La patronal de las grandes eléctricas recurre el impuesto al sector en la Audiencia Nacional

Después de que este miércoles las dos patronales bancarias --CECA y AEB-- interpusieran sendos recursos contra el impuesto a la banca, como había adelantado El Periódico; este jueves ha sido la patronal de las grandes eléctricas, Aelèc, la que ha anunciado que llevará al Gobierno ante la Audiencia Nacional por el impuesto que grava al 1,2% los ingresos de las compañías eléctricas durante los años 2022 y 2023. "La asociación de las principales eléctricas en España recurre directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas", ha anunciado la asociación que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP.

Aelèc se opone a un gravamen al considerarlo "discriminatorio e injustificado" por ser contrario a lo que se plantea desde la Comisión Europea -- Bruselas propuso a los países crear un gravamen para petroleras y gasistas (no, para las eléctricas) que afectase a los beneficios y no las ventas--, así como por que solo afecta a "un número determinado de empresas eléctricas y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas". El tributo afecta a los "operadores principales" de los tres sectores (electricidad, petróleo y gas) de acuerdo a la clasificación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) --lo cual limita las posibilidades a Endesa, Iberdrola, Naturgy, TotalEnergies, EDP, Repsol, Cepsa, BP, Península Petroleum, Petronieves y Disa-- que tengan una facturación superior a 1.000 millones.

La banca ultima una vía judicial más rápida contra el 'impuesto' al sector

Además, la patronal eléctrica se queja de la doble imposición que se produce, a su juicio, en su caso, pues las compañías eléctricas ya sufren desde septiembre de 2021 en España un recorte a los beneficios extraordinarios de sus centrales renovables, hidráulicas y nucleares que vendan su electricidad por encima de los 67 euros por megavatio-hora (un tope mucho más bajo que el que propone la Comisión Europea de 180 euros por megavatio-hora). "Grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública", advierte la asociación en un comunicado.

La patronal eléctrica es la única de las asociaciones que representa al sector energético que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Ni la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) ni la Asociación Española del Gas (Sedigas), que aglutinan entre ambas a otras grandes compañías como Naturgy, Repsol, Cepsa o BP pretenden recurrir como patronales la orden del Ministerio de Hacienda, según han confirmado fuentes de ambas asociaciones a El Periódico. Otra cosa es que las empresas, de forma individual, impugnen la liquidación del impuesto, cuyo pago adelantado finaliza este lunes 20 de febrero. Algunas como Iberdrola o Repsol han confirmado ya que harán "todo lo posible" para evitar el gravamen, mientras que otras como BP o Naturgy están "analizándolo". Las empresas tienen un plazo de cuatro años para recurrir el pago del tributo.