La Fiscalía reclama que el Banco de España informe al Congreso del beneficio de los bancos por depositar su dinero en el BCE

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el Banco de España ha vulnerado los derechos fundamentales de los ciudadanos, a través de sus representantes parlamentarios, "a acceder y participar en condiciones de igualdad en los asuntos, funciones y cargos públicos". El ministerio público, así, estima que el organismo supervisor debería haber entregado al Congreso de los Diputados la información solicitada por tres diputados de Sumar sobre el beneficio obtenido por cada uno de los bancos que operan en España por dejar dinero depositado en el Banco Central Europeo (BCE). De ahí que la Fiscalía solicite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que ordene al Banco de España proceder a su entrega.

El fiscal Manuel Campoy explica que los diputados del grupo parlamentario de Sumar -entre ellos su portavoz de economía y hacienda, Carlos Martín Urriza- recurrieron el acuerdo del Banco de España firmado en junio por el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, en el que rechazaba informar al Congreso. Los diputados le habían solicitado en mayo la "cantidad pagada por el Banco de España a las entidades de crédito en los años 2022 y 2023 en concepto de intereses abonados por sus fondos depositados en la facilidad de depósito, con un desglose del pago individualizado para cada entidad”.

El organismo supervisor aceptó facilitar las cantidades agregadas, pero se negó a dar el desglose por entidades. "Se trata de información individual sobre las contrapartidas de política monetaria del Eurosistema y, por consiguiente, está sujeta a la obligación de secreto profesional" según la normativa española y europea, justificó el Banco de España. Frente a ello, Campoy sostiene que quienes están pidiendo la información "no son particulares, afectados o no por el contenido concernido, sino diputados del Congreso en su condición de representantes del pueblo", que lo hacen "por el conducto reglamentario de las Cámaras y para el ejercicio de su función parlamentaria".

Justificación insuficiente

Por ello, el fiscal considera claramente insuficiente la respuesta del Banco de España, que "se limita a ofrecer una justificación formal con invocación de afectar a la 'política monetaria–facilidad de depósitos' y al 'secreto profesional', con cita escueta de preceptos de disposiciones normativas de derecho europeo y de derecho interno". "No se motivan en la resolución –ni tampoco se intuyen- las razones por las que pudiera considerarse que facilitar la información solicitada por los miembros del Congreso de los Diputados, relativa al desglose individualizado de las cantidades pagadas por el Banco de España en 2022 y 2023 a las entidades de crédito por intereses de depósitos, pueda perjudicar a los fines y objetivos del Sistema Europeo de Bancos Centrales, y en particular a la 'política monetaria-facilidad de depósitos'", sostiene el ministerio público.

Ni siquiera, continua, las que perjudicarían "los intereses del sector empresarial bancario", como competitividad, transferencia de conocimiento público-privada, innovación o investigación. El Banco de España, añade, tampoco "ha razonado ni expuesto mínimamente las razones por las que no ha solicitado" que los datos que le soliciten se trasladen en una sesión secreta o como prevé el reglamento para materias clasificadas, ni "los motivos por los que considera que la información solicitada está sometida al deber de secreto, ya sea profesional o empresarial", explica el fiscal, que no comparte que no se tenga en cuenta que los diputados están obligados a no divulgar las actuaciones secretas. 

Medidas instrumentales

La fiscalía también señala que el secreto profesional y el secreto empresarial "no son derechos fundamentales, sino medidas instrumentales para la protección de determinados intereses", como los "fines del Sistema Europeo de Bancos Centrales" (estabilidad de precios, politica monetaria de la Comunidad, operaciones de cambio y gestión de reserva de divisas, sistema de pagos, supervisión de entidades de credito y estabilidad del sistema financiero).

Los beneficios que los bancos están obteniendo del BCE por el endurecimiento de la política monetaria de los últimos años para combatir la espiral inflacionista ha sido un asunto polémico. El banco central ha pasado de penalizar este dinero depositado con un interés negativo (les devolvía un 0,5% menos de lo que recibía) a remunerarlo con tipo más alto (llegó al 4%) del que las entidades pagaban, a su vez, a sus clientes por los depósitos. Desde el punto de vista de la política monetaria puede tener sentido, porque el objetivo es sacar dinero del mercado para enfriar la economía y frenar los precios. Pero para sus críticos, como los diputados de Sumar, supone una transferencia de dinero público directamente hacia la cuenta de resultados de las entidades financieras.