La Comisión Europea recomienda a España que mantenga una política fiscal “prudente”, limitando el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 para mantener el objetivo de déficit por debajo del 3% que marca como tope el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bruselas también pide al Gobierno que elimine para finales de año todas las ayudas energéticas, reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, acelere la implementación de los fondos de recuperación del programa Next Generation EU y aumente la disponibilidad de vivienda social, asequible y energéticamente eficiente. Son algunas de las recomendaciones de política económica dirigidas en el marco del procedimiento anual de coordinación que cada año por estas fechas -el llamado semestre europeo- adopta el Ejecutivo comunitario. Un ejercicio que también constata que España continúa en el grupo de países con “desequilibrios macroeconómicos” aunque “las vulnerabilidades están retrocediendo”.

"Teniendo en cuenta consideraciones de sostenibilidad presupuestaria y la necesidad de reducir el déficit por debajo del valor de referencia del 3% del PIB, sería adecuada una mejora del saldo estructural de al menos el 0,7% del PIB en 2024. Para garantizar dicha mejora, el crecimiento del gasto primario neto financiado a nivel nacional en 2024 no debería superar el 2,6%", sugiere la Comisión en su informe en el que anticipa que el gasto primario español, sin cambios respecto a las políticas previstas, crecerá un 1,4%, por debajo del porcentaje recomendado. La recomendación de gasto será, según los técnicos comunitarios, y en línea con las nuevas reglas fiscales que negocian los Veintisiete el elemento que Bruselas tendrá en cuenta para evaluar si España ha cumplido y no tanto el ajuste estructural.

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El documento considera "realista" el escenario macroeconómico dibujado por el Gobierno para este año y "optimista" para el próximo. "La Comisión Europea confirma que la senda fiscal presentada por España cumplirá con los requisitos fiscales exigidos para 2024. La responsabilidad fiscal del Gobierno y las previsiones de crecimiento de la economía española garantizan la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos años", ha celebrado el Ministerio de economía español que ha recordado que el programa español mantiene que el déficit quedará el próximo año por debajo del 3% del PIB y la deuda por debajo del 110%.

España prevé crecer este año un 2,1% y un 2,4% el próximo frente al 1,9% y 2% respectivamente previsto por Bruselas en sus previsiones económicas de primavera, "debido principalmente a una menor contribución prevista del consumo privado tanto en 2023 como en 2024, así como a un crecimiento más moderado de la inversión en 2024", explica la Comisión que también anticipa un déficit del 3,3% frente al 3% anunciado por el Gobierno por la diferencia en las previsiones de ingresos. Para el período posterior a 2024, la recomendación al gobierno es que siga aplicando una “estrategia fiscal a medio plazo de saneamiento gradual y sostenible, combinada con inversiones y reformas que propicien un mayor crecimiento sostenible, para lograr una situación presupuestaria prudente a medio plazo”.

La lista de recomendaciones incluye muchas de las peticiones que tanto la Comisión Europea como el Eurogrupo llevan meses haciendo a los gobiernos de la Eurozona. En primer lugar, suprimir para finales de este año todas las ayudas a la energía (estimadas en el 0,6% del PIB en 2023) como la reducción del IVA y utilizar el dinero ahorrado para seguir reduciendo el déficit público. Además, y tal y como vienen proponiendo, en caso de que los precios de la energía se disparen de nuevo y requieran nuevas medidas de apoyo, el gobierno deberá garantizar que cualquier nueva subvención aprobada sea temporal y selectiva de forma que proteja “a los hogares y empresas vulnerables, sean fiscalmente asequibles y preserven los incentivos para el ahorro de energía”.

Absorción de fondos

Bruselas vuelve a poner el foco en la importancia del programa ''Next Generation' como “poderoso instrumento” para impulsar las reformas e inversiones, la necesidad de acelerar su aplicación y garantizar la continuidad de una capacidad administrativa suficiente con vistas al aumento previsto del tamaño del plan. En este terreno, recomiendan al gobierno que preserve la inversión pública financiada a nivel nacional y garantice la absorción efectiva de las subvenciones del fondo de recuperación y de otros fondos de la UE para fomentar las transiciones ecológica y digital.

Por último, el Ejecutivo comunitario insta a España a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las energías renovables, en particular “racionalizando y digitalizando los procedimientos de concesión de permisos, apoyando la labor de las autoridades encargadas de la concesión de permisos, mejorando el acceso a la red e invirtiendo en almacenamiento de energía, transmisión y distribución de electricidad e interconexiones eléctricas transfronterizas”. El documento también pide a España que aumente la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes, mediante la renovación y acelerando la electrificación de los edificios y la penetración de la electromovilidad.

Desequilibrios macroeconómicos

Un año más la Comisión Europea incluye a España entre los países que sufren desequilibrios macroeconómicos, junto a Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Rumanía y Suecia. Sin embargo, constata que “las vulnerabilidades están retrocediendo en Alemania, Francia, España y Portugal” y que de continuar esta “tendencia el próximo año daría pie a una decisión de no desequilibrios”, ha explicado el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. Grecia a Italia, mientras tanto, siguen registrando desequilibrios macroeconómicos “excesivos” aunque el diagnóstico europeo también apunta a que sus vulnerabilidades “parecen estar remitiendo, entre otras cosas gracias a los avances de las políticas”. Los otros dos países con desequilibrios son Chipre y Hungría mientras que la situación estaría contenida en República Checa, las tres repúblicas bálticas, Luxemburgo y Eslovaquia.

El ejercicio llega acompañado también de décimo noveno informe de supervisión post-programa, elaborado por los inspectores de la Comisión y el Banco Central Europeo, que confirma la resistencia de la economía española, que consiguió “superar bien” las perturbaciones provocadas por la guerra de Rusia en Ucrania y registrar un fuerte crecimiento el año pasado. Tal y como avanzó en sus previsiones económicas de primavera, la Comisión espera “que la actividad económica siga creciendo en 2023, aunque a un ritmo más moderado que el año pasado”.

El análisis confirma que el saldo de las administraciones públicas en 2022 ha mejorado, “gracias a los buenos resultados de los ingresos”, aunque alerta de que el déficit subyacente y la deuda pública siguen siendo elevados y aunque "los ingresos fiscales mantienen su impulso, la incertidumbre sobre su carácter estructural exige prudencia fiscal". El sector bancario, en todo caso, se ha mantenido resistente, ya que la calidad de los activos ha seguido mejorando y la rentabilidad aumentó notablemente en 2021 y 2022, aunque advierte de que enfrenta a nuevos retos derivados de la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación.