Ayuntamientos del PP y PSOE torpedean el último plan de Ayuso para construir vivienda protegida en suelos de oficinas

Ayuntamientos liderados por el Partido Popular y el PSOE se han opuesto al último plan de la Comunidad de Madrid para impulsar la construcción de casas asequibles, permitir la promoción de viviendas de protección pública destinadas al alquiler a precio limitado sobre suelos diseñados para desarrollar oficinas. Entre los consistorios que lo impedirán destaca Colmenar Viejo, Alcorcón, Las Rozas o Rivas, mientras otros como Madrid ha impuesto duras condiciones.

El Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso aprobó en junio la posibilidad de realizar cambios de uso de parcelas calificadas como terciario-oficinas a residencial destinado a vivienda protegida en alquiler (VPPA). Entre los condicionantes que impuso la administración regional fue delimitar esta medida a dos años para pedir licencia y tres para construir. El plan pretende activar terrenos principalmente vacantes para levantar hasta 20.000 nuevos pisos, una cifra que el legislador extrajo de un informe elaborado meses atrás por la 'big four' EY.

Los ayuntamientos disponían de cuatro meses para poner nuevas condiciones a la ley maximalista de la Comunidad o bien no hacer nada y que entrase en vigor tal y como estaba planteada. Este plazo terminaba el pasado 4 de noviembre y algunas localidades, como Arganda del Rey, Leganés, Móstoles, Torrelodones, Valdemoro o Pozuelo de Alarcón, han dejado pasar el plazo, aplicando el silencio positivo que contenía la norma y, por lo tanto, dejando que entre en vigor. Por el contrario, otros, gobernados tanto por alcaldes de partidos de izquierdas y derechas, han aprobado en sus plenos no acoplarse a la norma o hacerlo con condiciones

Colmenar Viejo o Las Rozas tumban la norma

Entre los municipios que han decidido no aplicar la medida destaca Las Rozas, liderada por el popular José de la Uz, que tenía parcelas terciarias con posibilidad de levantar más de 2.500 nuevas viviendas protegidas en alquiler, una cifra similar a otra localidad que también la ha tumbado, Rivas-Vaciamadrid. Este municipio gobernado por Aída Castillejo Parrilla de Izquierda Unida tiene en vigor desde 2021 una moratoria de concesión de licencias urbanísticas en una parte de la ciudad. Colmenar Viejo, también en manos del PP, no lo aplicará porque los suelos disponibles para construir medio millar de viviendas están próximos a las vías del tren, mientras Alcorcón, prácticamente sin terrenos edificables, tampoco ha decidido adoptar la ley de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid, un sí con condiciones

Uno de los que ha acoplado la norma con condiciones es el Ayuntamiento de Madrid, en el que el PP cuenta con mayoría absoluta. Según cálculos empresariales, cabían en terrenos en desuso más de 22.000 nuevas casas solo en el término municipal. Sin embargo, el equipo de José Luis Martínez-Almeida ha condicionado la promoción de estas viviendas a suelos son calificación terciario-oficinas, excluyendo aquellos que tengan uso alternativo industrial, motivo por el que se han rebajado hasta las 7.500 los posibles pisos que se podrán construir. Quedan fuera de ejecución ámbitos como La Atalayuela (Vallecas), zonas en Las Tablas, IVECO-Pegasus o la carretera de Burgos y Barcelona.

A mayores, en el texto se prohíbe expresamente que las licencias se tramiten a través de Entidades Colaboradoras Urbanísticas (ECU). Esto son empresas privadas que garantizan que un proyecto cumple con la legalidad y puede arrancar sus obras. Las viviendas protegidas en alquiler que se construyan sobre suelos de oficinas en la capital deberán pasar por la Dirección General de Edificación del Ayuntamiento. El motivo es que, como la ley limita que se destinen a este uso solo el 30% de los solares terciarios en el ámbito, el consistorio necesita verificar que no se supera ese umbral. Esto supondrá un retraso en los plazos, aunque la licencia básica que opera permitirá no demorarlos en exceso.