Los empresarios agrícolas advierten de que la protección del delta del Llobregat supondrá una multa de Bruselas

La organización agraria Institut Agrícola Català de Sant Isidre advirtió este martes de que el plan de ampliación del área protegida del Baix Llobregat para favorecer la ampliación del Aeropuerto de El Prat supondrá una multa millonaria por parte de la Comisión Europea como consecuencia del marco de inseguridad jurídica abierto. Según esta organización, los documentos presentados no coinciden con los que el Govern compartió con los agentes implicados en una ronda de conversaciones previas, "provocando una situación de indefensión e inseguridad jurídica acentuada".

Según esta patronal agraria, "no ha existido un consenso previo con el territorio ni lo presentado se  basa en un criterio científico y técnico independiente y contrastado", y el Govern está llevando a cabo actuaciones que se han basado "en la mentira y la manipulación de los espacios protegidos como forma de hacer política, perjudicando a los ciudadanos que viven en el territorio y optando por la fórmula más sencilla y contraproducente como es ampliar miles de hectáreas sin control ni aval técnico independiente alguno".

El Govern propuso la ampliación a 2.300 hectáreas de la zona protegida ZEPA del Baix Llobregat sin aclarar completamente los procedimientos a seguir. El Institut Agrìcola critica que el proyecto que debía servir para la ampliación del Aeropuerto del Prat fue sometido a consulta pública durante sólo dos meses, lo que considera un periodo "insuficiente". Los empresarios agrarios consideran que el Govern "prosigue con un proceso viciado y con información engañosa, ya que el  proceso de información pública está basado en un engaño".

Pese a que la reforma requiere un amplio consenso, la patronal considera una "provocación" que el Govern ha sometido a información pública en pleno mes de agosto una propuesta marcada por la polémica. Opinan que la Conselleria de Acció Climática dirigida por Teresa Jordà considera la propuesta de ampliación de la zona protegida de "urgente" y "carente de alternativa", en un proceso con "falta de transparencia y la ausencia del rigor técnico mínimo en toda la propuesta realizada, además de la falta de seriedad a la hora de establecer mediante un anexo unas pautas de ordenación extraordinariamente restrictivas e incoherentes con la gestión de espacios protegidos que se hace en otros territorios".

"Los empresarios en Catalunya estamos acostumbrados a que se pisotee el derecho a la propiedad privada sin ambages. Sin embargo, todo tiene un límite, ya que en este caso ni siquiera existe la más mínima garantía científica de que se vaya a revertir una situación de continuo deterioro que viene arrastrándose en el delta del Llobregat desde hace más de 20 años. Incluso, la ampliación que se plantea es contraproducente, ya que la inmensa mayoría de las hectáreas que se quieren proteger no son hábitat de ninguna ave esteparia amenazada, ya que no son humedales ni tierras donde exista censo y condiciones para su desenvolvimiento", puntualiza el informe del Institut Agrícola de Sant Isidre.