Comisiones e irregularidades en los alquileres: Consumo podría multar con un millón de euros a varias inmobiliarias

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, ha iniciado una investigación sobre empresas de gestión de alquiler de viviendas que habrían obligado a los inquilinos a pagar comisiones por la gestión de arrendamientos o a firmar contratos temporales sin justificación legal.

Según el Ministerio, se ha comprobado que estas prácticas habrían sido llevadas a cabo por empresas en toda España.

El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, recuerda que estas acciones están prohibidas por la Ley de Vivienda, además de constituir un abuso según la Ley de Defensa de los Consumidores.

Estas cláusulas o prácticas impuestas podrían infringir varios artículos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como la violación de normas sobre precios, la imposición injustificada de condiciones no solicitadas, el uso de prácticas comerciales desleales o la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.

Multas de hasta un millón de euros

En consecuencia, las dos primeras infracciones podrían considerarse graves y sancionarse con multas de hasta 100.000 euros, que podrían incrementarse hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito obtenido. La tercera infracción, considerada muy grave, podría ser multada con hasta un millón de euros, con la posibilidad de aumentar hasta seis u ocho veces el beneficio ilícito.

Esta investigación forma parte de la estrategia del Ministerio de proteger los derechos de los consumidores en el acceso a la vivienda. Desde Consumo recuerdan que la vivienda es un derecho esencial, protegido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que impide a las agencias inmobiliarias incluir cláusulas o prácticas que vulneren los derechos de los inquilinos.