Incumplir la reforma de las pensiones podría penalizar con 2.500 millones a España

1 Cómo compensar un agujero de 50.000 millones

Según se desprende de los cálculos remitidos por el ministro José Luis Escrivá a la Comisión Europea, haber desmontado la reforma que hizo el PP para recortar las pensiones obliga al Gobierno a adoptar reformas que compensen los 3,7 puntos de PIB (unos 50.000 millones de hoy) que esas medidas hubieran permitido ahorrar en el horizonte de 2050. Escrivá estima que recuperar la subida de las pensiones con el IPC añadirá 1,4 puntos de PIB al gasto de 2030 y 2,7 puntos en 2050 (unos 36.000 millones de hoy). Además, desmontar el Factor de Sostenibilidad diseñado por el PP añade otro punto de PIB de mayor gasto (unos 13.300 millones de hoy). 

2 Alargar la edad real de jubilación: ¿Hasta el 1,6% de PIB de ahorro?

Entre las medidas del Gobierno para compensar el agujero de 3,7 puntos de PIB en 2050 por haber desmontado los recortes del PP, el Gobierno ha aprobado medidas para estimular el retraso voluntario de la edad de jubilación. El objetivo es que la edad media real del retiro se acerque a la edad legal de jubilación, de 67 años. Según las estimaciones remitidas por Escrivá a Bruselas, esta medida permitirá un ahorro de entre 0,2 y 0,4 puntos de PIB en 2030 y de entre 1,1 y 1,6 puntos en 2050. Los servicios de la Comisión Europea, sin embargo, considera que los ahorros se quedarán en el límite inferior de las horquillas. 

3 Nuevo Mecanismo de Equidad: ¿Ingresos por 1 punto de PIB? 

El Gobierno también ha explicado a Bruselas que haber derogado el Factor de Sostenibilidad del PP (que reducía la cuantía de la pensión a medida que se alargaba la esperanza de vida) y sustituirlo por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, que introduce un recargo de 0,6 puntos en la cotización social) tendrá un efecto neutro en las cuentas. Es decir, que el MEI, compensaría el ahorro de un punto de PIB estimado para el Factor de Sostenibilidad. La Comisión Europea recela de este cálculo y sostiene que eliminar el factor de sostenibilidad “es probable que conduzca a un aumento significativo del gasto público como porcentaje del PIB a lo largo del tiempo”. El Gobierno ya ha aceptado alargar hasta 2050 el mecanismo (desde la fecha inicial de 2030) parta intentar acallar los recelos de la Comisión Europea.

4 Nuevo régimen de autónomos: ¿0,6 puntos de PIB de más ingresos?

Este asunto es especialmente espinoso. En diversas ocasiones, el ministro Escrivá ha insistido en que el sistema para adecuar la cotización de los autónomos a sus ingresos reales será neutral desde el punto de vista de la recaudación. No parece ser esto lo que se ha explicado en Bruselas. “Las autoridades españolas han proporcionado proyecciones que muestran que el cambio gradual hacia la renta imponible [ingresos reales] como base de cotización aumentará las contribuciones totales al sistema. Los servicios de la Comisión consideran plausibles esas estimaciones”, se afirma en el informe preliminar emitido por la Comisión Europea este 17 de febrero para autorizar el desembolso a España del tercer tramo de fondos europeos. Aunque el impacto recaudatorio de la reforma del régimen especial de autónomos no figuran en el documento y el ministro Escrivá no lo reconoce en público, fuentes oficiales estiman este impacto en 0,6 puntos de PIB. 

5 Alargar a 30 años el periodo de cálculo de la pensión: ¿Efecto neutral?

El ministerio de Seguridad Social sostiene que su propuesta para alargar de 25 a 30 años el periodo de cálculo de la pensión, con la posibilidad de no tomar en cuenta los dos años peores de la carrera profesional, tendrá efecto neutral sobre la recaudación. Pese al recelo que esta medida suscita entre los sindicatos, cálculos internos de estas organizaciones parece avalar a medio plazo los cálculos del ministerio. Aunque hay estudios que apuntan a que alargar el periodo de cálculo reduce la pensión (el Banco de España, por ejemplo, ha estimado que alargarlo a 35 años recortaría la pensión resultante el el 8,2%), la posibilidad de excluir los dos años peores del cómputo podría acabar siendo beneficioso en muchos casos. Escrivá insiste en que uno de cada tres pensionistas saldrá ganando. Siendo así, esta medida podría acabar concitando la aceptación de los grupos políticos de izquierda del Congreso de los Diputados que rechazan alargar el periodo de cómputo. Sin embargo, la neutralidad no contribuye a la mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones que Bruselas espera del Gobierno español. 

