Fiscalidad

España perdió 3.396 millones en 2020 por fraude y errores en el IVA

La brecha del impuesto asciende a 93.000 millones en el conjunto de la UE, según el informe anual de la Comisión Europea

Los tipos reducidos y las exenciones, además, recortan a la mitad la capacidad recaudatoria de este tributo en España

Paolo Gentiloni, comisario de asuntos económicos

Paolo Gentiloni, comisario de asuntos económicos / Bogdan Hoyaux/European Commissio / DPA - Archivo

Silvia Martinez

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España dejó de ingresar un total de 3.396 millones de euros en 2020 en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a causa del fraude y la evasión fiscal, prácticas de optimización fiscal, bancarrotas e insolvencias financieras o errores administrativos, según el último informe anual sobre la brecha en materia de IVA en la UE publicado por la Comisión Europea. Esta cifra representa el 5,3% de la cantidad que la Agencia Tributaria logró recaudar por este impuesto en 2020 (63.337 millones de euros) y confirma la tendencia decreciente respecto a otros ejercicios previos.

En el conjunto de la UE, la diferencia entre lo recaudado y los ingresos previstos alcanzó los 93.000 millones de euros, un 9,1% del total. Se trata de un montante 30.000 millones inferior al de 2019 (cuando fue de 134.000 millones) que Bruselas achaca al aumento en el cumplimiento de las obligaciones del IVA y al mayor control.

Según el análisis son ya 15 los Estados miembros que controlan regularmente su brecha de cumplimiento en materia de IVA. El informe también señala que la pandemia de covid19 ha provocado que 19 de los 27 Estados miembros experimentaran un descenso en los ingresos de IVA por la disminución del consumo global así como por la pérdida de ingresos debido a las reducciones temporales de la carga de IVA aprobadas por la mayoría de los gobiernos europeos para mitigar el impacto económico. 

Aún así, el mensaje de la Comisión Europea no ha variado: la brecha en materia de IVA sigue siendo un problema urgente que hay que abordar, particularmente en un momento en el que los gobiernos necesitan ingresos sostenibles para ayudar a capear la incertidumbre económica actual y porque un cuarto de las pérdidas -unos 24.000 millones según las cifras “conservadoras” de Bruselas- son consecuencia directa del fraude fiscal en el comercio intracomunitario.

“Es necesario reducir el fraude y la evasión fiscal”, ha insistido el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, durante la presentación de dos nuevas iniciativas para alinear el sistema fiscal y mejorar la digitalización con el objetivo de luchar contra el fraude fiscal. "En tiempos económicos difíciles como los actuales, las finanzas públicas necesitan unos ingresos fiscales sólidos, para apoyar tanto nuestros servicios públicos como la montaña de inversiones que necesitamos acometer para las transiciones ecológica y digital y la seguridad energética", ha añadido el italiano. 

Disparidades entre los 27

El informe también constata las enormes disparidades que siguen existiendo entre los Estados miembros y que oscilan entre el 1,3 % en Finlandia, el 1,8 % en Estonia y el 2 % en Suecia, hasta el 20,8 % en Italia, el 24,1 % en Malta y el 35,7 % en Rumanía. En términos nominales, no obstante, las mayores brechas se registraron en Italia (26.000 millones), Francia (14.000 millones) y Alemania (11.000 millones).

La situación, no obstante, varía si se analiza la “brecha política”, el indicador de los ingresos adicionales por IVA que un Estado miembro podría recaudar teóricamente si aplicara un tipo uniforme del IVA a todo el consumo de bienes y servicios (sin acudir a exenciones o tipos reducidos) y que daría lugar a ingresos teóricos ideales. 

En este supuesto, las pérdidas estimadas por Bruselas debido a las diversas exenciones se situó en el 36% de los ingresos teóricos ideales. El país con la mayor brecha en este caso sería España (47%), por delante de Eslovaquia, Grecia y Finlandia (entorno al 42% cada uno) mientras que Malta registraría la menor diferencia (16%). Según el informe, el grueso de este tipo de brecha se compone de exenciones sobre servicios que, en principio, no pueden gravarse, como los alquileres imputados, la provisión de bienes públicos por parte de la Administración o los servicios financieros. 

Un plan para recaudar 18.000 millones más

Para reducir todavía más la brecha y reforzar el sistema, Bruselas ha propuesto este jueves nuevas medidas para modernizar las reglas de IVA que podrían permitir a los Veintisiete recaudar hasta 18.000 millones de euros más al año. El plan pivota en torno a tres elementos. En primer lugar, el sistema introduce la notificación digital en tiempo real en la facturación electrónica para las empresas que operan de forma transfronteriza lo que permitirá a los gobiernos obtener más información y luchar contra el fraude carrusel. Según las estimaciones de Bruselas, esto permitirá reducir el fraude del IVA en hasta 11.000 millones de euros anuales y disminuir los costes administrativos y de cumplimiento de la normativa para los operadores de la UE en más de 4.100 millones de euros anuales durante los próximos diez años. 

En segundo lugar, la propuesta plantea actualizar las normas del IVA para el transporte de pasajeros y las plataformas de alojamiento de corta duración. El plan contempla que sean los operadores los responsables de recaudar y remitir el IVA a las autoridades fiscales cuando no lo hagan los proveedores de servicios, por ejemplo por tratarse de una pequeña empresa o de un proveedor individual. Por último, Bruselas introduce un registro único de IVA en toda la UE como existe con la ventanilla única para las empresas de compras en línea. De esta forma, las empresas que venden a consumidores de otro Estados miembros podrán registrarse una sola vez a efectos del IVA para toda la UE, y cumplir sus obligaciones en materia de IVA a través de un único portal en línea en una sola lengua. Según las estimaciones, con este mecanismo las empresas podrían ahorrarse unos 8.700 millones de euros en costes administrativos y de registro a lo largo de diez años.

Transacciones en criptomonedas

Paralelamente la Comisión también ha propuesto nuevas normas de transparencia fiscal para todos los proveedores de servicios que faciliten transacciones en criptomonedas a clientes que residan en la UE. "La cobertura del anonimato, el hecho de que haya más de 9.000 criptoactivos diferentes disponibles en la actualidad y la naturaleza digital inherente al comercio hacen que muchos usuarios de criptoactivos que están obteniendo enormes beneficios caigan bajo el radar de las autoridades fiscales nacionales", ha explicado Gentiloni sobre los motivos de una propuesta con la que buscan garantizar que los Estados miembros tengan acceso a más información. "En la práctica, esto significa que los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su tamaño o ubicación, tendrán que informar de las transacciones de los clientes residentes en la UE, ya sean nacionales o transfronterizas", ha detallado en rueda de prensa. Las nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 y habrá sanciones mínimas para los incumplimientos más graves.