¿Cómo superar una inflación del 28% y no morir en el intento?

1977 fue un año cargado de fechas históricas en España. La más señalada fue la del 15 de junio, cuando los ciudadanos acudieron a votar libremente por primera vez en más de cuatro décadas, pero en esos 12 meses ocurrieron otros acontecimientos que pasaron a los anales. Como la ‘Matanza de Atocha’ –el atentado ultraderechista que acabó con la vida a cinco abogados laboralistas y zarandeó la conciencia democrática de los españoles-, la legalización del Partido Comunista, o el accidente del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, que causó la muerte a 583 personas y se convirtió en la mayor catástrofe aérea de todos los tiempos, triste galardón que hoy sigue ostentando.

Entre tanto hito para el recuerdo, aquel verano se coló una noticia que no alcanzó la relevancia de los otros grandes eventos del año, pero que, visto con perspectiva histórica, acabó resultando trascendental para la evolución económica y social del país en un momento especialmente delicado en el terreno político. En agosto, el Índice de Precios al Consumo (IPC), que llevaba subiendo desde 1969 y se había disparado en los últimos meses, alcanzaba un histórico 28,4%, la cifra más alta de todo el siglo. 

Fiebre inflacionista

Los españoles, que acababan de sacudirse de encima 40 años de dictadura y se adentraban en un territorio inhóspito lleno de expectativas, pero también de dudas, se veían expuestos a una fiebre inflacionista con los bolsillos maltrechos. Los precios de la época causarían hoy la risa -una barra de pan valía 9 pesetas (5 céntimos de euro), por una cerveza te pedían 10 pesetas (6 céntimos), y una tele costaba alrededor de 10.700 pesetas (64,5 euros)-, pero los sueldos estaban en consonancia con aquellas míseras cantidades: el Salario Mínimo Interprofesional no superaba las 13.200 pesetas (79 euros) y un albañil, de media, apenas ganaba 20.000 pesetas al mes (120 euros). Los billetes morados de 5.000 pesetas con la efigie de Carlos III llevaban un año en circulación, pero era difícil encontrarlos en las carteras de los ciudadanos, obligados a comprar a plazos hasta el electrodoméstico más básico y a pagarlo con intereses del 22%.

En el origen de aquella crisis de precios, como en la de ahora, hay un conflicto bélico relacionado con el coste de la energía. La mecha que ha puesto el conflicto de Ucrania en el actual descontrol del IPC, hace casi medio siglo se llamó guerra del Yom Kippur: la invasión de Israel sobre territorios árabes de 1973 que fue respondida por los países del golfo Pérsico con una reducción de la producción de crudo y un aumento de su precio. El mismo barril de petróleo que en 1972 costaba 2,5 dólares, en 1974 valía 11,5.

En 1977, el Salario Mínimo Interprofesional no superaba las 13.200 pesetas (79 euros) y un albañil, de media, apenas ganaba 20.000 pesetas al mes (120 euros).

 Aquel zarpazo se vio reflejado rápidamente en la mayoría de las economías mundiales, que no tardaron en entrar en recesión, pero el régimen franquista optó por atenuar el golpe entre la población subvencionando la subida del petróleo con grandes inyecciones de dinero. «Aquella decisión tuvo un efecto embalse en la economía. Al principio retrasó la inflación, pero luego, cuando el embalse ya no daba más de sí, acabó disparándola», explica el economista Antón Costas. 

Trampas al solitario

Bajo la dictadura, la española era una economía intervenida en la que el valor de los productos lo fijaba la Junta Superior de Precios. Esta herramienta permitió al régimen camuflar la inflación por un tiempo, pero su uso equivalía a hacerse trampas al solitario. No en vano, una de las primeras decisiones que tomó Suárez, a los pocos días de ganar las elecciones de junio de 1977, fue devaluar la peseta casi un 20%. 

«El primer impacto de esa medida fue inflacionario, porque encareció las importaciones, pero era urgente corregir el desequilibrio que había en nuestra balanza de pagos. España tenía un tipo de cambio irreal», señala Mª Jesús Fernández, analista económica de Funcas.

Se trataba de aterrizar las cuentas de la economía nacional en la realidad, pero tratando de evitar que esa operación, que inevitablemente iba a ser dolorosa, hiciera descarrilar el proceso democrático que acababa de ponerse en marcha. La cuadratura de este círculo se llamó Pactos de la Moncloa.

