Fiscalidad
Impuesto de patrimonio, ¿otro escollo en el Govern?
Junts defendió en su último congreso estudiar la supresión del gravamen y ERC prefiere no tocar los tributos en los presupuestos
Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
Los impuestos son otro de los aspectos que separan a los socios del Govern, Junts y ERC, y el órdago del presidente de Andalucía a los empresarios catalanes con el anzuelo del fin del impuesto de patrimonio, amenaza con reactivar este pulso fiscal. Los posconvergentes aprobaron en su último congreso defender la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y estudiar la del gravamen sobre el patrimonio que para este ejercicio tiene prevista una recaudación superior a los 600 millones de euros. En concreto, 649 millones previstos para este ejercicio, frente a los 555 millones del anterior.
Es, por tanto, una buena fuentes de ingresos, aunque, como destacan quienes están en contra, apenas existe en el resto del mundo, con excepciones como Liechtenstein, Suiza o Noruega. Creado en 1977 como impuesto "extraordinario" el gravamen, que está cedido a las autonomías, se reinstauró en 2011, tras la anterior crisis para incrementar la recaudación y de forma provisional, ha visto cómo se prorrogaba su vigencia cada ejercicio a través de los Presupuestos Generales del Estado hasta quedar como permanente en las cuentas de 2020.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de ERC, cerró la puerta a toda medida de carácter tributario en los próximos presupuestos, cuyo techo de gasto ya se ha aprobado. Y menos aún la supresión de figuras tributarias, ya que el Ejecutivo catalán requiere recursos para financiar los servicios públicos tras la crisis pandémica y la ahora relacionada con la guerra en Ucrania. El Su objetivo del jefe del Ejecutivo catalán es claro: consolidar el actual modelo tributario y ni subir ni bajar impuestos, si bien se verá si puede mantener esa filosofía tras buscar apoyos para aprobar las cuentas del año que viene. En principio, los socios del Govern no quieren entrar en nuevas polémicas con los impuestos de fondo ni seguir aireando sus diferencias, al menos en público.
La comisión de expertos para la reforma fiscal constituida por el ministerio de Hacienda incluyó la opción de la armonización fiscal de los impuestos cedidos (patrimonio y sucesiones y donaciones, entre otros) entre autonomías en sus propuestas. Esquerra era partidaria de alguna medida de este tipo para evitar la fuga de contribuyentes de este tributo, en especial Madrid. Ahora Andalucía se suma como opción para que las fortunas rebajen su carga fiscal. Una de las ideas que se manejaban en el documento consistía en el denominado impuesto dual, al estilo del que existe en EEUU. Es el modelo que, en su día planteó ERC en una enmienda al proyecto de Presupuestos del Estado de 2021 que fue descartada por el Gobierno.
Según este sistema, además de la cuota autonómica se crearía otra estatal del impuesto sobre el patrimonio, de acuerdo a un mínimo exento y una escala de gravamen aplicable a todo el Estado. Pero solo se ingresaría al Estado la diferencia entre la cuota estatal y la autonómica, con el límite de la primera de ellas.
Catalunya, con casi 80.000 contribuyentes de este gravamen, no es la comunidad en la que más se tributa, pero está en la franja media alta. Para un patrimonio de 800.000 euros, sin incluir la vivienda habitual hasta 300.000 euros, el resultado de la liquidación es de 769,51 euros. Es la cuarta, tras Aragón (1.164,37 euros), Extremadura (1.099,31 euros) y la Comunitat Valenciana (909,44 euros), según un estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
En total en toda España hay unos 212.000 declarantes del impuesto de patrimonio. Madrid, una de las comunidades que más grandes fortunas congrega, aplica una bonificación del 100% en este tributo. La normativa estatal establece un mínimo exento de gravamen de 700.000 euros, que solo Aragón (400.000 y antes 500.000), Catalunya (500.000), la Comunitat Valenciana (600.000) y Extremadura (500.000) han reducido. En las comunidades en las que se rebaja el mínimo exento se ha ampliado el número de contribuyentes sujetos a este gravamen, ya que cuanto más bajo se sitúa el listón más amplio es el universo de declarantes.
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