La ley para la industria promete "protección especial" a empresas como Arcelor y Azsa

Las empresas industriales que atraviesen dificultades económicas estarán obligadas a comunicar al Ministerio de Industria y a los sindicatos su cierre o "la disminución de actividad que suponga una importante pérdida de puestos de trabajo", anunció ayer la ministra de Industria, Reyes Maroto, tras el Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de la nueva ley del sector. El texto incluye un compromiso de protección "especial" a la industria electrointensiva, clave en Asturias, si bien no se precisa cómo se concretará tal apoyo. Asimismo, se intentan frenar casos de deslocalizaciones y cierres como los de Alcoa obligando a las grandes compañías que reciben ayudas públicas a mantener su actividad durante al menos cinco años.

La norma, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, sustituirá la legislación vigente, del año 1992. Según el nuevo texto, la situación de aquellas compañías sometidas a adversidades económicas y financieras será analizada por una Mesa de Reindustrialización en la que participarán la Administración el Estado y autoridades de la comunidad autónoma donde se encuentre la empresa afectada. El objetivo, explicó Maroto, será "explorar fórmulas de prevención, corrección y mitigación de los efectos asociados a las crisis industriales". Es decir, buscar cualquier solución antes de dejar que la compañía eche el cierre o acometa despidos masivos. Un riesgo que ronda a muchas empresas por la escalada de los precios de la energía.

La ley pretende que la industria "gane peso" en la economía española, un factor especialmente relevante en Asturias, donde el sector lleva décadas retrocediendo por causa de las reconversiones. Una de las medidas contempladas es que las empresas que reciban ayudas públicas en forma de subvenciones o préstamos queden obligadas a mantener su actividad durante un mínimo de tiempo: en el caso de las grandes compañías serán cinco años; en el de las pymes, tres.

Asimismo, la ley aplicará una "especial protección" a la industria electrointensiva, así como "medidas de acompañamiento para facilitar su descarbonización". En Asturias, compañías como Asturiana de Zinc (Azsa) o ArcelorMittal cumplen ambas características. No obstante, ni la ministra Maroto ni el resumen del anteproyecto añadían ayer más detalles sobre este punto.

El Gobierno prestará una "especial atención" a los programas de internacionalización "que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional". También se procurará que las administraciones promuevan las áreas industriales, "preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión".

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