ENERGÍA
Tres millones de hogares se quedan sin escudo frente a grandes subidas de su factura de gas
El Gobierno pone fin a las subvenciones para bajar la tarifa regulada del gas que han estado vigentes desde el inicio de la crisis energética, con un coste de casi 690 millones de euros.
Las ayudas públicas han provocado un vuelco comercial en el sector con un trasvase masivo de 1,5 millones de clientes a la tarifa regulada.

Recursos de facturas de gas y luz (Iberdrola y Gas Natural).


David Page
David PagePeriodista
Madrid, 1977. Periodista desde justo antes de que arrancara el nuevo siglo, y casi siempre siguiendo la economía y a las empresas. Especializado en el sector energético, de telecomunicaciones, industria y turismo. Antes de incorporarse al equipo de El Periódico trabajó en El Periódico de España, Europa Press, Actualidad Económica, Expansión y El Independiente.
El Gobierno activó en lo peor de la crisis energética, con los precios marcando máximos históricos, un sistema de ayudas para bajar la tarifa regulada de gas. El mecanismo ha estado vigente casi tres años. Hasta ahora. El Ejecutivo ha ido prolongando las subvenciones en los sucesivos paquetes de medidas anticrisis para limitar las subidas que se podían aplicar a las tarifas de último recurso de gas (TUR), pero el sistema dejará de estar vigente desde este lunes 1 de julio y más de tres millones de hogares se quedarán sin el escudo legal que impedía que se pudieran producir grandes subidas en su factura de gas.
El Gobierno fue construyendo durante años un armazón legal para frenar el impacto de los picos históricos de precios de la energía en los hogares y en las empresas. Algunas de esas medidas excepcionales que conformaron el ‘escudo social’ se han ido retirando o diluyendo en los últimos meses con la progresiva normalización de los mercados energéticos.
En este escenario de retirada de medidas extraordinarias, el pasado abril, por ejemplo, el IVA que se aplica a la factura de gas pasó de nuevo del 10% al habitual 21%. Y ahora es el turno del sistema que servía para poner un tope a las subidas de la tarifa regulada del gas. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un nuevo paquete de medidas de ‘escudo social’ frente a la inflación, pero no se incluyó la prórroga del mecanismo gasista.
Las TUR se revisan trimestralmente, el día 1 de los meses de enero, abril, julio y octubre, produciéndose una actualización siempre que el coste de la matera prima incluido en la fórmula de cálculo experimente una variación al alza o a la baja superior al 2% con relación al trimestre anterior. Pero desde los primeros compases de la crisis energética, desde octubre de 2021, el Ejecutivo limitó las subidas que podían aplicarse hasta un máximo del 15% del coste de la materia prima.
La última actualización de las TUR de gas aprobada por el Gobierno, vigente de este lunes 1 de julio y hasta final de septiembre, ha mantenido sin cambios las tarifas durante el próximo trimestre debido a que la variación del precio de la materia prima ha sido inferior al 2% que establece la normativa para aplicar cambios. Las TUR vecinales, las diferentes tarifas reguladas aplicables a las comunidades de vecinos, sí que registrarán en los próximos tres meses una ligera alza entre el 0,61% y el 0,87%, porque se les aplica otras fórmulas de cálculo.
Trasvase masivo de clientes
Durante lo peor de la crisis energética el mecanismo sirvió para rebajar la tarifa regulada de gas hasta en un 40% en relación al nivel que los precios de mercado imponían. Y el resultado fue que las ayudas del Gobierno provocaron un vuelco comercial en el sector del gas y desataron un trasvase masivo de clientes. En torno a 1,5 millones de hogares han dado al salto hacia las TUR en poco más de dos años.
Los cuatro grandes grupos energéticos obligados a ofrecer las TUR (Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies) han duplicado el número de clientes de sus comercializadoras reguladas y ya superan los 3 millones de clientes, según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), correspondientes al cierre de 2023. Pese al trasvase masivo, aún sigue siendo muy superior el número de clientes acogidos a tarifas de gas del mercado libre, con casi 5 millones de usuarios y más del 60% de todo el mercado.
Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas, durante meses tuvieron que atender un auténtico alud de peticiones de clientes para saltar al negocio regulado. Un giro total frente a la tendencia de los años anteriores en que las tarifas reguladas tenían una cartera de clientes menguante mientras engordaba la de las tarifas del mercado libre.
688 M para compensar a las gasistas
Durante el tiempo en que ha estado en vigor el mecanismo, el Gobierno ha estado cubriendo con dinero público el agujero en las cuentas del sistema gasista que generaba este tope de las subidas de la tarifa regulada para clientes individuales (TUR 1, TUR 2 y TUR 3, en función del consumo anual) y la nueva tarifa para comunidades de vecinos con calefacción central (TUR vecinal), concebida como temporal pero que el Gobierno ahora ha convertido en permanente. A los clientes no se les aplicaba toda la subida de la factura que el precio del gas natural marcaba, pero las compañías energéticas si recibían el coste real.
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica, desde la entrada de en vigor de los topes de la subida y hasta final de este junio se han abonado 688 millones a las cuatro grandes gasistas con tarifa regulada (Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies) para cubrir el déficit provocado por el mecanismo y compensar el coste de las medidas anticrisis.
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