La banca prevé sumarse al plan hipotecario tras lograr aliviar el impacto en sus cuentas

La mayoría de las entidades financieras españolas, incluidas las de mayor tamaño y cuota de mercado, tienen previsto adherirse al plan de ayuda a los hipotecados con problemas de pago aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Así lo han ido apuntando en público y en privado en las últimas horas. En la banca impera una cierta sensación de alivio, ya que las negociaciones con el Ministerio de Economía han permitido limitar el impacto que las medidas tendrán en las cuentas de resultados del sector. 

"Podemos anunciar ya la voluntad de adhesión de las principales entidades de la AEB", ha confirmado Alejandra Kindelán, presidenta de la patronal que agrupa a los bancos tradicionales, como Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter o ING. Del lado de las antiguas cajas de ahorro, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya anunció el martes que CaixaBank (de la que el Estado es segundo accionista) también prevé sumarse. 

Su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, ha evitado este miércoles confirmarlo, pero ha dado muestras claras de su apoyo: "Es bueno llegar a acuerdos con el Gobierno e institucionalizar las ayudas y asegurar la competitividad del mercado hipotecario, que funciona muy bien. En ello hemos trabajado en estas semanas. Se ha hecho un acercamiento muy positivo y que valoramos muy favorablemente". Queda pendiente que los consejos de administración de las entidades lo refrenden, pero en principio no parece que vaya a suponer ningún problema generalizado.

Adhesión generalizada

Al Código de Buenas Prácticas de 2012 están adscritas 87 entidades (todas las grandes y otras más pequeñas, como más de 30 cajas rurales). El Gobierno prevé ahora un apoyo similar. "Los clientes querrán que sus entidades puedan ofrecerles estas condiciones y, por tanto, esperamos que haya una adhesión muy alta y generalizada al plan", apuntó el martes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en una entrevista en EL PERIÓDICO.

La primera reacción pública de la banca generó ciertas dudas sobre su posición. El acuerdo preliminar con las patronales se alcanzó a última hora del lunes, sin tiempo para que las entidades lo pudieran analizar en detalle. Las primeras declaraciones públicas de altos ejecutivos bancarios parecieron apuntar a la tibieza. Ya entonces, sin embargo, los grandes bancos confirmaban en privado que apoyarían el plan. Y con la publicación este miércoles del texto del Real Decreto que articula el plan lo han hecho de forma más explícita.   

"Estamos relativamente contentos. Hubiéramos preferido poder negociar con nuestros clientes uno a uno, como se ha hecho tradicionalmente, pero dentro de que el Gobierno quería un marco general, hemos llegado a un acuerdo razonable", apuntan fuentes financieras. La clave de esta satisfacción relativa es que el sector ha logrado que la mayoría los hipotecados a los que se apliquen las medidas pasen a la categoría de vigilancia especial por riesgo de impago, pero no a ser considerados morosos, con lo que las entidades tendrán que hacer una cantidad menor de provisiones para cubrirse ante futuras posibles futuras pérdidas.

Así, solo los beneficiarios del código de 2012 (hasta 25.200 ingresos, peso de la cuota sobre los ingresos familiares superior al 50% e incremento del 50% de dicha cuota) pasarán de forma generalizada a la categoría de morosos. Aquellos que cumplan los dos primeros criterios pero no el último y también los hipotecados de clases medidas (29.400 euros anuales, cuota superior al 30% de la renta y que haya subido al menos el 20%) pasarían en general a vigilancia espacial. Según cálculos del sector, en cada grupo hay potencialmente unos 300.000 beneficiarios, con lo que en total serían algo menos del más de un millón estimado por el Gobierno.

Impacto moderado

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El acuerdo evita, por tanto, un impacto mayor en las cuentas y la retención de capital de las entidades, que podría haber afectado al flujo y precio del nuevo crédito (por cada préstamo, las entidades deben guardar capital), según había advertido el Banco de España. En esta línea, su gobernador, Pablo Hernández de Cos, ha avalado este miércoles el acuerdo. "Se ha logrado un equilibrio en aliviar a los hogares más afectados por el alza de las hipotecas a tipo variable que al mismo tiempo es compatible con no generar una presión excesiva en el balance bancario", ha afirmado el máximo dirigente del supervisor, institución que ha asesorado en las negociaciones y que tiene entre sus cometidos velar por la solvencia de las entidades por su impacto en la estabilidad financiera. 

En la misma línea se ha pronunciado Kindelán: "Hemos buscado ayudar a las personas y también preservar el mercado hipotecario que tenemos en España, que es una ventaja enorme, que ayuda a millones de familias a acceder a la vivienda. Hemos tenido siempre muy en cuenta el marco de supervisión y regulación para garantizar también que preservamos este mercado hipotecario que es tan importante para todos". Y también José María Méndez, director general de la patronal de las cajas (CECA), quien ha apuntado que el sector ha negociado las medidas "desde dos premisas: tener muy en cuenta la normativa contable y de provisiones del Mecanismo Único de Supervisión (del BCE), que está orientada a la estabilidad financiera, y manteniendo un mercado hipotecario robusto, sólido, eficiente y competitivo".