¿Quién convoca el paro de transportistas y qué piden?

La Plataforma en Defensa del Transporte, la agrupación de autónomos y pequeñas empresas de transportistas de ámbito nacional que paralizó España del pasado mes de marzo, ha anunciado un nuevo paro indefinido a partir de la medianoche de este domingo para protestar por el "incumplimiento por parte de los cargadores de la ley de costes, que prohíbe trabajar a pérdidas". Esta organización de transportistas de mercancías por carretera, en su mayoría, autónomos, provocó problemas en las cadenas de suministro de mercancías, incluidos alimentos en los puntos de venta de las tiendas y grandes cadenas de distribución de buena parte del territorio España. 

Pero, ¿qué organización ha convocado las protestas? ¿Qué reclaman exactamente los convocantes?

La protesta ha sido convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que dice representar a los autónomos, las pequeñas y medianas empresas del gremio. Su origen parte del 29 de diciembre del 2007, cuando un grupo de transportistas gallegos –ellos mismos se cifraron en 400- se juntaron para exigir un cambio en las tarifas de pago por kilometraje. En 2008 estos gallegos se juntan con otro grupo de transportistas albaceteños y constituyen la actual Plataforma, que no ha tenido incidencia directa en el sector hasta la actual movilización. 

La persona que está actuando como portavoz durante las actuales protestas es Manuel Hernández, que se presenta como autónomo. También José Fernández Delgado, que lleva más de una década al frente de la Unión Independiente de Transportista Autónomos (UITA), asociación con 30 años de existencia y con presencia en Asturias.

Actualmente son los únicos que han llamado a parar su actividad, si bien en la anterior protesta de primavera consiguieron arrastrar a otras patronales del sector, que rechazaron las propuestas del Gobierno para suavizar el impacto del encarecimiento del combustible. Entre ellas figuró en su día Fenadismer, la segunda en número de socios del sector y que integra a más de 32.000 empresas de transporte con más de 50.000 vehículos, todas ellas pymes y autónomos que en determinadas ocasiones se integran en régimen cooperativo. De momento no se han pronunciado ni a favor ni en contra de las protestas.

Si bien la principal entidad del sector, CETM, (socia de CEOE) ha rechazado de lleno la nueva convocatoria de paros. La entidad ya emitido un comunicado en el que pide a los transportistas interpelados a que eviten un paro "que sólo perjudicará al Sector y al conjunto de la población española".

Otra es la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, Fetransa, que agrupa a varias organizaciones empresariales de transporte de mercancías por carretera. La tercera es Feintra, la Federación Independiente de Transportistas fruto de la unión de Asociaciones de Transportistas de Getafe, Talavera de la Reina y Cáceres, con más de 2.900 asociados.

Estas tres patronales están integradas en el CNTC, el órgano interlocutor con el Gobierno y en el que está representada cerca de una decena de patronales.

La principal reivindicación de la Plataforma para justificar su nueva convocatoria de paros es referente a los precios y exigen prohibir por ley que los contratos fijen un pago por servicios inferior a los costes de explotación del mismo. Los demandantes afirman que los grandes operadores les imponen a los pequeños condiciones a la baja y piden “poder repercutir de forma automática la subida de cualquier coste necesario para el desarrollo de la actividad”. Quieren evitar lo que popularmente se conoce como "trabajar a pérdidas".

Otras reivindicaciones que sostuvieron en la anterior protesta y sobre las que no ha habido avances atañen a la negociación colectiva del sector, que por ley deben desarrollarlas patronales y sindicatos y no el Gobierno. Como, por ejemplo, la jubilación a los 60 años y anticipada a los 58 de los conductores profesionales.

También le piden al Gobierno que limite las prácticas de competencia desleal, persiguiendo a aquellas compañías que crean sociedades ficticias en otros países para pagar sueldos y condiciones por debajo de los mínimos fijados en España y así ganar más contratos. En consecuencia, exigen limitar los servicios de transporte a las empresas con razón social en el extranjero que actúan en territorio español y que estas solo puedan prestar un servicio mensual con origen y destino dentro del territorio Español.