TURISMO

Sólo 250 de los 10.000 pisos turísticos de Madrid tienen la licencia para ser legales

Incumplimiento masivo de la normativa aprobada por Carmena que exige una autorización municipal para operar y que el actual Ayuntamiento ha renunciado a modificar

Sólo 250 de los 10.000 pisos turísticos de Madrid tienen la licencia para ser legales
5
Se lee en minutos
David Page
David Page

Periodista

ver +

El Ayuntamiento de Madrid, entonces comandado por Manuela Carmena, aprobó en 2019 una normativa con la que pretendía poner freno a la conversión de viviendas en pisos turísticos. El Plan Especial de Hospedaje, aún hoy en vigor, restringe con carácter general el alquiler turístico a sólo pisos con acceso directo a la calle, lo que prácticamente limita la actividad a plantas bajas e implica la prohibición masiva del 95% de las viviendas de uso turístico de la ciudad.

Para operar como vivienda de uso turístico en la ciudad de Madrid es necesario haber formalizado una declaración responsable ante la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid (hasta 2019 era la única exigencia vigente) y, desde hace tres años, también es obligatorio contar con una licencia municipal que acredite que se cumplen los requisitos del ‘plan Carmena’.

En la capital hay un total de 12.997 viviendas de uso turístico que han presentado declaración responsable en los últimos años, según datos facilitados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero tan sólo son 250 los pisos turísticos de la ciudad que disponen de la licencia municipal para ser legales y otros 50 más la han solicitado y se está tramitando, según confirman fuentes oficiales del Área de Desarrollo Urbano y de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Un 98% de pisos ilegales

Sólo 250 pisos se alquilan con la licencia obligatoria dentro de un parque total de viviendas de uso turístico de Madrid que, a falta de un listado oficial, diversas fuentes estiman que está integrado por entre 10.000 y 15.000 inmuebles. Esto es, tan sólo entre un 1,6% y un 2,5% de las viviendas de la capital que se anuncian en plataformas online como Airbnb, Booking.com o Vrbo estarían operando con los requisitos que establece la normativa vigente.

Desde el sector profesional dedicado al alquiler turístico y desde consultoras especializadas en este campo se apunta que en Madrid están operativas en torno a 10.000 viviendas. Los datos de la Comunidad de Madrid de número de declaraciones responsables apuntan a que el parque total puede rondar los 13.000, aunque no todas tienen por qué estar operativas de manera permanente.

Una estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que en la ciudad de Madrid había el pasado febrero 15.000 pisos turísticos y que suelen escalar hasta los 17.000 en los meses de verano. Pero desde el propio sector del alquiler se advierte de que el trabajo de escaneo automatizado que realiza el INE sobre los anuncios de pisos publicados en plataformas online no es capaz de cribar todos los pisos duplicados en varios portales.

Incumplimiento masivo

Desde el Área municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, comandada por Mariano Fuentes (de Ciudadanos), se justifica que el Ayuntamiento está actuando durante toda la legislatura para intentar poner fin a las viviendas de uso turístico que no cumplen la normativa dentro de sus competencias y con los recursos que tiene. “El Ayuntamiento hace todo lo que puede”, apuntan desde la concejalía encargada de la política urbanística.

Y es que el consistorio subraya que los procesos de inspección de viviendas para cerciorarse si están funcionando como piso turístico son largos, en ocasiones resulta difícil confirmar que las viviendas están alquilándose, los trámites para imponer el cese de actividad de viviendas son complejos y casi siempre son recurridos por los propietarios, e incluso se el consistorio encontrado con que un juez ha tumbó la orden de clausura de un edificio en que se explotaban 39 pisos turísticos en pleno centro de la ciudad.

El Ayuntamiento subraya que sólo este año, entre enero y septiembre, ha realizado un total de 1.335 inspecciones de viviendas, de las que 117 ha podido constatar que se dedicaban al alquiler turístico. El consistorio ha interpuesto un total de 130 de órdenes de cese de actividad y clausura, y por primera vez ha empezado a interponer multas coercitivas y ya lleva una veintena de sanciones de este tipo.

Las multas coercitivas se interponen en caso de incumplimiento repetido de las órdenes de cese de la actividad, como medio de ejecución forzosa de la clausura. El Ayuntamiento puede imponer hasta tres multas coercitivas por importes sucesivos de 1.000, 2.000 y 3.000 euros con intervalos de al menos quince días entre una y otra con el objetivo de hacer cumplir lo ordenado. En paralelo, la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias turísticas de la región, ha empezado a interponer también sus propias sanciones económicas a pisos turísticos que no contaban con la licencia preceptiva.

No se reformará el 'plan Carmena'

El Partido Popular y Ciudadanos prometieron en campaña electoral tumbar el plan de Carmena y sustituirlo por una alternativa menos restrictiva pero que permitiese poner orden al despliegue descontrolado de los pisos turísticos por la ciudad, que estaba generando problemas de convivencia con los vecinos y reduciendo la oferta de alquiler de larga estancia en determinadas zonas.

Noticias relacionadas

Sin embargo, cuando PP y Cs se hicieron en coalición con el gobierno municipal acabaron presentando un propuesta de regulación de las viviendas de uso turístico que distaba poco de la normativa aprobada por el anterior equipo consistorial. La propuesta del nuevo equipo de gobierno municipal, incluido como parte del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), abría un poco la mano con las viviendas de uso turístico. Bastante poco. El plan, presentado en julio del año pasado, pasaba por la obligación de que sólo puedan utilizarse para alquiler turístico viviendas en plantas bajas, primeras plantas sin vecinos debajo o edificios completos.

Pero finalmente, ante la exigencia de la Comunidad de Madrid de que justificara más detalladamente el plan y el rechazo del sector, el Ayuntamiento decidió el pasado verano renunciar a reformar el Plan de Hospedaje de Carmena y lo mantendrá sin cambios para agilizar la tramitación del PGOU y garantizar así su aprobación antes del fin de legislatura.