Industria
Los accionistas de Celsa apuntalan la etapa 'post Rubiralta' con una inversión de 166 millones de euros
La operación deberá aprobarse en la junta de accionistas extraordinaria que se celebrará el próximo 28 de octubre
La nueva dirección de Celsa reclamará 539 millones de euros a los Rubiralta

Rafael Villaseca y Jordi Cazorla, de Celsa / Cedida


Gabriel Ubieto
Gabriel UbietoRedactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El grupo siderúrgico Celsa ha anunciado este miércoles una ampliación de capital de 166 millones de euros para invertir en "mejoras operativas" y ganar así rentabilidad empresarial. Mediante la misma, la corporación apuntala la nueva etapa abierta tras la traumática salida de la familia Rubiralta y escenifica su voluntad de apostar por los activos de la compañía.
La inyección de recursos vendrá costeada por los propios accionistas de la empresa, se ejecutará en dos tandas -primero 81 millones de euros y el año siguiente 85 millones de euros- y prácticamente la mitad irá a reforzar el negocio en España, mientras que la otra mitad reforzará la división internacional de Celsa, que tiene plantas en Polonia, Noruega y Gran Bretaña.
Con esta inversión, los fondos propietarios del gigante industrial -emplea a unas 10.000 personas en todo el mundo y factura 6.000 millones de euros al año- quieren demostrar "su compromiso con el futuro de la firma", prácticamente un año después de que un juez les transfiriera la propiedad del entramado empresarial, que hasta entonces pertenecía a una de las ramas de la familia Rubiralta. La elevada deuda que contrajeron estos con los fondos hoy propietarios les permitió reclamarle legalmente la totalidad de la sociedad.
Entre los trabajadores cundió inicialmente la inquietud sobre la posibilidad de que los fondos desballestaran el grupo y vendieran parte de sus propiedades para ingresar así beneficios. Hasta el punto de que en febrero de este año las centrales lanzaron un comunicado en el que denunciaban que la nueva propiedad estaba "expoliando" la siderúrgica, con su intención de vender activos ubicados en el extranjero.
Unas horas después de hacer público el comunicado con los 166 millones de inversión, la dirección ha convocado al comité de empresa de su centro de la provincia de Barcelona para notificársela. Fuentes consultadas del mismo explican a este medio que no les han dado el detalle de a qué irán destinados esos recursos.
Justo cuando se cumple un año de la sentencia judicial y tras no aclarar la estrategia de inversión del grupo en una comparecencia que la nueva dirección realizó ante los medios en abril, ahora los fondos de Celsa cuantifican su apuesta. Para ratificar la inyección de capital, el Consejo de Administración de Celsa ha convocado una Junta General Extraordinaria de Accionistas para el 28 de octubre, en la que se prevé aprobar dicha ampliación de capital de 166 millones.
Desde Celsa han detallado que los planes de inversiones vienen asesorados por la consultora Bain & Company y que de los mismos prevén "un importante retorno en todas las actuaciones", según han manifestado en un comunicado este miércoles.
Propiedad repartida entre unas 20 sociedades
La magnitud del entramado empresarial de Celsa y rol estratégico como productor de acero a nivel mundial, provocó que el Gobierno tuviera que bendecir la operación mercantil mediante la que las empresas que configuran la actual propiedad se hicieran cargo de la misma. Unas 20 sociedades se quedaron con los activos que hasta entonces eran de los Rubiralta, entre las que destacan fondos o entidades como Attestor Capital, Cross Ocean, Deutsche Bank, Golden Tree Asset Management y Strategic Value Partners.
Una de las condiciones que les puso tanto el juez, en su sentencia, como el Ejecutivo es que no podían desmembrar y vender el grupo corporativo, sino que debían "garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la continuidad del domicilio social en España y la puesta en marcha de una gobernanza corporativa moderna, independiente y profesional". La actual propiedad busca escenificar con esta recién anunciada inversión ese compromiso.
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