La división del Congreso lastra el debate sobre volver a reforzar la supervisión de la banca en EEUU

Las rápidas y contundentes acciones públicas evitaron inicialmente que la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank se volvieran una gran crisis y ante la zozobra de First Republic Bank se ayudó a gestar una intervención privada que salvó a la entidad. Las turbulencias en el sector, no obstante, y sus consecuencias, se están mostrando mucho más profundas y trascendentales de lo deseado. Y lo sucedido ha colocado a autoridades, legisladores y reguladores económicos del país frente al espejo de sus deficiencias en los controles y la supervisión del sector bancario. 

El presidente de EEUU, Joe Biden; la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como varios congresistas y senadores demócratas, replantean ahora regulaciones y normas, y abogan por reforzarlos. En el caso de los demócratas más progresistas, se llama a recuperar la fortaleza en los controles que en 2010 estableció la ley Dodd-Frank, con la que se respondió a la gran crisis de 2008 y 2009. 

Se desandarían así pasos dados en 2018, cuando durante el mandato de Donald Trump, y con el apoyo de Powell y también de algunos demócratas, se aprobó una ley que rebajó las regulaciones de la banca. Pero la división actual del Congreso donde cada partido controla una cámara, las reticencias de moderados y republicanos y la firme oposición de la industria de la banca dan de momento grises perspectivas a cualquier esfuerzo de aprobar nueva legislación.

Propuestas de ley

Biden, que carece de autoridad ejecutiva suficiente en este terreno, ha instado al Congreso a actuar. Esta semana Yellen llamaba en una comparecencia ante las Cámaras a “reconsiderar apuntalar la regulación”. Y en su rueda de prensa tras anunciar la novena subida consecutiva de los tipos de interés de la Fed, y reconociendo que la inestabilidad financiera puede afectar a su futura política monetaria, Powell declaraba: “claramente necesitamos reforzar supervisión y regulación”.

Ante los congresistas Yellen mencionaba propuestas específicas, y algunas ya figuran en proposiciones de ley de los demócratas que han iniciado su difícil andadura en unas cámaras donde los republicanos culpan a los reguladores y no a la regulación. Una, por ejemplo, sería penalizar a los ejecutivos bancarios de entidades fallidas, recuperando sus compensaciones o los beneficios que obtengan de ventas de acciones en los 60 días previos al colapso de una entidad. 

Yellen planteó además la necesidad de restaurar algunas de las reglas que relajó la ley de 2018, actualizar las pruebas de estrés y los requerimientos de liquidez de la banca, además de actualizar toda la normativa para estar al día con la tecnología, reconociendo el impacto que las redes sociales, por ejemplo, tuvieron en la fuga de depósitos de Silicon Valley Bank y Signature. Y son ideas que ya han puesto en propuestas de ley demócratas progresistas como los senadores progresistas Elizabeth Warren y Bernie Sanders y la congresista Katie Porter. 

Uno de los grandes temas de debate es si debe elevarse la garantía a todos los depósitos, que actualmente están cubiertos hasta los 250.000 dólares por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por sus siglas en inglés), aunque se cubrieron totalmente en los casos de Silicon Valley y Signature. Y aunque Yellen negó que el Tesoro se plantee dar sin el Congreso ese paso que solicitan algunos en el sector aunque sea de forma temporal, también dijo que “merece la pena” que las Cámaras estudien cambios en ese sistema.

Revisión de la Reserva Federal

La Reserva Federal, que ya ha puesto en marcha una revisión de su propia actuación supervisora frente a Silicon Valley Bank con la que ha dicho que espera “aprender lecciones”, está estudiando endurecer los requerimientos de capital y liquidez para entidades de tamaño medio como era el banco californiano.

Además, la Fed estudia dar pasos para ampliar las pruebas de estrés a bancos que tengan entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en activos. Rebajaría así considerablemente el umbral que desde 2018 limitaba esas pruebas solo a quienes superaran los 250.000 millones, un puñado de entidades que se consideraban sistemáticamente vitales, aquellas que tras la crisis del 2008 y el 2009 entraron en esa categoría popularmente conocida como “demasiado grande para caer”.

Es un cambio de paso para la Fed, y para Powell, que defendió reducir las regulaciones para los bancos de tamaño medio que se habían impuesto con la Ley de Protección Consumidor y Reforma de Wall Street de 2010, la Dodd-Frank, ,que además de imponer supervisión federal más estricta a cualquier banco con más de 50.000 millones en activos establecía requerimientos de seguridad financiera, el veto a algunas operaciones arriesgadas o requisitos más duros de garantías de que podrían absorber pérdidas inesperadas o fugas de depósitos.

Powell adoptó esa posición en 2017, cuando se sometía a la vista de confirmación en el Senado tras ser nominado por Trump para presidir la Reserva Federal. Y lo respaldó esa relajación de controles también en 2018 en su primera comparecencia ante el Congreso ya al frente del banco central estadounidense. Aunque la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, escribió que la ley que rebajaba la Dodd-Frank “incrementará la posibilidad de que caiga una gran firma financiera con activos de entre 100.000 y 250.000 millones “, la norma fue aprobada por las Cámaras, con apoyo mayoritariamente republicano pero también de un 17 demócratas en el Senado y 33 en la Casa de Representantes, y después de intenso lobi por parte de entidades regionales y medianas como el propio Silicon Valley Bank.

La ley de 2018 y la guerra política

Hay división de opiniones sobre si lo sucedido en los últimos días puede vincularse directamente a la relajación de controles de la ley Dodd Frank con la ley de 2018. Algunos sí lo piensan, como los Sanders y Warren, que además ha pedido a Powell que se recuse de la revisión interna de la Fed (a cuyo frente se ha puesto el vicepresidente de supervisión, Michael Barr) asegurando que “sus acciones contribuyeron directamente” al colapso de los bancos de la última semana.

Otros, como Dennis Kelleher, director de la organización a favor de la reforma financiera 'Better Markets', piensan que la ley del 2018 puede haber tenido un “impacto modesto”. Aun así, Kelleher señaló en declaraciones a CNN a cargos de la Fed nombrados por Trump, que relajaron la supervisión bancaria y ni siquiera aprovecharon poderes que les daba la norma. En el caso de Silicon Valley Bank habrían podido, por ejemplo, instar a la entidad a elaborar planes para contrarrestar puntos débiles, como el alto porcentaje que tenían de depósitos superiores a 250.000 dólares y por tanto no asegurados por la FDIC o la concentración en un área y una industria particular (la tecnológica de California).

La mayoría de los republicanos han preferido señalar a otros factores como causas de lo sucedido. El gobernador de Florida y potencial candidato presidencial republicano para 2024 Ron DeSantis, que como congresista votó a favor de la ley de 2018, ha liderado una campaña que denuncia que el colapso se debe a la supuesta ola “woke” en los bancos, en la que engloba tanto a los criterios de diversidad, igualdad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) como a los ambientales sociales y de buen gobierno (ESG en inglés, ASG en castellano). Además, se culpa a las políticas de gasto de Biden, a las que se atribuye la subida de la inflación disparada y las políticas agresivas de subidas de tipos de la Fed que afectaron a las inversiones en bonos de SVB.

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