálogo constante y la adopción de medidas que garanticen los derechos de todas las partes implicadas. La posibilidad de multar a los trabajadores, si bien controvertida, se presenta como una opción para asegurar el cumplimiento de la reducción de jornada y avanzar hacia un modelo laboral más justo y equitativo.
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