Catalunya financiará a jóvenes el 20% de la entrada de un piso sin devolver capital hasta el final del préstamo

El Govern abrirá una línea de crédito a través del Institut Català de Finances (ICF) para que los jóvenes puedan contar con el 20% de entrada necesaria para adquirir una vivienda de segunda mano como residencia habitual a través de un fondo público de emancipación que bonificará los tipos de interés. Durante la vida del préstamo por la entrada, los beneficiarios, cuya edad límite se establecerá entre los 30 y 35 años, solo se tendrán que pagar intereses y el capital solo habrá que devolverlo al final del periodo o si se vende antes de este. Están previstos 500 millones (100 millones al año) en cinco años para unas 12.000 viviendas que tendrán un precio limitado. El instrumento será un fondo de emancipación que se ocupará de constituir una bolsa a través de la compra de viviendas de segunda mano con requisitos de renta familiar, metros cuadrados y precio similares a los de la vivienda protegida (VPO).

A su vez se reservarán 500 millones para financiar el diferencial entre los costes de la obra y el alquiler para atraer a promotores y constructores a edificar viviendas a precio asequible o sociales. Se calcula que el decalaje entre el precio de construcción y el alquiler, aunque es muy variable según las zonas, se sitúa en una media del 20% y esa variable suele frenar a los potenciales inversores, a los que se espera atraer. También están previstos 500 millones en ayudas a hasta 100.000 familias vulnerables.

Estas son algunas de las medidas incluidas en el plan de urgencia para impulsar la oferta de vivienda protegida, uno de los compromisos surgidos de la investidura de Salvador Illa como 'president'. El conjunto de iniciativas se centra en el alquiler asequible y pivota en torno a la movilización y reserva de suelo para viviendas sociales, duplicar los recursos destinados a estos fines y agilizar los plazos de tramitación.

En este 'pack' con el que el Govern aspira a acelerar la vivienda social se regulará también una nueva licencia básica que permita empezar a realizar obras o rehabilitaciones y ganar hasta 12 meses en las viviendas de protección oficial (VPO) mientras se tramita la licencia urbanística. Con todas estas medidas, el Ejecutivo catalán espera tener hasta unas 20.000 viviendas de este tipo entre 2027 y 2028, al finalizar la legislatura, a precios asequibles del total de 50.000 previstas en 2030.

El Govern aún recaba información sobre la totalidad de los solares que podrán dedicarse a vivienda protegidas. La dotación total con una dotación de más de 1.100 millones de euros al año, 4.400 en total en la legislatura. Se trata de una dotación que duplica la existente hasta la actualidad, según el Ejecutivo catalán. De esta cantidad, 500 millones anuales provendrán del (ICF) para financiar a operadores públicos y privados que construyan en el marco de reserva pública de solares de viviendas protegidas de alquiler o alojamientos dotacionales. Si el propietario, que se inscribirá en la reserva de suelo para pedir ayudas, solo tiene el solar se le ayudará a encontrar constructor y si ya lo tiene, se le facilitará financiación del ICF, según fuentes del Govern.

Peso de la vivienda social

Está previsto lanzar en febrero próximo la primera convocatoria de alquiler garantizado a 50 años de edificios de obra nueva calificados como vivienda protegida. Se llevará a cabo una cada año. Algunos municipios, como Tarragona, ya han mostrado interés en la iniciativa que persigue "recuperar la dinámica de concertación entre la Generalitat y el mundo municipal". A juicio del Govern esta estrategia permitió llegar a la máxima cota de producción de vivienda asequible durante los Ejecutivos de Pasqual Maragall y José Montilla, con casi 7.000 acabadas en 2010. El peso de la vivienda social podría subir de alrededor del 2,5% del total actual al 5 o 6%, según estiman fuentes oficiales.

A su vez, el Ejecutivo catalán, bajo la batuta de la 'consellera de Territori, Sílvia Paneque, se propone poner en marcha modificaciones normativas para que los municipios puedan movilizar solares de equipamientos para destinarlos a alojamientos dotacionales para colectivos con dificultades de acceso a la vivienda, así como acelerar la transformación de suelos residenciales destinados a viviendas de protección oficial (VPO). Además de intensificar la promoción directa de VPO de alquiler se encargará al Incasòl una convocatoria anual de compra de garantizada de edificios de obra nueva calificados de vivienda protegida.

Nueva tipología de vivienda protegida

Uno de los cambios legales previstos consiste en la creación de una nueva tipología de vivienda protegida denominada "vivienda de precio limitado". Otra modificación legal afecta a los trámites mediante la regulación de un sistema de licencia básica para agilizar la promoción de VPO que permita iniciar las obras de nueva planta o rehabilitación mientras se tramita la licencia urbanística. Según cálculos del Govern esta iniciativa puede acortar los trámites una media de 10 meses. En conjunto, el objetivo es reducir el plazo de entrega de las viviendas en un 50% con respecto al tiempo actual. Si en la actualidad se tardan 100 meses entre que se autoriza la construcción de vivienda pública hasta que se entregan las llaves a los beneficiarios, la meta es hacerlo en una media de 50 meses. Una e las iniciativas para facilitar una mayor agilidad será crear una oficina entre los departamentos que participan en la transformación de los suelos.

Brecha entre entre rentas y precios

El Govern ha convertido la vivienda en una de sus grandes apuestas con el objetivo de paliar las consecuencias de la brecha existente entre las rentas de las familias y los precios. Según el Observatori de l'Habitatge, de 2000 a 2022, los ingresos medios de los catalanes subieron un 57,7%; mientras que el precio medio de la obra nueva lo hizo un 171,9% durante el mismo periodo; el de la de segunda mano, el 122,9% y el del alquiler, el 114,2%.

Y ¿por qué la apuesta esencial por el alquiler? Porque según la encuesta de condiciones de vida, el porcentaje de hogares que son inquilinos ha crecido en más de 10 puntos en las últimas dos décadas, hasta situarse por encima del 30% del total de viviendas principales. Y otro dato del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España: solo el 20,2% de las personas entre 16 y 29 años residentes en Catalunya viven fuera del hogar familiar y un 80% de quienes se han emancipado comparten piso y suelen dedicar un porcentaje muy elevado de sus ingresos a los gastos residenciales.

Y según el Idescat en los próximos 25 años, el número de hogares en Catalunya pasará de cerca de 3,2 millones a 3,7 millones, medio millón más. En los últimos años apenas se ha hecho vivienda protegida De media entre 2014 y 2023 solo se acabaron 1.230 anualmente. Eso contrasta con las más de 90.000 personas que se han inscrito en el registro de demandantes de VPO.