Muface sigue sin llegar a un acuerdo con las aseguradoras privadas para el nuevo convenio

La mutualidad de los funcionarios Muface encara semanas clave de cara a firmar el nuevo concierto 2025 y 2026 para la asistencia médica de sus mutualistas y beneficiarios con las aseguradoras privadas. En el período 2022-2024, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV prestaron el servicio a cambio del pago de 3.571 millones de euros, pero reclaman un alza superior de las primas a la que la dirección de la mutua ha trasladado hasta ahora del 25% para el nuevo periodo.

El Gobierno pretende desencallar la negociación antes del 8 de octubre, fecha límite para pactar la financiación con las entidades concertadas ya que el convenio actual termina a final de año. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha propuesto un aumento del 24% en las primas que cobran las aseguradoras privadas que prestan asistencia sanitaria a los funcionarios que así lo desean de cara al próximo año y de un 1% adicional en 2026, lo que supone una subida media el 12,5% durante el nuevo concierto (2025-2026).

Las tres aseguradoras que forman parte del concierto actual, SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, consideran insuficiente la subida, ya que no compensa las pérdidas acumuladas por mantener el servicio a los mutualistas. El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) sostiene que la inversión en la sanidad pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, mientras que lo destinado a las mutualidades lo ha hecho solo en un 32%. Esto supone, en el caso concreto de Muface, pérdidas de más de 142 millones anuales en 2023 debido, entre otras cosas, a la alta siniestralidad del colectivo, cercana al 110%.

Riesgos de más listas de espera

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) alerta sobre los problemas derivados del nuevo acuerdo de MUFACE para la atención sanitaria de los funcionarios, advirtiendo que si no se ajusta la prima por mutualista a los costes reales del sistema sanitario, podría producirse un "éxodo" masivo hacia la sanidad pública.

ASPE subraya que el acuerdo para el periodo 2025-2026 debe incluir un incremento sustancial de la prima para asegurar que los mutualistas tengan acceso a todos los servicios de salud en todo el territorio. Si no se aumentan las primas de manera significativa, muchos centros privados podrían dejar de ofrecer servicios a los mutualistas debido a la insuficiencia de la remuneración. Esto afectaría la disponibilidad de servicios médicos, provocando una reducción en el número de especialistas y una disminución de la accesibilidad en la sanidad privada, desincentivando a los funcionarios a elegir este sistema y optando por el público, lo cual aumentaría las listas de espera.

Desde la patronal insisten en la importancia de que el incremento de la prima permita compensar adecuadamente a los centros y hospitales que actualmente operan con déficit. La situación actual, donde las tarifas son un 10% más bajas para los mutualistas en comparación con los seguros privados, ha hecho que numerosos centros dejen de ofrecer servicios a este colectivo, especialmente en áreas de alta demanda como oncología y diálisis. Además, la edad media de los mutualistas ha ido en aumento, incrementando también la frecuentación a estos servicios.

Coste de 1.000 millones para la sanidad pública

A pesar de que la propuesta de aumentar un 24% la prima en 2025 y un 1% adicional en 2026 es un avance, ASPE considera que estos incrementos no son suficientes para garantizar la sostenibilidad del sistema. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el coste sanitario por ciudadano es de 1.608 euros, mientras que con la subida la prima de MUFACE alcanzaría solo los 1.301 euros para 2026.

Si no se ajusta la financiación a estos niveles, ASPE advierte que el modelo de mutualismo administrativo corre el riesgo de desaparecer, lo que significaría un coste adicional para la sanidad pública de más de 1.000 millones de euros al año.