Servicios públicos
Del fin de la cita previa a un fondo para becar opositores: el plan de Illa para renovar la Generalitat, en 4 claves
La conselleria de Presidència potenciará la figura del 'agente digital' para ayudar a los ancianos a hacer trámites ‘on line’ desde las oficinas
El Govern aprobará una ley para poner fin a la cita previa obligatoria en un año
La cita previa se mantendrá en los servicios públicos pese al fin de la obligatoriedad
Una oficina del SOC / Archivo
Por qué confiar en El Periódico El Govern de la Generalitat ha presentado este lunes su plan para reformar los servicios públicos y modernizar la administración. El mismo contiene una batería de medidas destinadas a erradicar la cita previa obligatoria de las oficinas, un nuevo fondo de becas para jóvenes que quieran opositar o un conjunto de medidas para simplificar los trámites con la administración. Estas son las principales claves del plan anunciado por el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y que será aprobado este martes en el Consell Executiu.
El Govern de la Generalitat se ha comprometido a erradicar la cita previa obligatoria de todos sus servicios en el plazo máximo de un año. Es decir, cualquier servicio público vinculado a la Generalitat, desde los Ferrocarriles (FGC), hasta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), pasando por las universidades, no podrá escudarse en que una persona no ha pedido cita previa para atenderlo.
Suprimir la exigencia de cita previa es una promesa que varias administraciones han entonado, sin que ello haya evitado que concertar una atención por vías telemáticas siga siendo la principal vía de acceso a los servicios públicos y, de facto, en ocasiones la única asumible para lograr un hueco en un tiempo razonable.
Ya en 2023 el anterior Govern, presidido entonces por Pere Aragonès, aprobó tener erradicada la obligatoriedad de la cita previa para julio de este año. Tres meses después, el nuevo president, Salvador Illa, vuelve a realizar la misma promesa a la ciudadanía.
La cita previa se impuso como obligatoria durante los primeros compases de la pandemia para gestionar los aforos y como una medida sanitaria. Tras la emergencia, en muchos servicios dicho requisito se quedó, lo que supone una exclusión o discriminación de ciertos colectivos que no se manejan bien con la informática -como los ancianos- o que, directamente, carecen de los medios electrónicos suficientes -como las familias vulnerables-.
Es por ello que la Síndica de Greuges ha insistido en reiteradas ocasiones a la Generalitat o a los grandes ayuntamientos, de la misma manera que el Defensor del Pueblo se lo ha reclamado al Gobierno. El hasta hace poco ministro de Transformación Digital y hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, prometió cambiar la ley para también explicitar que era ilegal exigir tener cita previa para ser atendido. Si bien, a nivel estatal, esa modificación todavía no ha visto la luz, según apuntan fuentes del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.
Otra promesa dentro del nuevo plan para la reforma de la administración y los servicios públicos es crear un fondo público para becar a personas que quieran presentarse a una oposición, pero que no dispongan del dinero suficiente para mantenerse durante el tiempo previo que deberán pasárselo estudiando.
El Govern deberá acabar de concretar de cuántos recursos dispone y cuáles serán los requisitos para solicitar esas ayudas. Actualmente, ya existen ayudas para los jóvenes que mediten opositar y acceder así a una plaza en la administración, si bien están limitadas a convocatorias puntuales y a cuerpos concretos.
Este pasado mes de junio, por ejemplo, la Generalitat sacó unas becas para menores de 30 años que quisieran acceder al cuerpo A1 (es el más alto dentro de la administración catalana). La misma consistía en un pago de 500 euros al mes durante el tiempo que pasara entre que se convocaba la convocatoria y el día del examen, hasta un máximo de un año de cobro. Y los criterios de acceso daban prioridad a familias de bajos ingresos, monoparentales, huérfanos y víctimas de violencia machista.
En su día, parte de los sindicatos más representativos en la Función Pública catalana se opusieron a estas convocatorias porque consideraban que discriminaban por edad y que los opositores más veteranos también tenían derecho a ayudas.
En los procesos de oposiciones, en general, existe una exención de tasas para las personas que están en paro, son familia numerosa o tienen algún tipo de discapacidad acreditada. Lo que les permite ahorrarse unos 50 euros por convocatoria. En este sentido, el Govern también pretende simplificar y agilizar los procesos de selección y provisión de plazas, para acortar los tiempos entre que sacan la convocatoria, convocan las pruebas, las resuelven y acaban asignando la plaza. Tempos que actualmente pueden demorarse meses, cuando no años.
El Departament de Presidència creará 2.000 nuevas plazas para que estudiantes realicen sus prácticas formativas en los servicios de la Generalitat. Actualmente, ya existe la posibilidad de que alumnos –especialmente de universidad- ganen experiencia en determinados ámbitos de la administración. Luego ese bagaje lo utilizan para opositar o para hacer carrera en el sector privado. Y el nuevo Govern quiere promocionar el número de esas prácticas para que actúen de trampolín luego al sector público y que estas sean remuneradas.
La Administración, en general, y la Generalitat no es una excepción, tiene unas plantillas con una edad media avanzada y en la próxima década y media se producirá una jubilación progresiva que precisará de un relevo. Ahí quiere incidir el Ejecutivo y por ello promoverá la figura del estudiante en prácticas remuneradas.
En la línea ya manifestada por el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, la Generalitat quiere simplificar los trámites que cualquier ciudadano debe realizar con la administración. Tanto de empresas que quieren formalizar permisos, como de ciudadanos que deben tramitar papeles o acceder a servicios públicos.
En este sentido, el Departament de Presidència quiere reorganizar todo el ecosistema de webs y aplicaciones móviles que existen actualmente para distintos servicios, tanto de la Generalitat como de ayuntamientos, y tender a agruparlos. Para que así no tenga el ciudadano que ir con múltiples dominios web o abrir varias 'apps' en su teléfono.
Y, para las personas que tengan dificultades con los trámites telemáticos, la Generalitat impulsará un modelo que ya han testeado con éxito organismos como la Diputación de Barcelona o ayuntamientos: el agente digital. Una persona que está en las oficinas públicas y que, desde las mismas y con ordenadores habilitados por la administración, ayuda a las personas a realizar trámites telemáticos. Requiere desplazarse hasta la oficina, pero no hacer toda la cola que requeriría el trámite 100% presencial.
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