La presión turística sobre la población canaria residente es la misma que en 2017

La presión turística sobre la población canaria registró su máximo en el año 2017 (16%) y, pese a la llegada de 16 millones de turistas el pasado año, lo cierto es que el impacto no ha superado ese 'pico' y se mantiene en los mismos niveles que hace siete años pese a que la opinión pública percibe lo contrario. No obstante, hay que reconocer que esa presión se duplica en islas como Fuerteventura (32,1%) y Lanzarote (31,9%), aunque tanto el sur de Tenerife (14,9%) como el de Gran Canaria (12%) están por debajo de la media pese a ser consideradas zonas turísticamente tensionadas.

Canarias recibió en 2023 más de 16 millones de turistas, pero hay que tener en cuenta que la presión de los visitantes sobre los residentes es estable a lo largo del año, ya que el Archipiélago es un destino sin apenas estacionalidad (aunque en invierno la llegada de turistas sea mayor que en el resto del año), como puede suceder en otras zonas de la Península, como es la Costa del Sol o la Costa de Azahar, que se colmatan de julio a agosto. Esa presión más constante que en otros territorios es lo que puede favorecer la percepción de que hay mucha más presión que lo que la estadística demuestra.

Así se desprende de los datos elaborados por la Estadística de movimientos turísticos en frontera (Frontur) que manejan los grupos parlamentarios que participan en la comisión de estudio sobre el reto demográfico del Parlamento de Canarias.

En poco más de una década, la presión turística sobre la población residente ha pasado del 11,3% en el año 2010 al 16% en 2023, un incremento de menos de cinco puntos que, en teoría, no debía de trasladar la sensación de que existe una saturación de visitantes en el Archipiélago. Pero no es así, quizás porque los turistas en la actualidad se mueven por todas partes en las islas y no se limitan, como antaño, a quedarse en las inmediaciones de sus hoteles y apartamentos.

A ello hay que añadir el nuevo fenómeno de las viviendas vacacionales, diseminadas por todas las islas, aunque por lo que respecta a las áreas turísticas del litoral, que es donde pernocta la mayoría de visitantes, las proyecciones del Instituto Canario de Estadística (Istac) estiman que el 1,8% de la superficie de Canarias concentra el 89,4% de los turistas alojados en establecimientos tradicionales.

Además, conviene tener en cuenta que cada vez hay más turistas que no pernoctan en hoteles o apartamentos turísticos: 4 millones, el 25% de los visitantes, eligieron alojarse en una vivienda vacacional, en una segunda residencia propia o en casas de familiares y amigos.

Si en el año 2010 solo el 8,1% de los turistas usaban establecimientos no tradicionales, en 2023 esta cantidad se triplicó: el 24% no pernoctó en hoteles y apartamentos turísticos, lo que demuestra el auge del alquiler vacacional y el hecho de que el mismo haya tensionado al alza el precio, que también ha repercutido en el alquiler residencial.

Del 20-A al 20-O

Quizás por todo ello, el movimiento 'Canarias tiene un límite' vuelve a las calles de las Islas el domingo 20 de octubre para manifestarse en contra de los aspectos más perniciosos del turismo, pero no lo hará en las capitales, como sucedió el pasado mes de abril, sino en los puntos más turísticos del Archipiélago: Maspalomas (Gran Canaria), Adeje (Tenerife) o Corralejo (Fuerteventura).

Las reivindicaciones de los colectivos, que han sufrido varias bajas con respecto a las asociaciones que impulsaron el 20-A, son las mismas que hace medio año: moratoria de nuevas camas turísticas y de alquiler vacacional, una ley de vivienda que ponga coto al incremento desmesurado del precio tanto de venta como de alquiler, mayor protección de los espacios naturales, implantar una tasa a las pernoctaciones, limitar la compra de casas a los no residentes y una ley de residencia.

Para los convocantes, en estos seis meses no se ha hecho nada y no ha existido ningún avance, puesto que ni hay ecotasa ni se han paralizado proyectos como los de Chira Soria o Cuna del Alma y las administraciones públicas se han limitado a dar discursos sin contenido que no han trasladado a políticas concretas apoyadas en una ficha financiera. Un discurso que, de forma evidente, ha comprado la oposición -PSOE y NC- pero que no asume el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo.

Curiosamente, la Conferencia de Presidentes de Cabildos se reunió por primera vez en la historia el 30 abril con el fin de buscar soluciones a las reivindicaciones del 20-A que habían sido coreadas en las protestas de diez días antes. El mandato de esa reunión era claro: diseñar propuestas para redistribuir la riqueza vinculada al sector turístico, llevar a cabo una planificación territorial más sostenible y afrontar los desafíos provenientes del reto demográfico. Dos días antes de la nueva convocatoria ciudadana del 20-O, el Gobierno hizo públicas las "51 medidas para la Canarias del futuro" elaboradas por 100 expertos de diferentes instituciones, colectivos sociales y las dos universidades canarias.

Mientras tanto, en estos seis meses las distintas consejerías han aprobado o puesto en aprobado decretos urgentes en vivienda -que permite que el suelo destinado a otros usos, como el dotacional, el de equipamientos o las parcelas no edificadas de uso turístico a residencial, pueda reorientarse a la construcción de viviendas protegidas- el de la regulación del alquiler vacacional o el de Participación Local en el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y puesto en marcha leyes como la del Suelo, el Cambio Climático o la de Ordenación Turística.

Durante la presentación de las 51 medidas -que serán puestas a disposición de la ciudadanía para que puedan aportar modificaciones desde el 21 de octubre al 15 de noviembre- el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, insistió en que se impulsará cobrar por el acceso a los espacios naturales, generar riqueza en el ámbito rural, planes de movilidad sostenible y transporte público y se encargarán estudios para definir la capacidad de carga de las zonas más saturadas.

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