El acuerdo firmado por el Gobierno y todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria el 25 de octubre de 1977, en realidad fueron dos: uno político, que suscribieron todas las formaciones excepto la Alianza Popular de Manuel Fraga, y otro económico, que prestaba una especial atención a la inflación, y cuyo título adelantaba la meta que se buscaba: 'Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía'. 

Los Pactos de la Moncloa buscaban aterrizar la economía nacional en la realidad, pero tratando de evitar que esa operación hiciera descarrilar el proceso democrático

Acuerdo político

«Antes de convocar a los partidos a la Moncloa, el Gobierno de Suárez intentó un primer pacto de rentas con los sindicatos, pero nos negamos porque considerábamos imprescindible un acuerdo mucho más amplio y de carácter político, económico y social», recuerda Nicolás Sartorius, representante de Comisiones Obreras en aquellas negociaciones y hoy presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Suárez intentó un primer pacto de rentas con los sindicatos, pero nos negamos porque considerábamos imprescindible un acuerdo mucho más amplio y de carácter político, económico y social

— Nicolás Sartorius

El marchamo político de los Pactos tenía la virtud de implicar a todo el país en una serie de reformas que contemplaban sacrificios. El más acuciante afectaba directamente al bolsillo de los españoles. «Sufríamos un episodio inflacionario de corte latinoamericano con subidas de IPC de dos dígitos y aumentos salariales de esa cuantía. Aquel año, la SEAT aceptó subir los sueldos un 28%. Era urgente cortar esa espiral. En caso contrario íbamos de cabeza al desastre» rememora Ramón Tamames, representante del PCE en la firma de unos Pactos que fijaron la obligación de calcular los ajustes salariales en función de la inflación prevista para el año siguiente, no de la padecida en el ejercicio anterior.

De cara a 1978, se acordó que la masa salarial no creciera por encima del 22%. A primera vista, esto suponía una reducción del poder adquisitivo de los españoles, pero esta quedaba compensada con otras medidas también incluidas en los Pactos, como el aumento de las pensiones, la creación de 700.000 puestos escolares y el diseño de un incipiente Impuesto sobre la Renta de carácter progresivo. 

Precio estable

«Los salarios nominales se frenaron, es cierto, pero aquella inversión social ayudó a las familias a sanear sus economías porque el estado empezó a hacerse cargo de una serie de servicios públicos que antes no atendía correctamente», distingue Antón Costas. Para involucrar a toda la sociedad, el Gobierno lanzó una campaña entre los comercios –el que se adhiriera a ella, podía lucir una pegatina que avisaba de su compromiso con el ‘Precio estable’- y emitió varios anuncios televisivos para concienciar a los consumidores sobre el difícil momento que atravesaba el país por el descontrol de precios.

Aquella medicina fue tan efectiva que al acabar 1978, la subida del IPC se había reducido al 16,5%. Seguía siendo alta, pero era casi la mitad de la de 15 meses atrás. La crisis del petróleo de 1979, ocasionada esta vez por la revolución de Irán, volvió a disparar el coste del barril de crudo, que pasó de 14 a 25 dólares en cuestión de semanas, pero esta vez el país encajó mejor el golpe y, aunque los precios siguieron subiendo por encima del 10% hasta mediados de los 80, no volvieron a dispararse como lo habían hecho en los albores de la Transición.

Los Pactos de la Moncloa incluían una inversión social que ayudó a las familias a sanear sus economías

— Antón Costas, economista

 Aunque el precio del petróleo es la gasolina –nunca mejor dicho- que movió aquellos episodios inflacionarios y el actual, los dos escenarios económicos se parecen poco. «Hoy el país es más robusto y permite aplicar medidas selectivas sobre sectores especialmente implicados en la inflación, como el transporte o el tope al precio del gas usado para generar electricidad. Hace 45 años, era imposible usar esta cirugía”, compara Antón Costas. 

En ese sentido, la situación es hoy mucho más manejable que entonces, aunque ahora falta un estímulo que estuvo muy presente en los sacrificios que el país afrontó en aquel momento: «La inflación de 1977 era un peligro evidente para el proceso democrático. Si no se hubiese atajado a tiempo, habría podido dar al traste con la Transición», subraya Nicolás Sartorius.

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