6 Mayor cotización de las bases máximas: ¿0,5 puntos de PIB de mayores ingresos?

La bala de plata que le queda al ministro Escrivá para lograr los mayores ingresos que le permitan garantizar la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social sin caer en el recorte de pensiones se fía a las bases máximas de cotización. El ministerio ha puesto sobre la mesa elevar la actual base máxima de cotización (4.495,50 euros mensuales) en un 30% de forma gradual a lo largo de 30 años. Este 30% sería adicional a la subida que se pueda derivar de la actualización con el IPC de las bases de cotización. Como contrapartida, la propuesta del Gobierno incluye elevar la pensión máxima, aunque en menor medida (entre un 15% y un 25%, tal como adelantó el ministro EL PERIÓDICO). Según los cálculos del Gobierno, esta medida, aún sin cerrar, podría añadir medio punto de PIB a los ingresos del sistema. Además, según adelantó El País, España ha planteado a Bruselas establecer un recargo de cotización sobre la base máxima incrementada. 

7 Cuarto desembolso de los fondos: ¿Llegarán los 10.000 millones íntegros?

De acuerdo con el calendario de reformas comprometido por España dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, España debía haber culminado su tercera ronda de la reforma de la Seguridad Social antes del 31 de diciembre de 2022 habiendo completado tres hitos pendientes: alargar el periodo de cálculo de las pensiones, elevar las bases máximas de cotización y presentar un informe con cálculos exhaustivos que avalen que todas las reformas acometidas desde 2021 garantizan la sostenibilidad del sistema. Aún no se ha logrado culminar esta ronda de reformas -pendiente de combinar el acuerdo social, político y Europeo que precisa- aunque Escrivá dice que los acuerdos estarán listos en los próximos días. Una vez que se culminen estas reformas, España estará en condiciones de solicitar el cuarto desembolso programado de los fondos europeos (el tercer desembolso ha sido autorizado el 17 de febrero). Si Bruselas considera satisfactorio el cumplimiento de los hitos podrá autorizar el nuevo desembolso, de 10.000 millones, de forma íntegra. Si no, podrá penalizar a España con una entrega menor en este cuarto desembolso. 

8 Posible penalización: hasta 2.500 millones de fondos europeos en juego

La Comisión Europea ha publicado el 21 de febrero cuáles serán sus criterios a la hora de dictar desembolsos parciales por incumplimiento de algunos de los hitos comprometidos por los países en sus respectivo Planes de Recuperación. La cantidad total de transferencias previstas (69.720 millones en el caso de España) deberá dividirse por el numero total de hitos y objetivos comprometidos (415, en el plan español). Eso dará como resultado un valor unitario de cada hito (168 millones, para España). La penalización será el resultado de multiplicar el número de hitos incumplidos por el valor unitario, pero el documento emitido por la Comisión Europea advierte de que en el caso de reformas sin cumplir, la cantidad resultante puede se multiplicada por un 5, dependiendo de su relevancia. A partir de estas reglas, y teniendo en cuenta que la Comisión Europea tienen pendiente de evaluar tres hitos correspondientes a la sostenibilidad del sistema, se podría llegar a la conclusión de que una hipotética penalización a España por incumplimiento en estas reformas podrían llegar a 2.500 millones. La cantidad podría ser aún mayor, si se tiene en cuenta que el hipotético incumplimiento afectaría a una de las recomendaciones a España que forman parte del llamado 'semestre europeo', lo cual es considerado como un agravante. Con todo, el sistema prevé un plazo posterior de seis meses durante el cual el Estado miembro podría acabar cumpliendo los hitos correspondientes. Si así fuera, la Comisión Europea, tras una evaluación positiva, levantaría la suspensión y abonaría la cantidad congelada. Sin embargo, si en ese plazo extra de seis meses la evaluación es negativa se perdería de forma permanente la cantidad suspendida y sería deducida del montante global.

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