La Justicia de EEUU abre la puerta a la japonesa JGC a iniciar embargos contra España por impagos de renovables

Nuevo revés judicial a España por el recorte a las primas en renovables. La Corte de Distrito de Estados Unidos, en una sentencia dictada ayer en Washington autoriza la ejecución de un laudo arbitral que favorece a la japonesa JGC Corporation, allanando que la compañía inicie procedimientos de embargo contra bienes comerciales de España en territorio estadounidense.

El origen del caso se remonta a las reformas energéticas implementadas en España entre 2010 y 2014, que supusieron la reducción o eliminación de las primas prometidas a los proyectos de energías renovables. Sin embargo, cuando el gobierno español, enfrentado a la presión económica derivada de la crisis financiera, revisó estas primas, los inversores extranjeros, incluidos los de JGC, sufrieron pérdidas considerables. La compañía nipona, que operaba dos plantas termosolares en la región de Andalucía, acudió entonces al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para buscar una solución.

El CIADI dictaminó en 2021 que España había incumplido las obligaciones adquiridas bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), que protege a los inversores extranjeros de cambios regulatorios adversos. Como resultado, el tribunal otorgó a JGC una compensación de 23,51 millones de euros, más intereses de demora y los costos legales del proceso. Sin embargo, España ha ignorado el laudo, lo que ha llevado a la compañía a solicitar la intervención de la justicia estadounidense para asegurar el pago. Es más, hace un año, la compañía japonesa, cuya facturación anual supera los 5.000 millones de euros, presentó una denuncia ante la justicia estadounidense para reclamar al Gobierno de España el pago del laudo dictado por el la corte arbitral vinculada al Banco Mundial.

"Un juzgado estadounidense ha reconocido que el laudo es vinculante, pero ello no implica tenga capacidad de ejecutarlo y embargar bienes españoles", contraponen fuentes oficiales del Gobierno español. "Para ello hace falta que se inicie un nuevo procedimiento en el que el Estado español podrá esgrimir argumentos de oposición", subrayan desde el Ministerio para la Transición Ecológica.

Una victoria clave para los inversores

En su sentencia, el juez Rudolph Contreras del Tribunal de Distrito de Washington D.C. ha desestimado los argumentos de España, que alegaban la falta de jurisdicción del tribunal arbitral y la supuesta incompatibilidad del laudo con el derecho de la Unión Europea. Contreras concluyó que el laudo debe ser reconocido y ejecutado en Estados Unidos, de conformidad con las obligaciones internacionales que España adquirió al firmar el Convenio CIADI. En este sentido, el juez afirmó que los laudos arbitrales internacionales deben tratarse de igual forma que las sentencias judiciales nacionales, facilitando así su ejecución.

La sentencia además ordena a las partes a que se reunan antes del 28 de octubre y consulten y presenten conjuntamente un fallo final propuesto. Fuevinculadas al pase señalan que el fallo propuesto debe incluir todos los elementos incluidos en el laudo del CIADI de 2021, "incluida una calculación actualizada de los intereses previos y posteriores al fallo".

La decisión dictada por el juez Rudolph Contreras avanza en la línea que marcó la Corte de Distrito este mismo verano, cuando emitió un fallo en el que tumbaba la pretensión de España de detener este tipo de denuncias alegando que la justicia estadounidense debería quedarse al margen de estas cuestiones. Con el fallo del caso JGC, se refuerza la capacidad de los inversores afectados para hacer valer sus derechos en suelo estadounidense y se allanan nuevos procedimientos de embargo similares a los que ya afectan a España en Bélgica y Reino Unido.

El proceso de identificación de activos embargables ha aflorado bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Cabe recordar, por otro lado, que la Corte Suprema de Australia también ha fallado contra el Reino de España y, aunque de momento no se han puesto en marcha procedimientos de incautación de bienes en el país oceánico debido a que las empresas afectadas han priorizado otras actuaciones, esta puerta también está abierta.

El fallo del caso JGC se suma a otros 25 laudos que también condenan a España a pagar indemnizaciones a inversores internacionales por las mismas razones. El monto total adeudado, según fuentes cercanas al caso, se estima en más de 1.562 millones de euros en compensaciones, a los que se suman otros 321 millones de euros en intereses de demora y costos legales.

Oferta de los inversores

Los inversores afectados por los recortes a las primas de las energías renovables trasladaron el pasado mayo una propuesta al Gobierno para resolver los laudos que el Estado español se niega a pagar o intenta anular. La iniciativa, respaldada por varios bufetes internacionales que representan a aproximadamente el 80% de las compañías afectadas, se comprometía a poner fin a los laudos si se les pagaban las indemnizaciones pendientes de 1.562 millones y, a cambio, los acreedores reinvertirían esos fondos en España.

En este sentido, hace una semana, Aena y España llegaron a un acuerdo con NextEra para que un tribunal inglés deje sin efecto las medidas cautelares sobre los intereses de la compañía pública española en el aeropuerto de London Luton. NextEra consiguió el embargo, a principios de agosto, en el marco de un procedimiento de ejecución de un laudo de 291 millones de euros, instado por la energética neerlandesa en el ámbito de los arbitrajes de inversiones contra España por las renovables.

En este sentido, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica afiman que ante la estrategia procesal desplegada por el Reino de España y AENA, "los demandantes han decidido finalmente retirar su petición de embargo". No obstamte, reiteran que, aunque se habla de acuerdo, "no ha habido ningún tipo de concesión por parte de España o de AENA, sino que Nextera se ha replanteado su estrategia y ha dado marcha atrás. No está habiendo negociaciones con los fondos".