El Gobierno da luz verde al paro de las trabajadoras del hogar

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros la nueva reforma de las trabajadoras del hogar, dotándolas de derecho a paro y limitando su despido. El Ejecutivo de coalición finiquita así con una anomalía histórica y un trato discriminatorio que ha sido censurado desde la justicia europea. No obstante y pese a que las condiciones de indemnización por despido mejora, estas no quedan equiparadas al resto de asalariados. Más derechos para las trabajadoras -un gremio eminentemente feminizado- que implicarán mayor coste para sus empleadores. Y el Gobierno, en aras de amortiguar ese incremento de las contribuciones, se ha comprometido a diseñar un sistema de bonificaciones para beneficiar en mayor medida a aquellas familias con menores ingresos.

"Es una norma transversal, inclusiva y feminista, [...] que restituye derechos de los que fueron injustamente privados", ha declarado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa. "De todas las normas que hemos desplegado, esta es la más importante, porque corrige una discriminación", ha añadido. Las condiciones de la norma entrarán en vigor a diferentes velocidades y no será hasta el 1 de enero cuando el nuevo sistema esté plenamente en vigor, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO. A partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las empleadas del hogar paradas podrán acceder al subsidio para mayores de 52 años. Y a partir del 1 de octubre será obligatorio para las familias cotizar por la prestación por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). 

La obligación de cotizar por desempleo y Fogasa obliga a los empleadores -en caso de contrato indefinido- a pagar el 7,75% más de su coste laboral total. No obstante, el Gobierno aplicará una bonificación inicial del 80% sobre estas nuevas cuotas, que luego modulará según las rentas familiares.

La reforma ha sido diseñada a caballo entre los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social y afectará directamente a las 373.121 trabajadoras del hogar dadas actualmente de alta. Este colectivo queda en mayor medida equiparado al resto de asalariados del régimen general. Las familias deberán formalizar los nuevos contratos de sus empleadas ante el SEPE, estos pasarán a presumirse indefinidos a menos que se indique lo contrario y se elimina la posibilidad de que sean las propias trabajadoras del hogar las que asuman las cotizaciones sociales ellas mismas si están contratadas menos de 60 horas al mes. Ahora deberán ser siempre los empleadores quienes paguen

Límite al despido

La reforma también incide en el despido y sus causas. Hasta ahora en este régimen especial existía una figura inédita dentro del ordenamiento jurídico bautizada como 'desistimiento', que permitía a las familias cesar a su empleada con un mínimo preaviso e indemnización, pero sin justificación. Ahora todo despido deberá ser justificado, bajo pena de incurrir en un cese improcedente, al que irá aparejada una mayor indemnización por despido. Aquí la reforma pactada por el Gobierno de coalición no equipara las condiciones de indemnización con las del resto de asalariados y las cuantías son inferiores.