Sector inmobiliario

El Gobierno modificará la ley de Suelo para "impulsar la vivienda protegida"

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha incluido una modificación de la regulación del suelo en la nueva ley de Vivienda

Raquel Sánchez, durante la inauguración de la nueva sede de Vueling en Barcelona.

Raquel Sánchez, durante la inauguración de la nueva sede de Vueling en Barcelona.

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El Gobierno modificará la ley de Suelo aprovechando la tramitación en el Congreso de la nueva normativa de vivienda pactada por el Ejecutivo de coalición con ERC y Bildu. Según confirman fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Moncloa "quiere dar un impulso a la vivienda protegida en alquiler a precio limitado" y lo hará a través de una disposición en la nueva ley de Vivienda anunciada este viernes.

La reforma modificará los porcentajes que los propietarios de suelo tendrán que reservar para vivienda protegida. Según los planes del Gobierno, en las actuaciones de nueva urbanización la reserva mínima pasará del 30% al 40% del suelo urbanizable. En el caso de las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización en suelo urbano no consolidado, cambiará del 10% al 20%.

El texto que irá al Congreso de los Diputados a través de la ley de Vivienda deja abierta una excepción: "Podrá fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social", según el documento al que ha tenido acceso El Periódico de España.

Desde el Ministerio liderado por Raquel Sánchez aseguran que este cambio en la cesión de suelo para vivienda protegida podría haberse hecho a través de la modificación de la ley del Suelo actualmente en marcha, pero que han preferido hacerlo a través de la ley de Vivienda porque "tiene más sentido" dentro de la política llevada a cabo por el Ejecutivo.

¿Qué pasará si sale adelante?

Daniel Cuervo, secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APC), explica que una de las consecuencias inmediatas de subir las reservas mínimas para vivienda protegida será que "la vivienda libre será mucho más cara".

El directivo de la asociación considera que esta reforma de la vivienda protegida tendría que ir de la mano de la actualización de los módulos. ¿Qué son los módulos? El precio máximo al que se puede vender una vivienda protegida, que fija cada región y cambia según la clase de protección que tenga y de la ubicación de la misma. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid llevan sin actualizarse desde 2008, siendo una de las grandes reivindicaciones del sector inmobiliario en los últimos años.

Esta modificación de la ley de Suelo para favorecer la creación de vivienda protegida puede quedar sin efecto si no se suben los precios máximos de venta. ¿Por qué? Porque los costes de construcción han subido desde 2008, reduciendo el margen que quedaba para los promotores, hasta el punto de no querer construir sobre ellos.

"Si los precios de los módulos dependen de cada comunidad autónoma y no se actualizan, mientras los costes de construcción sí han aumentado, impide que esos suelos se puedan poner en carga. Como están topados los precios de la venta, hacen inviable la operación y tienes suelos protegidos que no puedes poner en el mercado. Si se va a aumentar del 30% al 40% los suelos de reserva protegida, urge que todas las regiones que no han actualizado lo hagan", concluye el secretario general de APC.

Una promesa pendiente

Esta reforma puntual de la ley de Suelo se realizará al margen de los cambios en la norma que el Ejecutivo tiene ya en marcha. Tal y como informó EPE en octubre del pasado año, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva meses trabajando en sacar adelante una modificación legislativa para evitar la paralización de la actividad urbanizadora por defectos de forma en el trámite.

La intención del Gobierno es "combatir la problemática actual sufrida por todos los promotores, tanto públicos como privados, abordando este problema de la tramitación de los cientos de planes urbanísticos en los que a causa de recursos judiciales los planes generales sean declarados nulos por aspectos de forma y no sustanciales”. Precisamente en los últimos años, recursos judiciales acabaron con numerosos instrumentos de planeamiento, como los planes de ordenación urbana de ciudades como Vigo, Santander, Castellón o Santa Cruz de Tenerife.

El último cambio en su tramitación es del 13 de diciembre del pasado, cuando la norma llegó en forma de borrador de anteproyecto al Consejo de Ministros. Hasta el pasado 9 de enero, el anteproyecto de ley estuvo en fase de información pública, recibiendo 107 alegaciones, 46 de asociaciones ecologistas. El resto fueron de abogados y arquitectos, del Colegio de Arquitectos y de Registradores de la Propiedad, de los gobiernos de Galicia y Extremadura, del Ayuntamiento de Madrid, de asociaciones empresariales y de los sindicatos.

Desde el despacho de abogados Garrigues calificaron esta modificación de la regulación existente como "un hito de gran trascendencia en nuestro ordenamiento jurídico en la medida en la que abordaría la regulación de cuestiones que se plantean con gran recurrencia en la práctica administrativa y judicial".