Empleo público

Montero elude avanzar la subida salarial de los funcionarios y la liga al pacto de rentas

  • Los sindicatos más representativos entre los empleados públicos amenazan con movilizaciones durante el otoño

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros / DAVID CASTRO

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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La subida de sueldo de los funcionarios es todavía una incógnita y los sindicatos amenazan con un otoño de movilizaciones si desde el Gobierno no se sientan a negociar con ellos. La ministra de Hacienda y responsable de Función Pública, María Jesús Montero, ha eludido este martes tras el Consejo de Ministros aclarar qué cifra de incrementos estudian desde su departamento y la ha ligado a la negociación de un pacto de rentas, junto a un acuerdo salarial en el sector privado. Cerca de 3,4 millones de empleados públicos están pendientes del incremento retributivo que acabe incorporando el Gobierno en su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023.

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Montero ha reafirmado su intención de negociar con los sindicatos la subida salarial para el próximo año, un trámite formal necesario pero que no precisa en última instancia de finalizar la negociación con acuerdo. Las nóminas de esos 3,4 millones de empleados públicos es una de las cartas que se guarda el Ejecutivo para arrastrar a la negociación y al acuerdo a patronal y sindicatos de cara al pacto de rentas que persigue. Con la intención de contener la escalada inflacionista. Hasta ahora incorporar a los funcionarios a ese pacto ha sido una reivindicación de los empresarios, apretando para que el Gobierno marque un linde bajo que sirva de referencia en la empresa privada para no llegar a los sueldos que le reclaman las centrales.

Y desde los sindicatos recelan de fusionar las negociaciones del sector privado y el público, especialmente desde Csif, con poder en la Administración, pero fuera de la negociación del sector privado. El año pasado el incremento salarial para los funcionarios y el personal laboral fue del 2%, por debajo del IPC medio en el que cerró el ejercicio 2021, que fue del 3,2%. Es decir, los trabajadores públicos perdieron poder adquisitivo el año pasado.