Obstáculo a los fondos europeos
Los inspectores de Trabajo amenazan con elevar su conflicto con el Gobierno a Bruselas
Ocho sindicatos adelantan que torpedearán la recepción de fondos europeos si el Ejecutivo no aumenta los efectivos de la 'policía laboral'

Inspectores de Trabajo, en huelga / Jesús Hellín / Europa Press


Gabriel Ubieto
Gabriel UbietoRedactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
Los inspectores de Trabajo en pie de guerra desde hace meses con el Gobierno amenazan con elevar a Bruselas su conflicto y torpedear la recepción de fondos europeos por parte del Reino de España. Los ocho sindicatos convocantes del actual ciclo de huelgas -dos paros en los últimos dos meses, más un tercero que tendrá lugar el 22 de febrero- denuncian que siguen sin poder sentarse a una mesa a negociar con el Ejecutivo y que este no atiende a sus peticiones de reforzar con más efectivos y medios al organismo inspector.
CCOO, CIG, Sitss, Sislass y Usess se han sumado UGT, Csif y Upit interpretan que el Gobierno está incumpliendo sus compromisos a la Comisión Europea, en el marco del plan de Recuperación y Resiliencia. Concretamente citan el componente 23, aquel relativo a las reformas en el ámbito laboral -como la de contratación o la 'ley Rider'- y que especifica que el Gobierno se compromete a un "aumento de la plantilla estable de la inspección de trabajo y seguridad social", según recoge el texto.
La falta de más efectivos, tal como le reclaman al Ejecutivo, supone un "incumplimiento flagrante que puede comprometer el acceso del Reino de España a los fondos Next Generation EU", según han denunciado las centrales este miércoles en rueda de prensa. El cuerpo de Inspección de Trabajo lo forman un total de 2.051 agentes, entre inspectores y subinspectores, según la última memoria publicada por el organismo, referente al 2021.
Con su denuncia pretenden obligar al Ejecutivo a aumentar el número de nuevas oposiciones, así como las condiciones de las mismas, bajo riesgo de que Bruselas pudiera denegar la entrega de las futuras transferencias de fondos europeos, que están condicionados al paquete de reformas remitido.
También reclaman una mejora de los medios técnicos, ante las reiteradas incidencias con las herramientas informativas que los empleados del cuerpo denuncian con frecuencia y que dificultan su labor inspectora.
Nueva huelga el 22-F
Las centrales han adelantado que el próximo miércoles 22 de febrero irán de nuevo a la huelga, salvo que sucediese "algo tocante a lo milagroso". Y es que critican que desde los ministerios de Trabajo y de Hacienda -los dos directamente implicados- "no se ha producido ni un gesto" en las últimas semanas. Concretamente a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le recriminan que "el eslogan del diálogo social no se cumple en su propio ministerio".
Casi todas las centrales apoyan los paros, a excepción del Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social (Seslaess), con fuerte peso entre dicho cuerpo y que ha decidido no secundar las protestas.
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