Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba la reforma de los autónomos y el techo de gasto para 2023

El Ejecutivo da luz verde al primer paso para un sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia

EFE

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Consejo de Ministros aprueba este martes la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) que supone el primer paso hacia el pleno despliegue de un sistema de cotización por ingresos reales. La reforma, fruto del acuerdo entre el Gobierno, los agentes sociales y las asociaciones de autónomos, se aprobará por decreto ley, si bien el Ejecutivo prevé tramitarla como proyecto de ley para que los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones al texto.

El acuerdo supone la puesta en marcha de un sistema de cotización transitorio para 2023, 2024 y 2025 conforme a 15 tramos de rendimientos netos y con cuotas a la Seguridad Social que irán disminuyendo para los tramos inferiores al salario mínimo (SMI), que se mantendrán para los tramos intermedios y que aumentarán para los superiores a 1.700 euros mensuales.

El tramo más bajo (para rendimientos iguales o inferiores a 670 euros mensuales) parte de una cuota de 230 euros en 2023 para pasar a 225 euros en 2024 y a 200 euros en 2025, mientras que el tramo más alto (para rendimientos superiores a 6.000 euros) parte de una cotización de 500 euros el año que viene, que suben a 530 el siguiente y se sitúan en 590 al final del periodo.

Actualmente los autónomos eligen voluntariamente la base por la que cotizan y el 84% lo hace por la más baja, que implica una cuota de 294 euros mensuales.

Se establece una nueva cuota reducida de 80 euros al mes para todos aquellos trabajadores que inicien una actividad por cuenta propia durante el primer año, prorrogable a otros 12 meses si el autónomo tiene ingresos inferiores al SMI.

Además, se regula una nueva prestación por cese de actividad parcial que será del 50% de la base reguladora, compatible con la actividad y que se podrá cobrar por un periodo de cuatro meses a dos años.

Techo de gasto

Asimismo, el Ejecutivo prevé aprobar este martes en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero de 2023, conocido como 'techo de gasto', con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.

En julio del año pasado, el Consejo de Ministros aprobó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2022, que se aumentó ligeramente hasta los 196.142 millones de euros, incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.

En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo tiene el reto de dar 'luz verde' a un nuevo techo de gasto, teniendo en cuenta que lleva dos años batiendo cifras récord.

Reforma del Reglamento de Extranjería

Además, el Gobierno aprobará la reforma del Reglamento de Extranjería para facilitar la incorporación de extranjeros al mercado laboral.

La reforma pretende mejorar la contratación en origen, facilitar la regularización por arraigo a quienes ya están en el país, permitir trabajar a los estudiantes extranjeros y simplificar las exigencias para trabajar por cuenta ajena.

El real decreto trasladado al Consejo de Ministros por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones plantea cambios en la normativa de extranjería y flexibilizar requisitos que se exigen actualmente para conseguir permisos de residencia y trabajo, con el fin de cubrir las crecientes vacantes en el mercado laboral español.

Jose Luis Escrivá

Jose Luis Escrivá / EFE / Biel Aliño

Entre las propuestas de Migraciones está la creación del "arraigo por formación", que abriría así la vía a que las personas que se encuentren en España en situación irregular desde hace dos años y asuman un compromiso efectivo de formación en algún sector con demanda de empleo para obtener autorización de residencia.

En el caso del arraigo laboral, el extranjero debe haber permanecido en España al menos dos años y haber trabajado de manera regular o irregular durante un período acreditado de seis meses.