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El Gobierno rechaza la opa del consorcio húngaro sobre Talgo porque cree que hay inversores rusos detrás
Óscar Puente asegura que el Ejecutivo "hará todo lo posible" para frenar a la compañía Magyar Vagon y el fondo estatal Corvinus

Tren de Talgo en la India, en una imagen de archivo. / Divyakant Solanki / EFE


Martí Saballs Pons
Martí Saballs PonsDirector de Información Económica de Prensa Ibérica.
Dirige la información económica de Prensa Ibérica desde mayo de 2022. Previamente, ha sido director adjunto de 'El Mundo' y de 'Expansión'. Fue corresponsal de este diario en Estados Unidos de mayo de 1992 a mayo de 1997. También fue redactor jefe de 'Actualidad Económica', gerente de contenidos del diario 'El Cronista' y la revista 'Apertura' en Buenos Aires de 2001 a finales de 2004. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y EMBA por IESE. Ha escrito los libros Historias de un corresponsal económico, ¿Qué hago con mi dinero? e Inteligencia Empresarial, conjuntamente con Salvador Alemany.


Juan Carlos Lozano
Juan Carlos LozanoPeriodista especializado en economía en 'Activos', el vertical económico del Grupo Prensa Ibérica, y en 'El Periódico'. En mi trayectoria profesional, de más de 30 años, he pasado por Expansión, Actualidad Económica y elEconomista. Además de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, cursé un Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en el Iese. La economía es política y la política es económica.
Bombazo en la esperada opa del consorcio húngaro Ganz-Mavag sobre Talgo. El Gobierno "hará todo lo posible" para rechazar la opa, según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el II Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenibilidad organizado por el Grupo Prensa Ibérica. La decisión del Gobierno, que teme que haya inversores rusos o el mismo Estado detrás de esta operación, es un bombazo en toda regla en una operación en la que el consorcio húngaro, integrado en un 55% por la compañía Magyar Vagon del inversor András Tombor y al 45% por el fondo estatal Corvinus, ultimaba ya la presentación formal de la anunciada oferta de adquisición (opa) por Talgo.
El Gobierno de Sánchez no ve políticamente con buenos ojos al Ejecutivo de Viktor Orbán (pese a que Hungría es desde 2004 miembro de pleno derecho de la Unión Europea). Considerado conservador y nacionalista, aunque en algunos sectores lo califican directamente de ultraderechista, Orbán mantiene sobre todo unos estrechos lazos con Vladimir Putin que convierten al primer ministro húngaro en el aliado más estrecho de Rusia dentro de la UE. El inversor András Tambor tiene un pasado como asesor y persona cercana al propio Orbán.
Ganz-Mavag iba a enviar por carta al consejo de administración de la compañía de ferrocarriles española la oferta formal, a un precio de 5 euros por acción. Talgo vale ahora en bolsa unos 570 millones, ya que cotiza por encima de los 4 euros por título. A partir de este instante, se iba a abrir definitivamente el proceso con el envío a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del anuncio de la opa.
Como publicó 'activos', la opa del consorcio húngaro sobre Talgo era cuestión de horas, una vez que András Tombor logró cerrar el apoyo de los bancos acreedores de la compañía española. El acuerdo básicamente consiste en tener la seguridad de que las entidades financieras, que suman más de una veintena y que mantienen préstamos por más de 300 millones, no ejecutaran estos créditos cuando Talgo cambie de manos. Además, el pacto incluiría también que los bancos sigan apoyando financieramente a la nueva Talgo bajo control húngaro.
Una empresa estratégica
En su momento, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ya advirtió de que Talgo era considerada una empresa estratégica. Por tanto, la hoja de ruta del grupo húngaro pasaba por acudir con el apoyo de los bancos y con la confirmación de la opa a jugar la 'parte política' del partido. Esta 'parte política' tiene unas fases formales de presentación de información que acabaría, en aproximadamente un mes, con la decisión, favorable o no, del Consejo de Ministros, que ahora evidentemente está ya decidida en el 'no'.
El proceso es el siguiente: los inversores deben presentar su documentación a la dirección general de Comercio Internacional e Inversiones, dependiente del Ministerio de Economía, que a su vez convoca a la Junta de Inversiones Extranjeras. Este órgano interministerial elabora un informe que eleva, si se trata de una operación superior a los 5 millones de euros, al Consejo de Ministros.
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