Crisis energética

Las gasolineras alertan de un caos si el Gobierno no aclara ya los cambios en el descuento de los 20 céntimos

El Ejecutivo estudia poner fin el 1 de enero a la rebaja generalizada y aplicarla sólo a profesionales y usuarios vulnerables | El sector exige claridad sobre cómo aplicarla y presiona para aplicar una rebaja de impuestos a los combustibles como opción más sencilla

En 2015, la CNMC sancionó a cinco petroleras por el llamado efecto lunes.

En 2015, la CNMC sancionó a cinco petroleras por el llamado efecto lunes.

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David Page
David Page

Periodista

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El Gobierno se plantea poner fin al descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible que activó el pasado 1 de abril como medida anticrisis. La rebajas que se aplica a todos los conductores de manera indiscriminada expira el próximo 31 de diciembre y desde el Ejecutivo se llevan semanas deslizando que se estudian fórmulas para aplicar las ayudas sólo para proteger a profesionales y a colectivos vulnerables de bajos ingresos.

El Gobierno, de hecho, pretende apurar hasta casi final de año para adoptar una decisión para conocer la evolución de los precios de los combustibles durante las próximas semanas y afinar al máximo las previsiones para el próximo año, y para identificar las mejoras fórmulas de aplicar la rebaja sólo a algunos conductores. Sin embargo, esta intención de esperar lo máximo posible para adoptar una decisión está haciendo saltar las alarmas en el sector de las gasolineras españolas.

Las compañías de estaciones de servicio alertan de que no tienen información alguna de los planes del Gobierno cuando queda apenas un mes para que expire el actual descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible. Y temen que se desate otro caos en las gasolineras si se apura al máximo los plazos para desvelar cómo se articularán los cambios en la rebaja y de qué manera ha de aplicarse con el nuevo año.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a 4.000 gasolineras de grupos independientes -más de un tercio de las 11.700 que operan en España- reclama al Gobierno “certidumbre y seguridad jurídica” sobre la aplicación a partir del 1 de enero del descuento en los combustibles y un “diálogo abierto y transparente” para poder preparar los sistemas informáticos de las estaciones de servicio y adaptarlos al nuevo escenario.

Desde la Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras del sector como Repsol, Cepsa, BP o Eni, se confirma igualmente que tampoco tienen información alguna de los planes del Gobierno más allá de las declaraciones públicas de diferentes ministras del Gobierno al respecto.

Con antelación y sin urgencias

“El modo en que la Administración decidió comunicar e implantar la bonificación el 1 de abril generó un absoluto caos en la mayoría de las estaciones de servicio españolas, que conocieron la medida el 30 de marzo a las 7.30 horas, cuando fue publicada en el BOE. A partir de entonces tuvieron apenas 40 horas para implementar los cambios necesarios en sus sistemas informáticos”, critica CEEES, que denuncia que la extrema urgencia con que tuvieron que adaptarse provocaron un coste sobrevenido de unos 3.000 euros para cada estación de servicio.

Desde la patronal de las gasolineras se reclama que los nuevos criterios que se apliquen en el descuento aplicado a algunos conductores deben ser “claros, fácilmente aplicables y predecibles, aprobados con antelación suficiente para adaptar nuestros sistemas y nuestras estructuras”, subraya el presidente de CEEES, Jorge de Benito. “El 70% de las estaciones de servicio españolas están en manos de pymes, que ya han incurrido en elevados costes informáticos, financieros y de gestión por la aplicación de la bonificación y que necesitan seguridad jurídica para operar con un mínimo de normalidad”

Rebaja de impuestos

La asociación de empresarios de gasolineras defiende que la “mejor opción” para proteger a los consumidores de los altos precios de los combustibles pasa por una rebaja de los impuestos que se incluyen en el precio de los carburantes, como ya sucede con la electricidad o con el gas (ambos ya con un IVA rebajado del 5%).

“Con una recaudación fiscal en niveles de récord, el camino más recto hacia una minimización del impacto que el precio de los carburantes tiene en la economía pasa por una reducción de impuestos”, indica la confederación. “Es necesario continuar ayudando a las familias, pero la rebaja impositiva sería la mejor alternativa para todos”.

La actual bonificación de 20 céntimos por litro de combustible es adelantada por las estaciones de servicio y retornada posteriormente por la Agencia Tributaria, que tiene hasta 45 días tras la finalización del mes en curso para abonar las cantidades bonificadas por las gasolineras.

“Los empresarios del sector venimos actuando como banqueros de la Administración casi ocho meses. Si a partir de enero el Gobierno quiere limitar la bonificación a los ciudadanos con menores niveles de ingresos ya debería habernos explicado de qué manera tiene pensado hacerlo. Es materialmente imposible que además de ser sus banqueros, la Administración nos pida que hagamos de inspectores de Hacienda, por muy colaboradores suyos que seamos”, subraya el presidente de CEEES.

Un coste de más de 6.000 m

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Desde el Gobierno se reconoce que se estudian cambios en la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro de carburante para buscar una manera más eficiente para llegar a los sectores o colectivos que más lo necesitan y también por el enorme coste fiscal que tienen aplicar rebajas generalizadas para todos los conductores.

El impacto fiscal tan importante del descuento de todos los conductores, particulares o profesionales, en cada litro de combustible consumido en concreto será de 6.027 millones de euros simplemente con seguir vigente hasta final de este año, según reconoció el Ejecutivo en el Plan Presupuestario para el próximo ejercicio remitido a la Comisión Europea. El Gobierno defiende que aplicar rebajas indiscriminadas era la única manera de poder ponerlas en marcha de manera urgente el pasado abril para proteger a los consumidores y a las empresas frente a las subidas de los combustibles.