Bloqueo en el diálogo social

Escrivá se resigna a seguir negociando en enero la reforma de las pensiones

El Gobierno prometió a Bruselas tener cerrada la norma antes del 31 de diciembre, pero ahora se abre a prolongar las conversaciones para convencer a los sindicatos y sumar a CEOE 

José Luis Escrivá durante el pleno Presupuestos 2023 en el Senado.

José Luis Escrivá durante el pleno Presupuestos 2023 en el Senado. / David Castro

Rosa María Sánchez
Gabriel Ubieto
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La reforma de las pensiones diseñada por el ministro José Luís Escrivá permanece encallada y desde la Seguridad Social se van quedando sin tiempo para cerrar esta carpeta antes del 31 de diciembre, tal como le prometieron a Bruselas. El Gobierno ha diseñado un esquema para apuntalar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones ante el previsible aumento del gasto provocado por el progresivo retiro de la generación del ‘baby boom’. No obstante, ni sindicatos ni patronal están ahora mismo por la labor de aceptar la última propuesta de Escrivá, conscientes de que sin su apoyo –sobre todo el de los primeros- la reforma carece de posibilidades de superar el trámite parlamentario. La opción de que el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes de acabar el año, valide un real decreto ley con los cambios prometidos a la Comisión Europea es ahora mismo improbable, según coinciden distintas fuentes presentes en el diálogo social.

España invierte alrededor del 12% de su PIB en pagar las nóminas de casi 10 millones de pensionistas. Según los cálculos de la Comisión Europea, este porcentaje se elevará hasta el 15,5% del PIB en el entorno de 2050, una vez que la abultada generación de las personas conocidas como los ‘baby boomers’ se retiren del mercado laboral y reclamen las pensiones por las que llevan décadas cotizando. Por ello, Bruselas reclama medidas para asegurar la sostenibilidad del sistema, es decir, que entre en la caja tanto dinero como salga. 

Tras haber desmontando la reforma del PP, que confiaba en contener el gasto mediante pensiones menores, Escrivá, en varias fases, ha diseñado una reforma con la que calcula poder cuadrar esos números. Entre los incentivos para alargar la vida laboral y las penalizaciones para adelantar la jubilación prevé gastar menos; en concreto se prevé un ahorro equivalente a 1,5 puntos de PIB en el horizonte de 2050. Además, se prevé que el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos podrá aportar unos ingresos adicionales equivalentes al 0,6% del PIB en 2050). 

El recargo sobre las cotizaciones sociales para financiar el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) podrá añadir otro punto de PIB al sistema, siempre y cuando se prorrogue hasta 2050, tal ya admite el Ejecutivo que hará en consonancia con las recomendaciones de Bruselas. Además, Escrivá espera añadir otro medio punto anual de PIB en ese mismo horizonte temporal por efecto de la subida de las bases máximas de cotización. Según estos cálculos, el conjunto de las medidas de la reforma que pretende ultimar Escrivá deberían cubrir el descuadre de 3,5 puntos de PIB al que, de otro modo, se llegaría a 2050. 

Falta de apoyos en el diálogo social

El problema, para Escrivá, es que ni sindicatos ni patronal están ahora mismo por la labor de avalar la tercera fase de su reforma (alargamiento del periodo de cómputo de la pensión y elevar el tope máximo de cotización). Y los motivos son los mismos que llevan encallando la reforma desde hace semanas. Las centrales no quieren ampliar el periodo de cómputo para calcular futuras pensiones y los empresarios no están dispuestos a aceptar un aumento de los costes laborales como el que plantea el ministro. 

Escrivá estaría dispuesto a forzar la máquina, cerrar ya la negociación si lograra un acuerdo únicamente con los sindicatos y llevar la reforma al Consejo de Ministros este mismo martes, dentro del plazo de referencia del 31 de diciembre. 

No obstante, las conversaciones entre bambalinas que el ministro mantiene con las centrales no están a día de hoy suficientemente maduras, según las mismas. Si bien, “el diálogo social es un ente vivo y todo puede cambiar en cualquier momento”, recuerda una fuente conocedoras de las negociaciones. Salvo un movimiento de ese tipo en las posiciones sindicales, Escrivá llegará al Consejo de Ministros del martes todavía sin apoyos atados y deberá seguir negociando en las primeras semanas de enero. 

Fuentes conocedoras de las reuniones apuntan a que el ministro estaría dispuesto a alargar las conversaciones si la CEOE diera señales de entrar a negociar. La entrada en juego de CEOE, de paso, podría servir para rebajar las pretensiones de CCOO y UGT que resultan de difícil digestión para el Ministerio de Seguridad Social. No obstante, desde la bancada empresarial no se sienten presionados hasta el punto de verse forzados a entrar en esa negociación, ya que no ven a las centrales sindicales entrando en un acuerdo en el que Escrivá quiere meter sí o sí la ampliación del periodo de cómputo. Un elemento que desagrada a los sindicatos y que promete generar problemas con los potenciales aliados parlamentarios del propio ministro. Como, por ejemplo, su socio de coalición, Unidas Podemos, dentro del que hay divisiones sobre este tema y una de las alas está especialmente en contra de transar con esta materia.

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