La Audiencia de Madrid rechaza seguir investigando el rescate de la aerolínea Plus Ultra

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Vox contra el cierre de las actuaciones en la causa que investigaba el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra, que fue archivada por el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid el pasado 5 de enero.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, fechado el pasado 11 de enero, la Audiencia Provincial rechaza el recurso de nulidad de las actuaciones presentado por Vox, atendiendo al criterio de la Fiscalía y del Abogado del Estado, al entender que no ha existido indefensión.

La compañía ha manifestado que estas dos resoluciones "han dado la razón a la compañía aérea, que ha demostrado el cumplimiento de las condiciones necesarias para ser beneficiaria de la financiación pública obtenida".

El juzgado madrileño acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que investigaba el rescate de la aerolínea, al entender que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

Por ello, descartó que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en la que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

En abril de 2022 el juzgado inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.

En aquel momento, la magistrada Esperanza Collazos indicaba que "los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

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Entre los miembros del consejo de la SEPI contra los que se dirigía la querella figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Empresa).

También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.