Los fondos acreedores de Celsa presentan un plan al juez controlar la empresa

Un grupo de acreedores de la siderúrgica Celsa que representan alrededor del 90% de la deuda de la compañía ha presentado este lunes ante los juzgados de Barcelona un plan de reestructuración que, en la práctica, de salir adelante, implicaría la toma de control de la sociedad propiedad de la familia Rubiralta. Según un comunicado emitido este lunes por el citado grupo de acreedores -en el que no se identifican los nombres de los fondos de inversión que participan de la iniciativa ni se señala el juzgado en el que ha sido presentado el documento- el plan de reestructuración pretende "dar una solución integral a la situación financiera de Celsa, reduciendo su endeudamiento en 1.291 millones de euros mediante la capitalización de la deuda convertible y parte de la deuda jumbo". De acuerdo con este plan, el citado grupo de acreedores aún conservaría deuda por importe de 1.560 millones, cuyos vencimientos se extenderían en cinco años.

En el comunicado, se explica que, bajo este plan, los acreedores se comprometen a inyectar más liquidez en la sociedad, a mantener "el centro de operaciones de la empresa en España" y "a asegurar el empleo de todo el grupo". Del grupo dependen algo más de 4.500 empleos directos en siete comunidades autónomas en España y otros 9.600 en Europa, además de 70.000 indirectos en total. Según fuentes de la compañía, el grupo ha alcanzado en la primera mitad de 2022 un resultado de explotación (Ebitda) récord de 438 millones.

El anuncio del plan de reestructuración coincide con la entrada en vigor, este mismo lunes, de la nueva ley concursal que, precisamente abre la posibilidad de que los acreedores puedan presentar ante los tribunales este tipo de documentos, sin que ello suponga instar un concurso de acreedores, ni un preconcurso, ni la suspensión de pagos. Según fuentes de Celsa, este anuncio se produce en medio de "una negociación abierta entre la empresa y los acreedores" para llegar a un acuerdo de reestructuración de la deuda que el Estado exigió en junio como condición previa a la entrega de 550 millones de dinero público para el rescate de la siderúrgica, por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La principal fuente de discrepancia entre ambas partes -según un comunicado emitido por Celsa- radica en el importe de la deuda pendiente adicional a la estructurada y en su tipo de interés. Mientras Celsa ofrece reconocer una deuda adicional de 450 millones al 8%, los acreedores aspirarían a 550 millones al 10%.

En medio de estas negociaciones abiertas, la presentación del plan en los juzgados puede ser interpretada como un elemento de presión por parte de los fondos. De hecho, en el comunicado emitido por los fondos se alude a las dificultades de la negociación de los últimos años: "Resulta evidente que a los accionistas y gestores de la compañía solo les preocupa preservar los intereses financieros de la familia Rubiralta y su control sobre el negocio, en lugar de los intereses de la propia empresa, sus acreedores y otros grupos de interés", se afirma.

Entre los principales acreedores de Celsa hay grandes fondos de inversión vinculados a Goldman Sachs, Deutsche Bank, SVP y Cross Ocean (propietarios de 2.400 millones de euros de la deuda de la siderúrgica) entre otros. "El plan reduce la deuda por debajo de los niveles previamente propuestos por la empresa, garantizando así la continuidad del negocio a largo plazo. El plan de los acreedores ofrece una solución asegurada con capital totalmente privado y no contempla ni requiere ninguna financiación de SEPI ni el correspondiente sacrificio del Estado español y de los contribuyentes", añade el comunicado. "El plan de reestructuración debería proporcionar certidumbre sobre la continuidad de la empresa y dar seguridad a todas las partes interesadas -empresa, empleados, clientes, proveedores- al garantizar una solución al problema de sobreendeudamiento al que se enfrenta el productor líder de acero en España y uno de los principales de Europa, por lo que los acreedores instan a todas las partes interesadas a apoyar la propuesta", concluye la nota emitida por los acreedores.

Según los procedimientos de la nueva ley concursal, tras la presentación de un plan de reestructuración por parte de los acreedores, el juez debería designar un perito experto para tutelar su negociación con la sociedad. "El Grupo Celsa continuara negociando con los fondos de inversión como ha venido haciendo durante los últimos meses. La compañía, que actúa con la máxima transparencia, está segura de que se impondrá el sentido común en las negociaciones y se llegará en breve a acuerdos beneficiosos para todas las partes", afirma la compañía en su comunicado.