CRISIS ENERGÉTICA

La gran industria pide rebajas en su factura de luz durante todo 2023

Los grupos electrointensivos respaldan la propuesta de reforma del mercado eléctrico del Ejecutivo y prolongar la ‘excepción ibérica’ todo lo necesario

Aspecto de la factoría de ArcelorMittal de Avilés.

Aspecto de la factoría de ArcelorMittal de Avilés. / EFE

David Page

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La gran industria lleva años alertando del impacto que tienen los altos precios de la electricidad en España en su rentabilidad y en su capacidad de competir con sus rivales europeos. Y tras más de un año de crisis energética y de escalada y volatilidad en los mercados, los grandes industriales cuya actividad está muy condicionada por el alto consumo de electricidad alertan de que el precio sigue siendo su principal preocupación para este año.

Grandes grupos industriales con un consumo intensivo de electricidad —para algunos la factura eléctrica representa el 50 o el 60% del total de sus costes de producción— presionan al Gobierno para que garantice que un escudo frente a las subidas de precios durante todo 2023, tanto mediante rebajas en sus facturas de luz como a través de un mayor importe de ayudas directas a las compañías para compensar los costes.

Como parte de las medidas extraordinarias para paliar el impacto de la subida de la luz recogidas en el tercer decreto anticrisis, el Gobierno ha decidido mantener una rebaja temporal del 80% de los peajes que pagan unas 600 empresas electrointensivas en su factura eléctrica. El Ejecutivo ha decidido prolongar la medida sólo hasta el próximo 30 de junio, pero la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) reclama ya al Ministerio para la Transición Ecológica como medida de protección imprescindible para la gran industria que mantenga ese descuento al menos durante todo 2023.

La rebaja temporal del 80% de los peajes que se incluyen en la factura (con los que se pagan las inversiones en redes eléctricas de distribución y de transporte) se suma a la bonificación, ésta sí permanente, del 85% de los cargos del recibo (con los que se financian la retribución a las renovables reguladas, la deuda del sistema y los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares) que perciben todos los consumidores electrointensivos. La asociación alerta de que la situación de la industria sigue siendo crítica en plena sacudida energética y reclama mantener la rebaja combinada de ambos conceptos en sus facturas de luz.

Doblar ayudas directas

La gran industria también se beneficia cada año de un sistema de ayudas para compensar los costes de las emisiones indirectas de CO2. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 contempla una partida de 244 millones de euros para estas ayudas, igualando el montante repartido el año anterior.

“Esa cantidad es claramente insuficiente”, sentencia Pedro González, director general de AEGE, “el Gobierno debe adecuar las ayudas a la nueva realidad, con el precio de los derechos de emisión de CO2 disparados”. La patronal de los electrointensivos, que agrupa a una treintena de gigantes industriales como ArcelorMittal, Acerinox, Sidenor, Sener, Ferroatlántica o Tubos Reunidos, reclama al Ministerio de Industria que dispare ese importe este año hasta entre 400 y 500 millones de euros.

Según la regulación comunitaria, estas compensaciones pueden cubrir hasta un 75% de los costes indirectos por CO2 de las empresas electrointensivas y para financiar el programa puede destinarse un máximo del 25% de los ingresos de cada país por las subastas de derechos de emisión. AEGE considera que los actuales precios de los derechos de emisión (en el entorno de los 80 euros por tonelada, más del doble que antes de la pandemia) y la previsión de que sigan subiendo en los próximos años justifican una revisión al alza de las ayudas españolas.

La Comisión Europea aprobó el pasado marzo el plan de ayudas del Gobierno español para toda esta década que contemplaba 2.900 millones de euros para compensar parte de los costes de emisiones indirectas de CO2. La gran industria alerta de que el importe del plan español es claramente exiguo frente a las compensaciones aprobadas por Bruselas para otros estados miembros, como el plan de Alemania que contempla ayudas de 27.500 millones para su industria en una década. Desde la industria española se confía en que el Ejecutivo renegocie con la Comisión los términos del plan hasta 2030.

Mantener la 'excepción ibérica'

La industria electrointensiva se queja de que las eléctricas no les ofrecen contratos de suministro a precios estables y razonables, y que los PPA (contratos a largo plazo) siguen muy contaminados por las expectativas de que los precios energéticos seguirán altos. Y con el mercado a plazo cerrado o casi, los grupos industriales siguen acudiendo al mercado mayorista eléctrico para garantizar la energía que necesitan.

Por eso AEGE respalda la propuesta del Gobierno español para reformar la regulación de la UE de los mercados eléctricos y la pretensión del Ejecutivo de que Bruselas permita prolongar la excepción ibérica (el mecanismo para limitar el precio de gas que se utiliza para producir electricidad que se aplica en España y Portugal y que expira el próximo 31 de mayo) hasta que esté en marcha esa reforma.

“Nos parece adecuado prorrogar la 'excepción ibérica' porque las expectativas para el segundo semestre de este año sigue siendo de precios altos. Esperemos que Bruselas dé el visto bueno de ampliarla todo 2023 o incluso 2024”, explica González. Con el tope al gas como medida de protección temporal —el mecanismo está sirviendo para contener la subida del mercado mayorista de electricidad—, la patronal de los electrointensivos cree que la propuesta de España para reformar el mercado europeo “tiene todo el sentido” porque serviría para “facilitar energía con precios a largo plazo y que no estuvieran contaminados por el precio del gas”.

El Gobierno español ha propuesto a Bruselas cambiar las reglas actuales de funcionamiento de los mercados eléctricos europeos, que fijan los precios mediante un sistema marginalista (que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás) y que ha hecho que los precios disparados del gas natural haya contaminado el precio de la electricidad durante la crisis energética.

España ha propuesto, en la práctica, mantener en el actual mercado diario e intradiario la electricidad producida por las centrales de gas y de carbón, que cobrarían una compensación (pagos por capacidad) por estar disponibles en picos de demanda. Las renovables, las nucleares y la hidráulica pasarían a tener un precio fijo durante años mediante contratos con el sistema eléctrico. El precio que cobrarían las renovables se situaría por un sistema similar a las actuales subastas del Gobierno, mientras que el de nucleares e hidroeléctrico sería un precio fijado por el regulador.