El Congreso rebaja las multas por reclamaciones de mala fe ante el Defensor del Cliente

El Congreso ha acordado rebajar las multas máximas previstas para quienes hagan un mal uso de la nueva Autoridad de Protección del Cliente Financiero. Así, grupos parlamentarios han pactado rebajar de 500 a 300 euros la sanción máxima por presentar de forma reiterada reclamaciones que sean inadmitidas. También han reducido de 1.000 a 500 euros la cuantía máxima de la multa en los casos en que, una vez admitida y resuelta la reclamación, se "aprecie mala fe" por parte del reclamante. La iniciativa ha sido pactada por PSOE, ERC, PNV y C's, mientras que Unidas Podemos no se ha sumado porque apostaba por eliminar esas multas. Es previsible que salga adelante gracias a la abstención de grupos que no la han suscrito.

El proyecto de creación de la autoridad, así, establece que el nuevo organismo podrá sancionar a los reclamantes que "de forma reiterada en un período de un año" hayan presentado demandas que la institución haya inadmitido por ser "manifiestamente infundadas", no apreciarse "afectación de los derechos y legítimos intereses del cliente", o tener un contenido "vejatorio". También prevé que el organismo tenga la capacidad de multar, en las reclamaciones resueltas, en función de la "mala fe apreciada y de los perjuicios derivados de la reclamación para la entidad reclamada". Los grupos parlamentarios han rebajado las cuantías máximas previstas en estos casos (la mínima se mantiene en 50 euros) y también han introducido que las multas puedan ser recurridas tanto por vía administrativa como en los tribunales de lo contencioso-administrativo. 

Cuentas de pago básicas

Asimismo, una mayoría de grupos (PSOE, PP, UP, ERC, PNV y C's) han pactado mejoras en la normativa que regula las cuentas de pago básicas (las que las entidades están obligadas a conceder a colectivos vulnerables como inmigrantes sin permiso de residencia). Así, han ampliado y precisado los casos en que los bancos estarán obligados a conceder estas cuentas y la documentación identificativa que podrán presentar los interesados, al tiempo que han encargado al Banco de España que elabore un formulario de solicitud que las entidades deberán tener disponible en sus webs y oficinas. El objetivo es que los bancos tengan menos excusas para rechazar las peticiones.

Los grupos también han acordado encargar al Banco de España la elaboración de un informe bienal sobre la situación de la exclusión de los servicios financieros en el país, que el gobernador presentará en el Congreso. Además, han excluido a las grandes empresas (no así a las microempresas y pymes, además de a los particulares) de los clientes que podrán reclamar ante la Autoridad. Y han aclarado que no solo los clientes, sino también las entidades, podrán acudir a la justicia civil cuanto no estén de acuerdo con las resoluciones no vinculantes de la Autoridad (20.000 euros reclamados o más).

Juzgados y tasa

Como adelantó este diario, otro aspecto clave del proyecto que se ha acordado modificar es el del acceso a los tribunales. En el proyecto del Gobierno, las entidades y los clientes podían recurrir las resoluciones de la Autoridad o por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional en el caso de las vinculantes, o por vía civil en el caso de las no vinculantes. Había dudas sobre su encaje legal, como han advertido entre otros el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal, y finalmente se van a llevar todos los recursos a los juzgados civiles de primera instancia mediante un procedimiento abreviado y prioritariamente por escrito.

Asimismo, se ha acordado modificar la tasa de 250 euros por reclamación con que estaba previsto que las entidades financiaran la nueva autoridad, aunque manteniendo que acudir al organismo sea gratuito para los afectados. Así, el 40% del coste de funcionamiento de la institución se repartirá proporcionalmente al número de reclamaciones resueltas de cada entidad financiera respecto al total de reclamaciones resueltas, mientras que el 60% restante se repartiría proporcionalmente al número de dictámenes favorables a los reclamantes de cada entidad respecto al total de fallos favorables a los clientes. Se estimará una cantidad global anual de ingresos provisionales, que se liquidará definitivamente en el mes de abril del año siguiente, una vez conocidos los gastos definitivos de la Autoridad.