Los expertos constatan que el fraude fiscal se ha reducido en España

España está logrando reducir el fraude fiscal. Esa es una de las conclusiones a las que han llegado los economistas Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y exdiputado en el Congreso, y Diego Martín-Abril, exdirector general de Tributos e inspector de Hacienda en excedencia. "Aunque es difícil medir con precisión el fraude tributario, España está logrando reducir el fraude. A nivel europeo, España se sitúa por debajo de la media comunitaria en cuanto a fraude" Y los "el número de casos enviados por delito fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años", han concluido. Ambos expertos han participado en un coloquio organizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) con la colaboración del Instituto de Estudios Económicos (IEE), bajo la denominación de 'Encuentros REAF sobre el fraude fiscal' con objeto de debatir sobre las implicaciones de este problema en nuestra economía. 

Según un estudio para EsadeEcpol, en España se ha conseguido recaudar unos 6.000 millones de euros más al año por reducción del fraude fiscal a través de impuestos como el IVA. Esto se debe fundamentalmente a la generalización de los pagos con tarjeta de crédito, según De la Torre. En el acto también han participado Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE); Agustín Fernández, presidente del REAF-CGE; Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), y Jesús Quintas, vocal del Consejo Directivo del REAF-CGE. Pich ha destacado que “la inminente llegada de la factura electrónica para todas las empresas y autónomos impulsará aún más la lucha contra la economía sumergida”. No obstante, ha agregado “para facilitar su adopción en microempresas y empresarios personas físicas, quizá sería bueno establecer algún tipo de incentivo fiscal por parte de la Administración”.

Por su parte, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ha manifestado que “el fraude fiscal debe incorporarse en las estadísticas para poder mejorar el diagnóstico de nuestra economía; así, por ejemplo, la presión fiscal ajustada de economía sumergida (indicador en el que superamos al promedio de países de la UE) debe completar el análisis insuficiente de la presión fiscal recaudatoria en relación al PIB”.

Martín-Abril ha afirmado que en la última década se ha acentuado el rechazo social hacia estas conductas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Un elemento que ha constribuido a ello ha sdo la constatación por parte de los gobierno de atacar estas prácticas dado el desplome de recaudación que se produjo con las últimas crisis. De la Torre ha explicado que en España, el número de casos enviados por delito fiscal se ha ido reduciendo en los últimos años. A su juicio, eso no es negativo por que la efectividad del sistema fiscal no puede estar basada ni única ni fundamentalmente en la represión de los supuestos más graves.

Martín-Abril aclara que “no hay cifras oficiales y los estudios existentes son siempre de carácter indirecto" en cuanto al volumen de fraude fiscal. En el periodo comprendido entre 2018-2020, las actuaciones de la Agencia Tributaria reflejan unos resultados recaudatorios en la prevención y control del fraude ascendentes, así: en 2018, 15.000 millones, 2019, 15.700 millones y 2020, 17.200 millones. En 2021 se produce un notable descenso que se mantiene en los dos años siguientes, concretamente: en 2021, 14.955 millones, en 2022, 15.362 millones y en 2023, 14.712 millones.

Los expertos concluyen que la digitalización ha facilitado ciertas formas de fraude, especialmente aprovechadas por multinacionales que operan sin presencia física en los países, por lo que sería necesaria una mayor cooperación internacional para equilibrar los sistemas fiscales. A su vez la administración tributaria debería gestionar de manera eficiente la información que recopila, protegiendo los datos y considerando los costes indirectos que esto conlleva, en un contexto donde, además, España tiene un alto número de obligaciones tributarias formales (hasta 55 tipos de declaraciones informativas).