El impuesto a las viviendas vacías en Extremadura afectará a sociedades con más de cinco inmuebles

El anteproyecto de ley ha recibido este lunes el visto bueno de la Junta en un Consejo de Gobierno Extraordinario y posteriormente Iglesias y el consejero portavoz, Juan Antonio González, han procedido a su registro en la Asamblea para que pueda iniciar la tramitación parlamentaria. Estará listo en este último periodo de sesiones, pero Iglesias ha avanzado que incluye una vacatio legis de seis meses, por lo que su entrada en vigor se retrasaría hasta finales de año.

Se presenta a las puertas del cierre de la legislatura, pero se trata de un proyecto de ley muy esperado porque que incluye varias novedades importantes prometidas por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara y también el cumplimiento de compromisos que, en materia de vivienda, se pactaron con Podemos en la anterior legislatura, cuando el PSOE no tenía mayoría absoluta. El principal es este impuesto a los grandes propietarios de vivienda, que permitió la aprobación de la actual ley de vivienda autonómica en 2019 y que según Iglesias, hasta ahora no se ha aplicado porque "parte de su desarrollo reglamentario requería carácter de ley".Controlar los alquileres

La consejera ha explicado que el objetivo de este impuesto es intervenir en el mercado para "aliviar" los precios del alquiler: no permitir que haya grandes sociedades que acumulen viviendas desocupadas y que por falta de oferta, los precios suban. "No tenemos un problema de número de unidades inmobiliarias en Extremadura, pero sí podemos tener un problema de oferta lanzada al mercado", ha señalado Iglesias.

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Por ello se aplicará solo a personas jurídicas (entidades bancarias, sociedades y fondos de inversión, fundamentalmente) con más de cinco viviendas en propiedad que permanezcan vacías durante un periodo acumulado de un año. El tipo a aplicar será progresivo y dependerá de la superficie: desde 7,5 euros por metro cuadrado de vivienda vacía a partir de 500 metros en propiedad, a un máximo de 22,5 euros por metro cuadrado si se tienen más de 4.000.

Según Iglesias, la consejería ha hecho ya un rastreo y estima que "entre 40 y 50" sociedades se verían afectadas por el tributo en Extremadura, si bien esos datos hay que "contrastarlos y cotejarlos". Después, se aplicaría un procedimiento de autoliquidación similar al que ya aplican otras comunidades como Valencia o Cataluña.