Sector inmobiliario

"La ley de vivienda congela las decisiones de inversión de los fondos internacionales"

Enrique Illán, presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, asegura que la nueva norma "crea incertidumbre a corto plazo"

Enrique Illán de Haro, presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA).

Enrique Illán de Haro, presidente de la Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA).

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La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA) critica la ley de vivienda impulsada por el Gobierno. "La nueva norma crea incertidumbre a corto plazo, algo que provoca la congelación de las decisiones de inversión de los ahorradores internacionales que ya están en mercado español, y nos hace menos competitivos para continuar atrayendo el ahorro necesario para solventar el problema de la oferta", explica Enrique Illán de Haro, presidente de la organización, en una entrevista con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

El máximo responsable de ASIPA, la asociación que aglutina las principales empresas inmobiliarias que invierten en España, cree que la nueva normativa "cambia el campo de juego para los próximos años" en la inversión en vivienda en alquiler. Una de las consecuencias inmediatas que destaca es que, si los propietarios no pueden acoplar al mercado las rentas, dejarán de invertir en los inmuebles, provocando un deterioro del parque existente. Por otro lado, para evitar problemas, algunos caseros optarán por vender los activos, sacándolos del mercado del alquiler y reduciendo la oferta, explica.

Mejorar el mercado del alquiler

El presidente de ASIPA descarta que la intervención de precios en un mercado libre sea una opción. "Hay que facilitar la creación de suelo, con procesos ágiles y con más seguridad jurídica", comenta Illán de Haro, reivindicando que la solución a la crisis pasa por ampliar la oferta. Según la firma de consultoría inmobiliaria Atlas Real Estate, España necesita 1,83 millones de inmuebles en arrendamiento para cubrir la demanda existente, la mayoría en Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Barcelona.

El presidente de la asociación en la que están incluidos grandes propietarios como Azora, Axa IM, Allianz o CEVASA, lanza sus propuestas: "Creemos en la regulación de precios en la vivienda protegida, de forma que sean asequibles, pero cuenten con ayudas públicas para que sean viables económicamente. También en la mejora fiscal del desarrollo, construcción y explotación de viviendas en alquiler, que hoy en día tributariamente están más penalizados que la de compraventa". También pide medidas que protejan la propiedad privada, entre ellas poder "recuperar las viviendas en casos de impago y okupación" y "fondos públicos para cubrir situaciones de vulnerabilidad social sin confiscar el ahorro privado".

Desde el punto de vista de las administraciones públicas, como agentes del sector, ASIPA exige que exista una movilización de los suelos públicos y reinversión de los beneficios que las administraciones obtienen en los procesos urbanísticos para la creación de vivienda social pública, que hoy ve "inexiste".

Otras reivindicaciones de ASIPA

Otra de sus principales peticiones es la que se refiere a la plusvalía municipal. "No tenía sentido que sin una plusvalía por compraventa existiese una plusvalía municipal", señala Enrique Illán de Haro. Aunque reconoce que no se ha encontrado la fórmula definitiva para calcularla, sigue siendo una gran fuente de ingresos para muchos municipios y cualquier solución consensuada en la Unión Europea generaría un déficit en las cuentas públicas.

La asociación es partidaria de una reforma de la ley de propiedad horizontal "para flexibilizar la norma de la unanimidad para la adopción de acuerdos en comunidades, un requisito que data del siglo XIX y que en muchas ocasiones sirve para bloquear reformas y otras decisiones que afectan a los edificios".