Las empresas catalanas no reducen sus emisiones pese a su compromiso para 2030

Las empresas catalanas no redujeron su volumen de emisiones de CO2 durante el 2021 y el compromiso de mitigar los niveles de contaminación para el 2030 se complica. Las emisiones generadas en el sector primario, especialmente en agricultura y ganadería, llevan años estancadas pese a los recursos públicos destinados desde la Unión Europa para tal menester. Otros sectores no regulados medioambientalmente, como es el transporte -que genera casi un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero-, tampoco están reduciendo su huella ecológica al ritmo que deberían para cumplir con los objetivos y únicamente aquellas actividades regidas por compromisos vinculantes logran mitigar su impacto contaminante, tal como constata la memoria del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) publicada este lunes.

Por cada euro generado en la economía catalana, ya fuere en la producciones de bienes o servicios, se emiten 0,18 toneladas de CO2. Una ratio menos contaminante que hace una década, cuando en 2011 era de 0,25 tonelada de CO2/euro, pero que lleva dos años estancada. Si bien las compañías con actividad en Catalunya tienen sistemas energéticamente y mecanismos de gestión de residuos más eficientes que la media de las empresas españolas, que contaminan el 21% más y registran una ratio de 0,23 kg CO2/euro.

El indicador de emisiones permite calibrar la eficiencia de los sistemas productivos y aislar los efectos coyunturales, como el frenazo de producción de la economía provocado por el covid y que se traduce en reducciones de los niveles de contaminación. En 2021, en Catalunya las emisiones se estabilizaron entorno a los 43,9 millones de toneladas de CO2 al año, que representan el 15,9% del total de emisiones generadas en España. Un dato negativo es que en 2019, últimos datos disponibles, la eficiencia en el uso de recursos disminuyó en Catalunya, lo que, de persistir, podría provocar un aumento de las emisiones.

Durante la última década las empresas catalanas han conseguido contener y aminorar su volumen de emisiones, aunque todavía está lejos de cumplir con sus propios compromisos climáticos, recogidos en la ley catalana del cambio climático. Según la misma, en 2030 Catalunya debería reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero el 40% respecto a los niveles del 1990. El problema es que actualmente los niveles de emisión son el 13,2% superiores a los registrados en 1990. Por sectores, la industria y la construcción son los sectores más contaminantes (entre los dos suman el 30,3% de los gases de efecto invernadero), seguidos por el transporte (29,6%), el sector energético (14,7%), otras combustiones (11,4%), la agricultura (9%), la gestión de residuos (4,6%) y otros (0,2%).

Sin certificaciones ambientales

Una vía para tratar de reducir el volumen de emisiones de CO2 sin sacrificar para ello actividad económica es aumentar el peso de la economía circular. Es decir, aprovechar residuos o productos no utilizados en el primer ciclo de producción para alimentar un segundo ciclo. Aquí la economía catalana y española tienen campo que recorrer, segúns los datos recogidos por el CTESC. En la Unión Europea el porcentaje de materiales reutilizados o reciclados ronda el 12,8% de los materiales consumidos y poco a poco gana terreno, mientras España se sitúa por debajo de dicha media, concretamente en el 11,2% según Eurostat.

Si Catalunya y sus empresas pasaran un examen sobre generación de residuos y gestión de los mismos, su nota sería un suspenso. Catalunya no ha logrado el objetivo que se marcó en el Programa Precat 2020 de reducir sus residuos el 15% respecto a los niveles que tenía en 2012. Más bien al contrario, desde entonces los ha aumentado el 32%.

El mayor o menor uso de procesos de economía circular es uno de los factores que tienen en cuenta los certificados ambientales, que dan las administraciones a aquellas empresas que incurren en buenas prácticas. El problema es que hay un control absolutamente marginal de las mismas. Según la memoria del CTESC, en 2021 solo había 586 empresas en toda Catalunya con algún tipo de certificación ambiental, sobre una economía donde operan 630.474 compañías. Es decir, solo el 0,09% de las empresas está certificada. La mayoría son empresas reconocidas con el sistema de etiquetado ecológico europeo o catalán, es decir, que ofrecen productos o servicios con requerimientos ambientales más allá de los obligatorios.