Nuevo Estatuto del Becario: Claves sobre su impacto en estudiantes y empresas

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el conocido como el Estatuto del Becario, una norma que pretende mejorar las condiciones de los estudiantes en prácticas y para lo que aumentará las obligaciones de las empresas con ellos. La norma entra ahora en una fase de trámite y deberá todavía superar varias etapas hasta que entre en vigor, siempre que logre los apoyos parlamentarios necesarios para ello.

Entre las principales novedades que incorpora destaca el incremento de sanciones para aquellas compañías que aprovechan la figura del becario para suplantar a un trabajador, pero a bajo coste. En dicha línea, también establece un tope de estudiantes que puedan realizar prácticas en una misma empresa. Y para los alumnos, la norma pretende concederles una serie de garantías para reducir sus gastos e incentivar que cursen sus estadías laborales, como darles el transporte gratis. Estas son las principales claves de la medida, que probablemente estarán sujetas a cambios durante la tramitación parlamentaria.

Transporte gratis para los becarios

El Estatuto del Becario pretende dar una mayor protección y garantías a todos aquellos estudiantes en prácticas inscritos en "grados del sistema de formación profesional, enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo, especialidades formativas del sistema nacional de empleo y a prácticas universitarias curriculares y extracurriculares", según ha detallado el Ministerio de Trabajo. A las mismas, se les reconocerá el "derecho a la compensación de gastos, al descanso y a los servicios del centro de trabajo ofrecidos a las personas trabajadoras".

Es decir, podrán reclamar que se les abone una cantidad por el dinero que ellos invierten cada día en ir y venir a los centros donde hacen las prácticas. Ya sea vía pago o vía directamente abono transporte. También deberán tener acceso a la cantina de la empresa, si la hubiere, y en las mismas condiciones. Es decir, si es gratis o tiene un precio reducido, la empresa debe asumirlo.

Los detractores de la norma alertan de la ambigüedad del redactado y temen que ese derecho a "compensar" los "gastos" o el "descanso" pueda traducirse en costosas reclamaciones de estudiantes. Por ejemplo, si una persona pide hacer prácticas en un domicilio diferente a donde reside, que la empresa se vea obligada a pagarle un alquiler o facilitarle un alojamiento para ello.

Tope de horas y alumnos por empresa

El Estatuto del Becario pretende establecer una serie de mecanismos para minimizar la posibilidad de abuso por parte de empresas o entidades de la figura del estudiante. Y es que desde el Ministerio de Trabajo son conscientes de que la capacidad de los alumnos para denunciar a una empresa donde aspiran a entrar a trabajar o de la que dependen sus ingresos es limitada. Para forjar esa suerte de 'cinturón de seguridad', el anteproyecto de ley establece un máximo de horas que un alumno puede hacer de prácticas a lo largo del año, así como un máximo de alumnos por empresa.

Según lo que pactó Trabajo con los sindicatos durante la anterior legislatura, la idea es establecer un máximo de 480 horas al año o el tiempo equivalente al 25% de los créditos que el alumno fuera a realizar durante un curso. Y, en cuanto al tope de alumnos por empresa, estos no podrán exceder el 20% del total de la plantilla o, en el caso de las empresas pequeñas, ser más de dos estudiantes en prácticas de manera simultánea. La norma también establece que, dentro de cada empresa, un tutor no podrá tener más de cinco estudiantes bajo su cargo.

Multas para las empresas que abusen

El anteproyecto de ley también pretende incrementar las multas para aquellas empresas que sean pilladas abusando de los becarios como mano de obra barata. Aquí existe la dificultad de que los alumnos denuncien y que los inspectores alcancen a atender dichas denuncias, ya que las visitas de oficio suelen ser escasas debido a la falta de efectivos de la autoridad laboral. Si bien desde Trabajo han prometido incrementar la vigilancia a este respecto.

Si los inspectores llegan a acreditar un fraude, las sanciones para las empresas incumplidoras serán de hasta 225.018 euros, si bien eso sería en los casos más flagrantes y dolosos y en la mayoría de intervenciones, de poder acreditarse, el importe oscilaría entre 751 y 7.500 euros.

¿Con qué apoyos cuenta la norma?

El Gobierno de coalición no está viviendo una legislatura fácil y la gran mayoría de normas que pretende aprobar precisan de una extensa y, en ocasiones, costosa negociación. Y no siempre todas finalizan de manera satisfactoria para los intereses del Ejecutivo. El Estatuto del Becario es un proyecto que hace tiempo que persigue su principal impulsora, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y hasta ahora dicho proyecto se ha visto frenado por la falta de apoyos. Tanto internos como externos.

Son varios los intereses contrarios a esta norma y desde dentro como fuera del hemiciclo han manifestado su rechazo al mismo. La gran patronal CEOE, patronales locales, como la Cecot, o la conferencia de rectores de las universidades españolas (CRUE), que agrupa mayoritariamente a las universidades privadas, son contrarias. Anteriormente, desde las universidades públicas también se han manifestado reticencias, pues son uno de los principales focos empleadores de estudiantes en prácticas.

Y partidos como Junts, PNV o EH Bildu han manifestado reticencias, cuando no abierta oposición. Aquí el Gobierno se juega la partida y deberá convencer a una mayoría de partidos -ya sea con su apoyo o abstención- para que avalen el trámite y no suceda como otros proyectos, como la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales.

¿Cuándo entrarán en vigor las novedades?

La entrada en vigor de las novedades contempladas en el Estatuto del Becario es a día de hoy una incógnita. El martes 4 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley en primerea vuelta. A partir de ahí, la norma debe superar una serie de trámites internos para luego volver a ser elevado al cónclave gubernamental y de ahí partir hacia el Congreso de los Diputados. Allí será tramitado como proyecto de ley y durante dicho proceso los diferentes partidos podrán sugerir y transaccionar cambios en la ley. Lo que presumiblemente modificará los contenidos descritos en el presente artículo.

No obstante, a día de hoy los apoyos parlamentarios suficientes no están garantizados, cuándo el Congreso evaluará la norma y cuánto puede tardar en ser aprobada o tumbada pueden tardar meses. Hasta el año que viene presuntamente no enfilará su trámite final.

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