HASTA 60 EUROS POR PISO

Madrid, Baleares y La Rioja exigen pagar una tasa a los jóvenes que piden ayudas al alquiler

  • Los solicitantes deben demostrar que no son propietarios de una vivienda mediante un documento complicado de conseguir y que cuesta, como mínimo, once euros

  • En Madrid y La Rioja debe presentarse este documento de cada uno de los convivientes

  • "Pagamos más de 60 euros entre los tres compañeros por un trámite que ni siquiera sabemos si nos resolverán favorablemente", dice un joven de Madrid

Una joven durante la entrega de un piso de alquiler social en Barcelona. 

Una joven durante la entrega de un piso de alquiler social en Barcelona.  / ELISENDA PONS

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A falta de Andalucía, que lo hará en unos días, y del País Vasco y Navarra, que quedan excluidas, todas las comunidades autónomas han abierto ya el plazo para solicitar el bono joven del alquiler: una ayuda de 250 euros al mes durante dos años que el Gobierno aprobó el pasado mes de enero. Los requisitos son los mismos en todo el país —a grandes rasgos: hay que tener entre 18 y 35 años y cobrar menos de 23.725 euros anuales—, pero la documentación a presentar varía entre regiones. Por norma, los jóvenes que opten a la subvención no pueden ser propietarios de vivienda. Para demostrarlo ante la administración, tres comunidades exigen un desconocido y poco accesible documento de pago: una nota de localización del Registro de la Propiedad que cuesta, como mínimo, 10,91 euros (9,02 + IVA). Son Madrid, Baleares y La Rioja. En los casos de Madrid y La Rioja, además, se exige este documento a todas las personas que residan en la vivienda, lo que incrementa el coste de la solicitud.

"Ha sido complicado. Como sabemos que las ayudas se conceden por orden, corrimos a pedirlo el primer día. Fue caótico por las prisas y porque de repente pedían documentación absurda: pagar por un papel que dice que no tenemos propiedades", cuenta Víctor, un joven que comparte piso con dos compañeras en Madrid. "Un requisito del bono es que la unidad de convivencia no supere ciertos ingresos, pero Madrid puso, afortunadamente, una excepción: que todos los inquilinos cumplamos individualmente los requisitos de edad, renta, no tener propiedades... Así que pedimos el bono los tres con la documentación de los tres. Por la nota de localización terminamos pagando el doble porque no nos dimos cuenta de que lo pedíamos en la web de una gestoría en vez de directamente en el Registro. Pagamos más de 60 euros entre los tres por un trámite administrativo que ni siquiera sabemos si nos resolverán favorablemente. Pero bueno, si nos lo dan, compensa".

La nota de localización es un documento expedido por el Registro de la Propiedad que informa de si una persona física o jurídica tiene propiedades registradas en España. No informa de cuáles, ni siquiera de cuántas. En caso de tener alguna propiedad, este documento indica en qué Registro de la Propiedad concreto —hay decenas de registros en cada provincia— está. En cada registro puede haber varias viviendas. Para ir al detalle de qué propiedades son esas, habría que solicitar la nota simple (otros 10,91 euros, IVA incluido) de cada una.

Los jóvenes de Madrid, Baleares y La Rioja deben entregar la nota de localización para probar que no son propietarios y que, por tanto, son elegibles para recibir la ayuda al alquiler. Así lo indican en sus respectivos anuncios. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha revisado los requisitos y la documentación exigida por cada comunidad y solo estas tres hacen a todos los solicitantes 'pasar por caja'. La Comunidad Valenciana, por su parte, pide una nota simple a quienes estén en una habitación sin contrato y quieran acceder a la ayuda. Lo hace para comprobar el número de habitaciones que tiene el piso.

El resto de administraciones han optado por una vía más sencilla: piden a los solicitantes una declaración responsable (un documento firmado en el que aseguren no ser propietarios) o permiso para recabar ese y otros datos en su nombre. Para las notas de localización no les haría falta ni siquiera un permiso, porque cualquiera puede pedir este documento sobre otra empresa o persona alegando interés legítimo. De ahí que solicitantes como Víctor no entiendan tan enrevesado requisito. "Debería comprobarlo la propia administración", dice.

Desde el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana, el departamento encargado de las políticas de vivienda a nivel nacional, explican que "el real decreto dice que el beneficiario no puede ser propietario de otra vivienda, pero no dice nada de cómo acreditarlo. Eso queda en manos de las Comunidades Autónomas. Pueden optar por un certificado catastral, por una declaración responsable o por cualquier medio admitido en derecho. Por otra parte, se habilita a la Comunidad Autónoma a que, por cuenta del solicitante, haga las comprobaciones que considere". Consultadas por este diario, fuentes de la consejería de vivienda de la Comunidad de Madrid —la que, por su tamaño, a más jóvenes obligará a pagar la tasa— afirman haber escogido la opción de la nota del Registro para "garantizar el máximo rigor en la ayuda" y que así "la reciban quienes cumplen correctamente los requisitos".

UN TRÁMITE COMPLICADO

La nota de localización puede solicitarse en la página web del Colegio de Registradores siempre que se disponga de certificado electrónico (otra traba). No es nada sencillo. El acceso con certificado da error con frecuencia, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA durante la elaboración de este artículo y han señalado algunos jóvenes solicitantes en redes sociales. Si se logra acceder y solicitar la nota, habrá que esperar ocho horas hábiles para recibirla, siempre que no haya "incidencias en el sistema" como las que hubo el día que se abrió la convocatoria en Madrid.

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El documento puede obtenerse también de forma presencial, desplazándose a un registro de la propiedad cualquiera (en Madrid, por ejemplo, están todos en un edificio de la zona de Torre Arias), o a través de alguna gestoría. A menudo, los solicitantes han terminado pidiendo su nota en webs de gestorías que cobran más que el registro. "Si buscas 'nota de localización' en Google, aparecen empresas posicionadas arriba en la búsqueda que dicen que te lo hacen por veinte euros, cuando en la web del colegio de registradores es más barato", apunta otro consultado.

A este costoso trámite hay que añadir el resto. Baleares, cuyo plazo de presentación terminó el 15 de septiembre, pedía el contrato de alquiler, un "certificado histórico de convivencia del inmueble" que se solicita en el Ayuntamiento, el informe de la vida laboral, la referencia catastral del piso alquilado y justificantes bancarios del pago de la renta. Madrid, una carrera de obstáculos similar. "Y una vez terminas, te queda la duda de si has olvidado algo o si están bien todas las formalidades, además de si en todas las comunidades piden la misma sangre de unicornio. Ha sido de locos", zanja un último consultado.