Encierro en la Diputación de Barcelona para reclamar una subida salarial pendiente desde 1989

Una decena de delegados sindicales se han encerrado en la sede de la Diputación de Barcelona para reclamarle al equipo directivo de Núria Marín que le suba el sueldo a 800 trabajadores. Estos llevan pendientes de una revisión de sus complementos de peligrosidad y penosidad desde 1989. La Diputación estaba estudiando actualizar después de tres décadas este plus, pero un informe interno negativo paró a última hora dicha revisión, que hubiera representado, de media, una subida salarial de 1.725 euros de media al año por trabajador.

A las puertas de las elecciones municipales del 28 de mayo, una protesta unitaria de todas las centrales con representación entre la plantilla de la Diputación (CGT, CCOO, UGT y la Intersindical-CSC) se ha encerrado a primera hora de la mañana de este jueves en Can Serra para reclamar los pagos pendientes. Y señalan directamente a varios alcaldes que aspiran a la reelección, como la primera edil de Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación, Núria Marín, o los responsables de recursos humanos de la institución, Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, y Rubén Guijarro, alcalde de Badalona.

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Fuentes consultadas de la Diputación explican que en el último pleno celebrado figuraba en el orden del día la aprobación de esa subida salarial. Un incremento que afectaría a conductores de bibliobús, guardas forestales, cocineros o jardineros en plantilla pública, entre otros. No obstante, un informe negativo de la intervención provocó que este punto se cayera del orden del día. El motivo, según explican esas mismas fuentes, es que los interventores no veían causas "excepcionales o singulares" que justificaran el aumento retributivo del plus de peligrosidad y penosidad. Cuyo coste para el organismo sería de 1,4 millones de euros más al año.

"Hay consenso y voluntad para actualizar ese complemento", insisten desde la Diputación. La idea del equipo directivo es rehacer los informes para fintar ese informe de la intervención y aprobar el incremento en el próximo pleno. El problema es que el domingo 28 de mayo están convocadas unas elecciones municipales, que cambiarán la configuración del pleno de la Diputación y retrasarán la convocatoria de la próxima reunión ordinaria. Lo que puede retrasar dicha actualización hacia la parte final del año.

Los sindicatos claman contra ese retraso y critican que la intervención no emitiera informe negativo alguno para el aumento retributivo de cargos directivos de la Diputación que se aprobó en el mismo pleno en el que se tendría que haber actualizado el sueldo de esos 800 empleados. Concretamente el organismo dio luz verde a un aumento de gasto de 483.625 euros anuales dirigidos a mejorar las nóminas de personal cualificado de oficinas.