El Govern blindará por ley que los 'consellers' tengan una indemnización tras dejar el cargo

El Govern pretende blindar por ley que los 'consellers' de la Generalitat tengan derecho a una paga una vez cesen en el cargo y hasta que encuentren un nuevo empleo. Hasta ahora ya existía el derecho a dicha prestación especial, que data de un decreto de 1978, pero se tenía que renovar anualmente en la ley de presupuestos. Con dicha modificación, desde la Administración catalana buscan estabilizar el pago y que cada año las cuentas públicas se limiten a actualizar la cuantía. El importe de dicha asignación este 2022 es de 2.207,2 euros mensuales y los beneficiarios no pueden cobrarlo durante más de 18 meses.

"Los 'consellers' de la Generalitat tendrán derecho desde el momento del cese a una asignación pasiva en la cuantía y duración que determine la ley de presupuestos de la Generalitat", reza en el borrador de la ley de acompañamiento remitida al CTESC y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Una suerte de derecho a paro especial, dado que el régimen laboral de los altos cargos de la Generalitat no se rige por las mismas normas que el de un empleado ordinario. Por ejemplo, carecen del derecho formalmente reconocido de huelga, entre otros.

La prestación que cobran los 'exconsellers' de 2.207,2 euros mensuales es superior a la que tiene derecho un asalariado común, que este año está topada en 1.519,92 euros al mes (en caso de tener dos o más hijos a cargo). Los altos cargos de la Generalitat pueden percibirla durante un máximo de año y medio, mientras que los desempleados dejan de cobrar la prestación contributiva a partir de los dos años sin trabajo. La prestación de los 'exconsellers' carece de pagas extras asignadas.

Esta prestación especial es incompatible con cualquier otra retribución salarial o pensión que dependa de fondos públicos. Y, a diferencia de las asignaciones para los expresidentes de la Generalitat o del Parlament de Catalunya, no son vitalicias, sino que están limitadas a esos 18 meses. Este tipo de asignaciones son habituales en exaltos cargos, dado el régimen de incompatibilidades existente por ley para evitar que personalidades en puestos de responsabilidad en el sector público -y con conocimiento de información sensible- se recoloquen inmediatamente en la empresa privada.

En los últimos años han sido varios los 'consellers' que han percibido esta asignación tras cesar en el cargo. El antiguo responsable de Acción Exterior Alfred Bosch (ERC) cobró este pago una vez dimitió tras el escándalo de su jefe de gabinete, que presuntamente acosó sexualmente a varias trabajadoras de su departamento. También lo percibieron Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa tras su cese con la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Estos tres percibieron el subsidio hasta agotar esos 18 meses.

Los también 'exconsellers' Meritxell Borràs, Antoni Comín, Joaquim Forn, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Ruiz también lo cobraron, pero no llegaron a agotarlo ya que renunciaron antes voluntariamente al mismo.

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