Trabajo prevé crear 65.000 empleos con su plan de ayudas a las pymes que reduzcan la jornada a 37,5 horas

El Ministerio de Trabajo ya ha concretado a patronal y sindicatos los detalles de su plan 'Pyme 375', que busca ayudar a las pequeñas compañías a implementar la reducción de jornada laboral a las 37,5 horas semanales. Un documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que contiene bonificaciones para la ampliación de horas a los empleados que estén hoy a tiempo parcial, así como para las nuevas contrataciones, entre otros.

El 'Pyme 375' busca seducir a las patronales e incorporarlas a un acuerdo tripartito, lo que facilitaría el posterior trámite parlamentario de una norma que, a día de hoy, no tiene los apoyos garantizados para prosperar y poder así entrar en vigor. Y, según las previsiones del departamento liderado por Yolanda Díaz, "prevé que se acojan a la medida más de 80.000 empresas y autónomos, que crearían empleos equivalentes a unos 65.000 contratos a jornada completa".

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El plan de ayudas está focalizado a las empresas de menor tamaño, aquellas donde los márgenes suelen ser más ajustados y dónde no rigen muchos de los convenios colectivos que ya sitúan hoy en día la jornada laboral ordinaria por debajo del tope actual de las 40 horas semanales.

El Ministerio de Trabajo ha identificado a las compañías de menos de 10 empleados como las más necesitadas de acompañamiento público para reducir la jornada de manera eficiente y sin perder productividad. Según sus datos, hay 1,1 millones de empresas registradas en la Seguridad Social en España con menos de una decena de empleados. Aunque no todas estas podrán presentarse.

Trabajo ha puesto un segundo condicionante para acogerse al plan, según el borrador de su propuesta. Y es que esas compañías no pueden tener una facturación superior a dos millones de euros al año. Y tampoco pueden tener una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual.

El Ministerio dirigido por Yolanda Díaz ofrece dos tipos de ayudas. Ambas son bonificaciones de parte de las cotizaciones sociales. Es decir, las empresas beneficiarias dejarán de pagar parte del coste laboral de algunos empleados durante el plazo de un año.

Y esas bonificaciones podrán recibirlas por aquellos empleados que contraten para compensar las horas que dejarán de trabajar el resto de la plantilla con la reducción de jornada. O, si no contratan a nadie, por las horas que le aumenten de jornada a los empleados a tiempo parcial que ya tengan en plantilla. 

Las empresas podrán ahorrarse en ambos casos las contingencias comunes del trabajador que contraten o al que le aumenten las horas. Solo de estos y no del resto. Estas equivalen aproximadamente al 24% del coste laboral bruto que asume una empresa a la hora de pagar una nómina a su trabajador. Lo que en el caso de un empleado que cobre el salario mínimo interprofesional equivale a unos 317 euros mensuales.

No obstante, Trabajo está estudiando topar hasta cierto punto esas bonificaciones y que no puedan exceder cierta cuantía monetaria, que todavía no está establecida.

Uno de los requisitos indispensables es que la persona contratada esté previamente en paro. No valdrá que una pyme le ‘fiche’ a otra empresa a un trabajador, sino que este debe estar previamente dado de alta en el Sepe como parado. 

No obstante, hay una serie de colectivos, históricamente identificados como con mayor dificultad de inserción laboral, que tendrán prioridad en el plan del Gobierno. La propuesta especifica que la ayuda monetaria tendrá “un incremento de 55 euros cuando la contratación se realice a mujeres, personas jóvenes hasta 30 años o personas mayores de 55. Estas ayudas podrán ser acumulables”.

Más allá de las bonificaciones, el plan de ayudas del Gobierno contempla también un servicio de asesoramiento para las compañías. Estas podrán acudir a la red COE (Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo). Esta está formada por 20 centros públicos calificados para este fin, uno en cada comunidad o ciudad autónoma y uno de ámbito estatal. Trabajo también abre la puerta a que las Cámaras de Comercio puedan involucrarse también.

Allí la Administración jugará un rol de consultor, para analizar cómo las empresas participantes pueden mejorar su cadena de producción o su sistema de organización para ganar eficiencia y hacer más, con menos. Para así compensar el menor número de horas que faenarán sus empleados. Los centros públicos señalarán a las empresas que cursos subvencionados de formación podrán hacer su personal para ganar en productividad.

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