Catalunya reclama 526 millones al cartel de pañales para adultos por subir precios de forma ilegal

El Catsalut ha presentado una demanda por 526 millones de euros contra dos multinacionales y sus filiales en España, fabricantes de pañales para adultos, por inflar los precios. Es la primera reclamación económica que hace un organismo público en España a raíz de una sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ya ratificada por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. De tener éxito, esta reclamación, se abrirá la puerta a que otros servicios de salud autonómicos presenten sus reclamaciones. 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), durante 18 años (1996-2014), ocho empresas y la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), conformaron un cártel para fijar los precios de venta de los absorbentes por la incontinencia de pacientes no hospitalizados, que se compran en las farmacias y son financiados por la Seguridad Social. Este problema de salud afecta a 2,5 millones de personas en España y se trata de la partida presupuestaría más grande de los productos sanitarios del sistema de salud.

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Ahora, el Catsalut reclama "daños y perjuicios" contra Essity Spain, Essity Group Holding, Laboratorios Hartmann y Paul Hartmann España, por su pertenencia a un cartel de empresas que inflaban precios y se reclama la cantidad de 526 millones. En este tipo de demandas, todos los integrantes del cartel son responsables solidarios ante las reclamaciones. Según destapó la CNMC y confirmaron los tribunales, las empresas cartelistas estaban constituidas como "Grupo de Trabajo" sobre pañales para adultos y en el seno de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), empresas como Arbora & Ausonia (sucedida por Procter & Gamble España), Laboratorios Indas,, SCA Hygiene Products, Laboratorios Hartmann, Ontex ID, Barna Import Médica, Textil Planas Oliveras y Algodones del Bages. Según la CNMC, fijaron los precios de venta de los pañales para adultos comercializados a través de las farmacias, al menos, desde diciembre de 1996 hasta enero de 2014. La cuota de mercado de este cartel era del 96%. Mediante su acuerdo, "incrementaron artificialmente el precio de venta de los pañales para adultos o absorbentes de incontinencia urinaria (AIO)", concluyeron los tribunales. 

'Modus operandi'

El 'modus operandi' del cartel consistía en dos actitudes fraudulentas combinadas. Por un lado, obstaculizaba las licitaciones públicas por las cuales las autoridades sanitarias adquirían pañales para distribuirlos entre pacientes no hospitalizados: las empresas condenadas interponían recursos de forma reiterada para dificultar estas licitaciones, y así conseguir que se vendieran a farmacias, donde conseguían más rentabilidad. Por otro lado, "una vez orientada la distribución a través del canal farmacia, los fabricantes sancionados llegaban a acuerdos para fijar los precios de venta a los distribuidores mayoristas. Con esto falseaban la competencia y obtenían más márgenes", explica Albert Poch, abogado de la demandante. En opinión de Poch, uno de los elementos cruciales de esta demanda es que "abrirá la puerta a que otros organismos públicos presenten demandas contra los cárteles demostrados por la CNMC". 

La CNMC consideró que la dispensación de los pañales para adultos a través del canal farmacéutico resultaba mucho más lucrativa para los integrantes de esta agrupación que la venta en el canal institucional (cuyos precios resultaban de media un 50% más bajos), lo que motivó que implementaran una estrategia consistente en la interposición de recursos contra la convocatoria de concursos públicos, para mantener la venta de los AIO a través de las farmacias.

Conducta ilícita

Según Poch, "con esta conducta ilícita, perjudicaron tanto al consumidor, como al Servicio Nacional de Salud. Estas empresas, cuatro directivos y Fenin fueron sancionadas con 128 millones de euros. Todos los servicios de salud nacionales están afectados, puesto que la venta de los absorbentes se hace en todo el Estado español".

El Catsalut es la primera administración pública (y el primer servicio de salud) que interpone una reclamación económica en concepto de daños y perjuicios. Rafael Gomàriz, gerente de la Asesoría Jurídica del Servei Català de la Salut, difundió este miércoles públicamente la demanda y emplazó a las Administraciones Públicas en general "a reclamar los daños causados por infracciones de competencia" y a "fomentar la compensación de los daños sufridos por el sector público a causa de prácticas anticompetitivas".

Según datos de la OCDE, el sobrecoste causado a la Administración por la falta de competencia en procedimientos de licitación pública ronda el 20% del precio del contrato afectado. En el caso de los pañales, los cálculos son superiores. Según el informe de la Generalitat, "curiosamente las administraciones públicas raramente reclaman los daños sufridos a las empresas infractoras, por lo que considera que los principios de eficiencia y buena administración en la gestión de los recursos públicos son incompatibles con la pasividad del sector público enfrente de estos perjuicios".

Un documento que ha elaborado la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) desgrana los principales elementos a tener en cuenta a la hora de reclamar estos daños, expone diferentes alternativas de financiación del procedimiento, recoge ejemplos relevantes de administraciones que han interpuesto este tipo de acciones en el mundo y propone una serie de medidas para fomentar la reclamación de daños en el sector público. 

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