La Fiscalía de Barcelona presenta una denuncia penal contra Glovo

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra los máximos responsables de la empresa de reparto a domicilio Glovo por presuntos delitos penales contra los derechos de sus trabajadores, según distintas fuentes conocedoras de esta acción consultadas por EL PERIÓDICO. Glovo, a preguntas de este medio, confirma haber recibido la notificación de la denuncia.

El ministerio público ve en el empleo recurrente de sus repartidores como presuntos falsos autónomos indicios suficientes para acusar a directivos de la firma fundada por Óscar Pierre, actual consejero delegado. La acusación de fiscalía llega tras desoír Glovo durante años las indicaciones de Inspección de Trabajo, lo que le ha interpuesto más de 100 millones de euros en multas y requerimientos. Tras una investigación previa de dos meses y medio, la fiscalía ha decidido ahora presentar la denuncia, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona.

Glovo mantiene desde hace años un pulso con el Ministerio de Trabajo en relación a su modelo laboral. Una batalla que hasta ahora ha ido dejando decenas de juicios por los principales tribunales de justicia españoles y actas de requerimiento y sanción por parte de la Inspección de Trabajo contra la compañía. La propiedad mayoritaria de la empresa es de la alemana Delivery Hero.

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La justicia ha ido fallando -Tribunal Supremo incluido- que los 'riders' de la empresa de las mochilas amarillas debían haber sido contratados como asalariados y no operar como autónomos. Un modelo que permite a Glovo trasladar los costes de Seguridad Social a los repartidores y evitar proveerles, entre otros, de las bicicletas o motocicletas en las que se mueven, así como los teléfonos móviles a través de los que se conectan a la aplicación para recibir pedidos. También evitan costearles la cobertura de gastos médicos o vacaciones, entre otros.

El Ministerio de Trabajo pactó con patronal y sindicatos en 2021 una ley específicamente enfocada a obligar a las plataformas de reparto a domicilio a contratar como asalariados a sus repartidores, la bautizada como 'Ley Rider'. Pese a ello y a diferencia del resto de empresas, Glovo persistió y ha seguido empleando desde entonces a sus repartidores como autónomos. Falsos autónomos, a tenor de las distintas actuaciones que ha ido efectuando la Inspección de Trabajo y que le han derivado en más de 100 millones de euros. Desde la propia compañía tienen contabilizado que las sanciones seguirán llegando y ya presupuestan unos 430 millones de euros en obligaciones futuras.

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El modelo laboral de Glovo presuntamente priva a sus repartidores de derechos laborales básicos, como es la protección social asociada a la condición de asalariado. Es decir, derecho a una prestación por incapacidad temporal en caso de caer enfermo o tener un accidente laboral, así como derecho a vacaciones pagadas, a sindicarse y elegir representantes dentro de la compañía, a tener formación para la prevención de riesgos laborales y demás condiciones básicas que todo asalariado tiene al entrar a nómina de una compañía.

Hasta ahora el empleo de falsos autónomos no había sido perseguido por la vía penal y se circunscribía a la jurisdicción social, pero la reforma aprobada por el Gobierno en diciembre del 2022 introduce explícitamente este supuesto entre los tipos penales. La ley contempla hasta seis años de cárcel "a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa".

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En su momento dicha modificación se vio como un traje a medida para presionar a Glovo y que cesara en su empeño de repartir a través de falsos autónomos. Si bien la empresa fundada por Óscar Pierre persistió y, año y medio después, la Fiscalía de Barcelona inicia las actuaciones después de recibir un informe del Ministerio de Trabajo.

La causa penal se suma al cerco de sanciones con el que el Gobierno ha ido rodeando a Glovo, en su día una de las más flamantes 'start-ups' españolas y que alcanzó la categoría de 'unicornio', reservada esta a las empresas emergentes que alcanzan los 1.000 millones de dólares de facturación. La viabilidad de la compañía está en vilo por estar en pérdidas desde su fundación, en 2014. Así como por el cúmulo de sanciones que acumula, tal como la propia compañía ha reconocido en sede de la Audiencia Nacional, a la que a principios de este año pidió suspender el pago de una sanción de unos 64 millones de euros aludiendo los 209 millones de pérdidas presupuestados para el ejercicio 2023.

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