Sector público

Pimec insiste al Govern en que pague directamente a las subcontratas para evitar la morosidad

Dos de cada tres contratos públicos en Catalunya fueron el año pasado a pymes

Bruselas endurece la reglas contra la morosidad: pagar facturas en 30 días será la norma

Alícia Romero durante la jornada de este jueves

Alícia Romero durante la jornada de este jueves

Agustí Sala

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Combatir la morosidad. Esa es una de las prioridades del Pimec, cuyo presidente, Antoni Cañete, ha insistido este jueves en reclamar a la Generalitat en que "con urgencia" pague directamente a las subcontratas para evitar impagos. Esta medida, que esta organización lleva tiempo exigiendo, beneficiaría a su juicio de manera "significativa" al tejido empresarial catalán y generaría un impacto estimado de 3.000 millones de euros anuales, que suponen la mitad del volumen total de la contratación pública. Y, a su vez, para facilitar el acceso de estas compañías a los concursos públicos propone regular que las licitaciones se hagan mediante lotes y limitar el número de estos adjudicados a una misma compañía.

Cañete, que ha intervenido en una sesión organizada por la Conselleria de Economia en la que se ha destacado que el año pasado dos de cada tres contratos de la Generalitat y el conjunto del sector público catalán, fueron para pymes, ha asegurado que una iniciativa de este tipo permitiría a las pymes cobrar a 30 días en lugar los 68 actuales y supondría "un ahorro financiero relevante y mejoraría su viabilidad y competitividad".

Peso en la economía

Siguiendo la tendencia del 'SME Relief Package' anunciado por la Comisión Europea, Pimec defiende que el Govern reserve una parte de la compra pública a las pymes para que su participación se equipare a su peso real en la economía. "Es fundamental que la cuota de las pymes en la contratación pública refleje su papel clave en la generación de valor añadido bruto (VAB) ”, ha añadido.

En el mismo acto, la 'consellera' de Economia, Alícia Romero, que ha presentado el ’Informe d’anàlisi dels indicadors amb especial referència a les PIME', que elabora cada año la dirección general de contratación pública, ha recordado que las pymes ya aportan el 61,4% del VAB y el 68,2% del empleo y que han ido ganando peso en la economía, así como que el año pasado alcanzaron valores "históricos" en la contratación pública.

En todo caso destaca que quedan tareas pendientes como "la igualdad, ganar dimensión y mejorar las vías de financiación", ha reslatado. Romero se ha comprometido a impulsar medidas que favorezcan el tejido empresarial catalán, especialmente en el ámbito de la contratación pública, “para que las pymes refuercen su papel en la gestión de la provisión de los servicios públicos". “Vivimos en un país de pymes. El 99% de las empresas catalanas son pequeñas medianas o micropymes. Es nuestro tejido potente, fuerte y resiliente, que pese a haber soportado momentos muy complicados como la pandemia, o han perdido las ganas de mejorar y de innovar", ha resumido.

Mayoría de adjudicaciones

Según el estudio presentado, las empresas catalanas se hicieron con la mayoría de adjudicaciones, con 9.459 contratos por valor de 1.950 millones de euros, el 60,6% y el 49,7% del total respectivamente. Las empresas con sede social en otras autonomías obtuvieron el 37,4% de los contratos y el 49,5% del importe. Y las firmas extranjeras, 290 contratos por 32 millones. Si se estrecha el foco por tipología y localización de la sede, el informe destaca que la mayoría de las adjudicaciones recayeron en pymes catalanas, con 7.519 contratos por 913 millones, el 48,2% y el 23,3% del total, respectivamente.

Por perfil de los adjudicatarios, las empresas proveedoras fueron 4.054 el año pasado, de las que el 75,8% eran pymes. Detrás se situaron las empresas grandes (10%), los autónomos (4,4%), las uniones temporales de empresas (4,4%) y las firmas extranjeras (4,3%). Catalunya se situó en contratación de pymes en los niveles que la Comisión Europea considera "óptimos", por encima del 60%, en niveles similares a los de Bulgaria (74%) y Hungría (75%). España se sitúa en la franja baja, con el 48%; y en la cola se encuentran Francia (41%) y Bélgica (33%).