El Govern apuesta por la instalación de placas fotovoltaicas en zonas industriales y espacios degradados

El Govern ha unificado los criterios urbanísticos y paisajísticos que deben seguir los ayuntamientos para planificar la instalación de placas solares fotovoltaicas en el suelo no urbanizable y considera prioritario hacerlo en espacios degradados y zonas industriales. La Comissió de Territori de Catalunya ha aprobado un documento que recoge estos criterios para que sirvan de orientación, ha informado este martes la Conselleria de Territori.

Entre las zonas en las que se recomienda instalar estas plantas, destacan los espacios en los que se realizan actividades extractivas o donde se encuentran depósitos de residuos, así como los entornos de infraestructuras industriales o próximas a subestaciones de evacuación. Además se consideran aptos espacios compatibles con la agricultura y ganadería, las instalaciones de autoconsumo o zonas de cultivo abandonadas.

Sin límite de superficie

Por el contrario, se desaconseja instalarlas en terrenos con pendientes y afectados por alguna legislación sectorial, como puede ser en el ámbito del transporte, la aviación o los riesgos químicos. Respecto a los criterios paisajísticos, las instalaciones deberán respetar los elementos básicos del territorio como la estructura de las parcelas agrícolas, la red viaria y de caminos, el curso del agua, los árboles de interés y el relieve.

Las plantas fotovoltaicas que se construyan en zonas prioritarias no tendrán limitaciones de superficie, mientras que las que se instalen fuera no podrán superar las 30 hectáreas con carácter general, o 15 hectáreas si tienen "un grado de exposición visual elevado".

Restitución de los terrenos

Los promotores de una planta solar están obligados, además, a restituir los terrenos a su estado original cuando finalice la actividad. Para ello, deberán constituir una garantía económica proporcional al coste del desmantelamiento, con un valor unitario para el desmantelamiento de la planta de unos 20 euros/kw de potencia pico instalada. 

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El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) propone alcanzar un mínimo de consumo de energía renovable del 27% para 2030, y un consumo de electricidad procedente de fuentes renovables de como mínimo el 50% del total. Con este objetivo, Territori considera que la energía solar fotovoltaica debería contribuir en 6.000 MW, de los que el 60% debería proceder de suelo no urbanizable, lo que equivaldría a 7.200 hectáreas.

En estos momentos, se están tramitando solicitudes de implantación de instalaciones fotovoltaicas con una superficie total de 2.511 hectáreas y una producción prevista de 1.465 MW.