La banca abrió 47.700 cuentas para vulnerables entre 2018 y 2021

Por primera vez hay datos sobre las cuentas de pago básicas, el producto bancario creado por la Unión Europea en 2014 para garantizar un acceso casi universal a los servicios financieros más básicos, pensado sobre todo para colectivos vulnerables como inmigrantes, refugiados y asilados. Según información oficial a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, los bancos españoles abrieron 47.728 de estas cuentas entre 2018 y 2021 a un ritmo creciente: 4.493 en 2018, 9.681 en 2019, 15.154 en 2020 y 18.400 en 2021. El Banco de España recoge los datos de las entidades cada mes de junio, con lo que los del 2022 los recopilará el mes que viene. 

Además, en los tres primeros años desde su incorporación a la legislación española, los bancos aceptaron el 92,59% de las solitudes de cuentas de pago básicas y rechazaron 3.220, un 7,41% del total que recibieron, según un informe de hace unos días de la Comisión Europea. El ritmo de denegaciones también fue creciente: siete en 2018 (0,09% del total de peticiones), 986 en 2019 (6,65%) y 2.227 en 2020 (10,6%). Se trata de porcentajes bajos, pero "ligeramente más altos" a la media comunitaria: en los 27 estados socios se rechazaron 32.818 solicitudes, un 1% del total. En cualquier caso, el dato español está muy lejos del 36,44% de Letonia, el único país que destaca por su alto porcentaje de rechazos.

El informe del Ejecutivo comunitario destaca que el número de cuentas de pago básicas en la UE registró un "aumento considerable" entre 2016 y 2021 en algunos estados, particularmente en aquellos en los que un porcentaje más elevado de su población carecía de una cuenta. En cambio, la adopción de las cuentas para vulnerables fue "bastante baja" en otros países, por lógica aquellos donde una mayor proporción de ciudadanos ya tenía cuenta estándar. En este sentido, el porcentaje de mayores de 15 años con cuenta bancaria en España era ya muy elevado antes de la llegada de estas cuentas y además ha subido del 94% del 2017 al 98% en 2021, por encima de la media en la UE del 95%, según un informe del Banco Mundial que destaca el documento de Bruselas.

Reforma frustrada

Fuentes bancarias, en este sentido, defienden que "el hecho de que los números de cuentas de pago básicas sean bajos en España obedece pura y simplemente a la amplia oferta de cuentas que las entidades tienen a disposición de las diferentes tipologías de cliente, tanto en términos de acceso, de servicios incluidos, y de costes, reducidos con carácter general y gratuitos en muchos casos". El informe de la Comisión, en este sentido, apunta que el objetivo de la normativa europea "no es necesariamente lograr una elevada adopción de las cuentas de pago básicas, sino más bien reforzar la inclusión financiera y garantizar que todos los consumidores tengan acceso a una. Dada la disponibilidad general de este tipo de cuentas, parece que este objetivo se ha alcanzado en términos generales". 

Bruselas, sin embargo, subraya también que "pueden existir dificultades" en ciertos aspectos concretos, sobre todo por el choque entre la normativa de las cuentas de pago básicas y las fuertes obligaciones que le imponen a la banca las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales, como viene alegando el sector desde hace años. En particular, cita como causa de dificultades la "falta de documentos de identidad específicos". 

Para solucionar algunos de estos problemas, el Congreso acordó hace unos días reformar la regulación de las cuentas de pago básicas para aclarar en qué supuestos las entidades están obligadas a abrirlas y qué documentos identificativos son válidos en los casos más complejos, además de encargar al Banco de España que elaborase un modelo de solicitud estándar que los bancos deberían poner a disposición de los interesados. Sin embargo, todos estos cambios han decaído por la convocatoria de las elecciones generales y la disolución de las Cortes.

Necesidad básica

La Unión Europea creó estas cuentas en 2014 para garantizar un derecho casi universal de las personas residentes en su territorio (de forma legal o no) a acceder a los servicios financieros más básicos: depósito y retirada de dinero; domiciliación de ingresos y recibos; transferencias; y tarjeta de débito. El Gobierno de Rajoy aprobó su incorporación a la normativa española en noviembre de 2017, mientras que el actual Ejecutivo fijó en 2019 que su coste máximo general no puede ser superior a tres euros al mes, mientras que son gratuitas para los hogares vulnerables que cumplen ciertos requisitos de renta.

España es un país altamente bancarizado y la mayoría de los ciudadanos tiene acceso a una cuenta corriente, pero con las de pago básicas se busca que las personas que no son rentables para los bancos también puedan acceder a los servicios financieros. Se trata de una cuestión fundamental, ya que tener una cuenta es hoy en día imprescindible para poder cobrar una nómina o una ayuda o prestación social, como también para pagar el alquiler de ciertas viviendas y servicios básicos como el agua, la luz o el gas.

Las entidades financieras tienen desde 2017 la obligación de informar y ofrecer estas cuentas a las personas que las soliciten y acrediten cumplir los requisitos. Solo no pueden acceder a ellas quienes no tengan permiso de residencia y puedan ser expulsados del país, quienes no aporten la información requerida por el banco para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aquellos que puedan perjudicar a los "intereses de la seguridad nacional o de orden público", y quienes ya tengan otra cuenta.

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